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Proyecto de Norma

Proyecto de Norma (89)

El Ministerio de Agricultura publicó un proyecto de resolución para modernizar y optimizar el funcionamiento del Fondo de Fomento Agropecuario (FFA). Esta iniciativa busca derogar la normativa anterior para establecer una reglamentación integral, acompañada de un Manual Operativo que desarrolle su gobernanza, las fases del ciclo de proyectos, los requisitos de acceso a cofinanciación, y los criterios de evaluación y priorización. El FFA, una cuenta especial sin personería jurídica adscrita al Ministerio, tiene como objetivo principal promover y financiar el fortalecimiento del sector agropecuario, pesquero, acuícola y rural. La nueva propuesta enfatiza un modelo de gestión basado en convocatorias públicas, periódicas y diferenciadas, garantizando mayor transparencia, equidad y participación de organizaciones campesinas, familiares, comunitarias y étnicas, con enfoques territorial, diferencial y de sostenibilidad. El Fondo busca apoyar desde la producción hasta la comercialización, infraestructura y transferencia tecnológica, con una cofinanciación de hasta el 80% del valor total de los proyectos.
El Gobierno prepara una resolución que actualiza la metodología para identificar la Frontera Agrícola Nacional, el límite que distingue las áreas de producción agropecuaria de las zonas protegidas o con restricciones legales. La modificación busca armonizar la actividad agrícola con la protección ambiental y los derechos de comunidades campesinas y étnicas, conforme a la Constitución y el Acuerdo de Escazú. Se adopta una nueva metodología de la UPRA con un enfoque de derechos y de la naturaleza, garantizando la soberanía alimentaria y un ordenamiento territorial equilibrado.
El Gobierno publicó un proyecto de decreto para fortalecer la normativa del sector agropecuario, con el fin de establecer mecanismos efectivos para la identificación y protección de los territorios indígenas. Esta iniciativa, fundamentada en la Constitución Política, el Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, reconoce la importancia vital de la relación de los pueblos indígenas con sus tierras, territorios y recursos, así como su diversidad cultural y sistemas propios. El decreto busca asegurar la espacialización y unificación de toda la información territorial indígena en el Sistema de Información Geográfica Indígena (SIG-indígena) de la Comisión Nacional de Territorios y Territorialidades Indígenas (CNTI). Esto incluye desde resguardos constituidos y territorios ancestrales, hasta espacios sagrados, tierras adquiridas y zonas en proceso judicial, proporcionando una función cautelar, preventiva e indicativa.
El Gobierno Nacional, a través de los Ministerios de Agricultura y Justicia, propone un decreto que busca sanear, de forma automática, los predios y mejoras adquiridos o transferidos a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), eliminando vicios en títulos y tradición que impidan su uso para fines de interés social y utilidad pública, como la dotación de tierras a la población rural, mujeres y jóvenes. Si bien se garantiza la posesión inmediata a la ANT y la cancelación de cargas registrales, se salvaguardan las acciones indemnizatorias de terceros. El proyecto excluye situaciones como procesos de Justicia y Paz o restitución de tierras, y establece procedimientos registrales coordinados para asegurar la transparencia y eficiencia en la regularización.

El ministerio de Agricultura publicó un proyecto de resolución destinado a actualizar y robustecer el marco regulatorio para los bioinsumos de uso agrícola en el país. La iniciativa establece requisitos claros para el registro de productores, envasadores, importadores y distribuidores, así como para el control y la inscripción de los productos mismos. Busca asegurar altos estándares de calidad, seguridad y eficacia, protegiendo la sanidad agrícola y la inocuidad de los alimentos, al tiempo que impulsa la competitividad del sector. La normativa incorpora procesos digitalizados a través de la plataforma SimplifICA, agilizando trámites y abordando aspectos cruciales desde la definición de bioinsumos hasta la aprobación de ensayos agronómicos, sustituyendo la Resolución 68370 de 2020 para alinearse con los avances del sector.

La Entidad busca declarar Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en Cajicá, Cundinamarca, con el objetivo de proteger suelos rurales estratégicos frente a la expansión urbana y la pérdida de tierras agrícolas. Esta iniciativa responde a compromisos nacionales e internacionales para garantizar el derecho humano a la alimentación y enfrentar el cambio climático mediante la conservación y manejo sostenible del suelo, agua y vegetación. La protección de 613,77 hectáreas permitirá preservar la productividad agropecuaria en un territorio que aporta significativamente al abastecimiento alimentario de Bogotá. Además, se asegura que las actividades agrícolas, pecuarias y comunitarias se mantengan, contribuyendo a la restauración ambiental y a la seguridad alimentaria regional, mientras se promueve una gestión participativa con diversos actores territoriales.

El Ministerio de Agricultura puso en marcha un proyecto de resolución para salvaguardar los Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura (RGAA). La iniciativa propone un innovador modelo de custodia compartida que integra la conservación in situ y ex situ, fomentando la corresponsabilidad entre el Estado, bancos de germoplasma, centros de investigación y las comunidades campesinas y étnicas, reconocidas como custodios ancestrales de la diversidad. Se establecen instancias de coordinación como el Comité Técnico Interinstitucional y el Comité Consultivo Mixto para garantizar la gestión integral. Además, se ordena la formulación de un Plan de Transición en cuatro meses y una Política Pública de RGAA en dos, vital para asegurar la seguridad y soberanía alimentaria, la sostenibilidad y la agrobiodiversidad nacional frente al cambio climático y la pérdida de especies.

El Ministerio de Agricultura avanza en la declaratoria de un Área de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en San Vicente y El Carmen de Chucurí, Santander, con el objetivo de preservar suelos rurales estratégicos y evitar su degradación o cambio de uso. La medida prioriza la conservación de tierras con alta aptitud agrícola, promoviendo un manejo sostenible frente a riesgos como la desertificación y el cambio climático. Además, busca proteger la capacidad productiva del suelo, garantizar la seguridad alimentaria y fortalecer los sistemas agroalimentarios, reconociendo la importancia ambiental, social y económica de estos territorios para el país.

El Ministerio de Agricultura busca la adopción del Manual de Normas Técnicas Básicas para la realización de proyectos de adecuación de tierras. Este proyecto persigue robustecer la protección de los derechos del campesinado y garantizar la soberanía y seguridad alimentaria del país. El manual es una guía vinculante para entidades públicas y privadas a nivel nacional, departamental y municipal, así como para el acceso a recursos del Fondo Nacional de Adecuación de Tierras (FONAT) y otros fondos públicos. Define criterios jurídicos, técnicos, económicos, sociales y ambientales para la planificación, diseño, ejecución y administración de estos proyectos, priorizando el uso eficiente del suelo y el agua.

El Ministerio de Agricultura publicó proyecto normativo para adoptar un Manual de Normas Técnicas Básicas, de cumplimiento obligatorio, para la realización de proyectos de adecuación de tierras. Este manual, elaborado con la UPRA y la ADR, busca guiar a organismos ejecutores públicos y privados en todas las etapas de los proyectos. Su objetivo es garantizar que las iniciativas se ajusten a estándares técnicos, económicos, sociales, ambientales y jurídicos actualizados, fomentando el uso eficiente del agua y el suelo. La medida es fundamental para la soberanía alimentaria, la protección del campesinado y el acceso a financiación del Fondo Nacional de Adecuación de Tierras (FONAT) y otros recursos públicos a nivel nacional y territorial.