Proyecto de Norma (76)
El Ministerio de Agricultura presentó proyecto de decreto para establecer un programa especial de compra y dotación de tierras a favor de los pueblos y comunidades indígenas. La iniciativa busca garantizar sus derechos territoriales, autonomía y la integridad cultural, en concordancia con leyes nacionales e internacionales. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) liderará los procedimientos, aplicando un enfoque de protección reforzada y facilitando la entrega provisional de predios con exenciones notariales. Se establece un seguimiento riguroso por la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y se exige transparencia con un contador público de trámites en la web, sancionando la mora injustificada para asegurar la celeridad del proceso.
Con este proyecto normativo el Ministerio de Agricultura busca declarar 16.816,57 hectáreas como Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en La Pintada, Montebello, Santa Bárbara y Valparaíso, Antioquia. Estas APPA son una determinante de ordenamiento territorial (nivel 2), de obligatorio cumplimiento para el departamento, municipios y actores públicos/privados. La declaratoria, apoyada por un documento técnico de UPRA, busca proteger la producción de alimentos. Los municipios deben reglamentar el uso del suelo, verificar el cumplimiento de la resolución y ejercer control urbano. Se respetan derechos adquiridos, y el Ministerio evaluará el impacto cada cinco años, construyendo un Plan de Acción con UPRA.
El Ministerio de Agricultura busca declarar 11.793,07 hectáreas en Falan, Tolima, como Área de Protección para la Producción de Alimentos (APPA). Esta medida, determinante del ordenamiento territorial, tiene un fuerte enfoque medioambiental, promoviendo la protección y restauración del suelo para la producción sostenible de alimentos.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural presentó un proyecto para declarar un Área de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en los municipios de Tarso y Salgar, Antioquia. La iniciativa busca salvaguardar 8.367,64 hectáreas dedicadas a la producción agrícola, garantizando la seguridad alimentaria y el derecho humano a una alimentación adecuada. La resolución propone un plan de acción alineado con la legislación vigente, fortaleciendo la rectoría territorial y promoviendo el uso sostenible del suelo rural. Además, se establece que los municipios reglamentarán el uso del suelo conforme a los lineamientos técnicos, con evaluaciones periódicas para asegurar el cumplimiento de los objetivos. Esta medida responde a compromisos nacionales e internacionales para enfrentar retos ambientales como la desertificación y el cambio climático, y promueve la colaboración entre entidades públicas y privadas para fortalecer el desarrollo rural sostenible.
El proyecto cambia reglas para que las asociaciones agropecuarias y campesinas se inscriban y renueven en las Cámaras de Comercio con tarifas según el tamaño de la asociación. Busca ayudar a los campesinos, dándoles un trato especial para proteger sus derechos y facilitar su acceso a la tierra y a la formalización legal. También promueve la unión entre campesinos y el apoyo del Estado, para mejorar la producción de alimentos, cuidar la cultura y fortalecer las zonas rurales, con igualdad y respeto.
El proyecto de resolución declara un Área de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en Jericó, Antioquia, abarcando 6.348,11 hectáreas para garantizar la seguridad alimentaria y el derecho humano a la alimentación, en línea con la Constitución y leyes nacionales. La UPRA elaboró un documento técnico que fundamenta la delimitación y lineamientos para uso productivo sostenible del suelo agrícola. Se establece un Plan de Acción a cargo del Ministerio de Agricultura con apoyo de la UPRA. La resolución es vinculante para autoridades locales y se incorpora al Sistema de Información para la Planificación Rural Agropecuaria (SIPRA).
El proyecto de decreto del Ministerio de Agricultura regula la representatividad nacional en la administración de recursos parafiscales agropecuarios, pesqueros y forestales, procurando condiciones equitativas e inclusivas. Establece un comité verificador con representantes del Ministerio y entidades de control para supervisar los procesos electorales y garantizar autonomía administrativa de los contratistas. Además, promueve la progresividad en la representatividad, enfocándose en mujeres rurales, pequeños productores, jóvenes, víctimas del conflicto y formas organizativas campesinas, promoviendo así el desarrollo rural y agroindustrial sostenible con transparencia y controles administrativos.
El proyecto de norma del Ministerio de Agricultura modifica la Resolución 128 de 2017, fortaleciendo la protección constitucional de la agricultura campesina en línea con los artículos 64 y 65 de la Constitución Política, para promover la soberanía alimentaria mediante la especial atención al campesinado y su relación con la tierra. Se establece la articulación de instancias participativas como los Consejos Municipales de Desarrollo Rural y los Comités de Reforma Agraria para garantizar la coordinación territorial. En contexto normativo, incorpora obligaciones estatales para garantizar el derecho humano a la alimentación adecuada y la adaptación de la producción agropecuaria al cambio climático según la CMNUCC y recomendaciones internacionales. Así, se busca consolidar un marco legal integral que vincula planificación territorial agropecuaria, seguridad alimentaria y sostenibilidad ambiental.
Este proyecto establece la reglamentación de los ecosistemas acuáticos agroalimentarios en Colombia, reconociendo su importancia para la protección de los derechos de las comunidades campesinas, pescadores artesanales y pueblos indígenas. Busca fortalecer la conservación, recuperación y uso sostenible de estos ecosistemas, promoviendo un enfoque territorial y cultural. Destaca la necesidad de proteger territorios tradicionales, como las sabanas y playones comunales, y regular la gestión del agua, fomentando prácticas sostenibles y la reconversión agrícola y pesquera. La normativa refuerza la función ecológica del agua, su carácter de bien público, y promueve políticas para garantizar derechos alimentarios, conservar la biodiversidad y asegurar la apropiación social de estos recursos, alineándose con objetivos de protección ambiental y desarrollo rural sostenible.
El proyecto de norma modifica la Resolución 128 de 2017 para fortalecer la gestión del territorio agropecuario promoviendo la protección constitucional de la agricultura campesina según los artículos 64 y 65 de la Constitución. Busca garantizar el derecho humano a la alimentación adecuada y respaldar la soberanía alimentaria mediante el apoyo a la agricultura campesina, familiar y comunitaria. Incluye la participación de instancias territoriales y la adaptación climática, alineándose con el Plan Nacional de Desarrollo y políticas públicas sectoriales para formalización de tierras, fortalecimiento agroalimentario y protección ambiental, asegurando un manejo territorial sostenible y equitativo.
