El Ministerio de Agricultura dio a conocer un proyecto para adoptar el Programa Nacional de Zonas de Reserva Campesina, buscando fortalecer las territorialidades campesinas del país. Esta iniciativa, enmarcada en el reconocimiento constitucional del campesinado como sujeto de especial protección, establece una ruta integral para el ordenamiento social de la propiedad rural, la promoción de sistemas agroalimentarios sostenibles, el mercadeo de productos, y la investigación con participación comunitaria. Su objetivo es garantizar el acceso equitativo a la tierra, combatir su concentración y el fraccionamiento antieconómico, y priorizar la producción de alimentos. Además, el programa contempla la delimitación de nuevas zonas, la implementación de planes de desarrollo sostenible y una fuerte coordinación interinstitucional para asegurar la justicia agraria y la conservación ambiental, con activa participación de las organizaciones campesinas.
El Gobierno presentó un proyecto para establecer lineamientos para la formulación e implementación de proyectos productivos sostenibles en los territorios colectivos de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, en cumplimiento del artículo 23 del Decreto Ley 902 de 2017. La iniciativa busca fortalecer la autonomía etnoterritorial y el etnodesarrollo, integrando sus saberes y prácticas ancestrales, y promoviendo la seguridad alimentaria y la sostenibilidad económica, social y ambiental. La Agencia de Desarrollo Rural (ADR) tendrá la responsabilidad de ofrecer acompañamiento integral, garantizando la participación comunitaria activa y el respeto por la cultura y los planes propios de desarrollo de estas comunidades para reducir las brechas de exclusión.
El ministerio de Agricultura publicó un proyecto de resolución destinado a actualizar y robustecer el marco regulatorio para los bioinsumos de uso agrícola en el país. La iniciativa establece requisitos claros para el registro de productores, envasadores, importadores y distribuidores, así como para el control y la inscripción de los productos mismos. Busca asegurar altos estándares de calidad, seguridad y eficacia, protegiendo la sanidad agrícola y la inocuidad de los alimentos, al tiempo que impulsa la competitividad del sector. La normativa incorpora procesos digitalizados a través de la plataforma SimplifICA, agilizando trámites y abordando aspectos cruciales desde la definición de bioinsumos hasta la aprobación de ensayos agronómicos, sustituyendo la Resolución 68370 de 2020 para alinearse con los avances del sector.
La Entidad busca declarar Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en Cajicá, Cundinamarca, con el objetivo de proteger suelos rurales estratégicos frente a la expansión urbana y la pérdida de tierras agrícolas. Esta iniciativa responde a compromisos nacionales e internacionales para garantizar el derecho humano a la alimentación y enfrentar el cambio climático mediante la conservación y manejo sostenible del suelo, agua y vegetación. La protección de 613,77 hectáreas permitirá preservar la productividad agropecuaria en un territorio que aporta significativamente al abastecimiento alimentario de Bogotá. Además, se asegura que las actividades agrícolas, pecuarias y comunitarias se mantengan, contribuyendo a la restauración ambiental y a la seguridad alimentaria regional, mientras se promueve una gestión participativa con diversos actores territoriales.
El Ministerio de Agricultura puso en marcha un proyecto de resolución para salvaguardar los Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura (RGAA). La iniciativa propone un innovador modelo de custodia compartida que integra la conservación in situ y ex situ, fomentando la corresponsabilidad entre el Estado, bancos de germoplasma, centros de investigación y las comunidades campesinas y étnicas, reconocidas como custodios ancestrales de la diversidad. Se establecen instancias de coordinación como el Comité Técnico Interinstitucional y el Comité Consultivo Mixto para garantizar la gestión integral. Además, se ordena la formulación de un Plan de Transición en cuatro meses y una Política Pública de RGAA en dos, vital para asegurar la seguridad y soberanía alimentaria, la sostenibilidad y la agrobiodiversidad nacional frente al cambio climático y la pérdida de especies.
El Ministerio de Agricultura avanza en la declaratoria de un Área de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en San Vicente y El Carmen de Chucurí, Santander, con el objetivo de preservar suelos rurales estratégicos y evitar su degradación o cambio de uso. La medida prioriza la conservación de tierras con alta aptitud agrícola, promoviendo un manejo sostenible frente a riesgos como la desertificación y el cambio climático. Además, busca proteger la capacidad productiva del suelo, garantizar la seguridad alimentaria y fortalecer los sistemas agroalimentarios, reconociendo la importancia ambiental, social y económica de estos territorios para el país.