Proyecto de Norma (96)
El Gobierno anunció la derogación de las resoluciones que declaraban Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en 48.494,47 hectáreas de ocho municipios del norte del Tolima. Esta medida surge tras una exhaustiva revisión técnica que identificó serias deficiencias estructurales en las declaratorias originales, incluyendo la falta de información verificable, inconsistencias en el modelo cartográfico y una inadecuada correspondencia con la realidad productiva del territorio. Se concluyó que las APPA no cumplían con los estándares de idoneidad, necesidad y proporcionalidad exigidos para instrumentos de ordenamiento territorial de tal magnitud. El Ministerio reitera que, si bien se anulan estas delimitaciones específicas, el deber constitucional de proteger la producción alimentaria y garantizar la seguridad nutricional de la región, de marcada vocación agropecuaria, se mantiene como una prioridad para futuras acciones mejor fundamentadas.
El Ministerio de Agricultura propone derogar un Área de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) de más de 84.000 hectáreas en San Vicente de Chucurí y El Carmen de Chucurí, Santander. El proyecto se fundamenta en que la APPA no superó un estricto juicio de idoneidad, careciendo de información técnica suficiente, verificable y actualizada que pudiera identificar y proteger eficazmente la realidad productiva de la región. Se identificaron inconsistencias en la delimitación, superposición con actividades extractivas y la zonificación de usos. Esta medida busca restablecer la certeza jurídica del uso del suelo, la operatividad de las competencias municipales y eliminar restricciones sin fundamento sólido, sin desproteger el territorio, ya que otras determinantes ambientales y figuras de conservación seguirán vigentes. El objetivo es garantizar la protección de la producción de alimentos con instrumentos robustos y materialmente aptos.
El Ministerio de Agricultura propone derogar diversas resoluciones que establecieron Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en municipios del suroeste de Antioquia. La decisión surge de una revisión técnica integral que reveló deficiencias estructurales, como el uso de información cartográfica preliminar, la imposibilidad de reproducir los procesos de delimitación por la falta de parámetros clave y la inconsistencia en la precisión de los límites declarados debido al uso de escalas heterogéneas. Estas fallas ponen en duda la capacidad de las APPA para cumplir con la finalidad constitucional de proteger efectivamente la producción de alimentos y el derecho humano a la alimentación, haciendo necesaria su revocación para asegurar la idoneidad y solidez de las medidas estatales.
El Ministerio de Agricultura propone crear reglamento técnico para la producción y comercialización de productos orgánicos de origen primario. Esta iniciativa busca consolidar el sector, asegurando la integridad desde la finca hasta el consumidor. Tras un análisis de impacto que recomendó renovar la normativa existente, la medida define los principios y reglas para la certificación, etiquetado y control de alimentos agrícolas, pecuarios, pesqueros y forestales, entre otros. Su objetivo es evitar el engaño al consumidor, promover sistemas de producción sostenibles que mejoren la salud del suelo y las personas, prohíban organismos genéticamente modificados y garanticen el bienestar animal. El reglamento establece que los productos deberán contar con certificación de organismos evaluadores acreditados, unificando criterios y fortaleciendo la confianza en la oferta orgánica nacional.
El Ministerio de Agricultura publicó un proyecto para anular las declaratorias de Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en el sur de La Guajira, vigentes desde 2024 y 2025. Estas zonas, creadas para resguardar la producción alimentaria en una de las regiones con mayor inseguridad del país, serían derogadas tras una revisión que encontró deficiencias estructurales. La evaluación concluyó que las delimitaciones carecen de soporte técnico verificable, presentan información desactualizada, dificultades en la zonificación de usos y falta de coordinación con actores clave y factores hídricos. El Ministerio argumenta que las actuales APPA no cumplen con los estándares de idoneidad y proporcionalidad necesarios para garantizar efectivamente el derecho humano a la alimentación. La medida busca asegurar que los instrumentos de protección respondan con certeza a la realidad territorial y productiva.
El Ministerio de Agricultura dio a conocer un proyecto para adoptar el Programa Nacional de Zonas de Reserva Campesina, buscando fortalecer las territorialidades campesinas del país. Esta iniciativa, enmarcada en el reconocimiento constitucional del campesinado como sujeto de especial protección, establece una ruta integral para el ordenamiento social de la propiedad rural, la promoción de sistemas agroalimentarios sostenibles, el mercadeo de productos, y la investigación con participación comunitaria. Su objetivo es garantizar el acceso equitativo a la tierra, combatir su concentración y el fraccionamiento antieconómico, y priorizar la producción de alimentos. Además, el programa contempla la delimitación de nuevas zonas, la implementación de planes de desarrollo sostenible y una fuerte coordinación interinstitucional para asegurar la justicia agraria y la conservación ambiental, con activa participación de las organizaciones campesinas.
El Gobierno presentó un proyecto para establecer lineamientos para la formulación e implementación de proyectos productivos sostenibles en los territorios colectivos de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, en cumplimiento del artículo 23 del Decreto Ley 902 de 2017. La iniciativa busca fortalecer la autonomía etnoterritorial y el etnodesarrollo, integrando sus saberes y prácticas ancestrales, y promoviendo la seguridad alimentaria y la sostenibilidad económica, social y ambiental. La Agencia de Desarrollo Rural (ADR) tendrá la responsabilidad de ofrecer acompañamiento integral, garantizando la participación comunitaria activa y el respeto por la cultura y los planes propios de desarrollo de estas comunidades para reducir las brechas de exclusión.
