El ministerio de Agricultura publicó un proyecto de resolución destinado a actualizar y robustecer el marco regulatorio para los bioinsumos de uso agrícola en el país. La iniciativa establece requisitos claros para el registro de productores, envasadores, importadores y distribuidores, así como para el control y la inscripción de los productos mismos. Busca asegurar altos estándares de calidad, seguridad y eficacia, protegiendo la sanidad agrícola y la inocuidad de los alimentos, al tiempo que impulsa la competitividad del sector. La normativa incorpora procesos digitalizados a través de la plataforma SimplifICA, agilizando trámites y abordando aspectos cruciales desde la definición de bioinsumos hasta la aprobación de ensayos agronómicos, sustituyendo la Resolución 68370 de 2020 para alinearse con los avances del sector.
La Entidad busca declarar Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en Cajicá, Cundinamarca, con el objetivo de proteger suelos rurales estratégicos frente a la expansión urbana y la pérdida de tierras agrícolas. Esta iniciativa responde a compromisos nacionales e internacionales para garantizar el derecho humano a la alimentación y enfrentar el cambio climático mediante la conservación y manejo sostenible del suelo, agua y vegetación. La protección de 613,77 hectáreas permitirá preservar la productividad agropecuaria en un territorio que aporta significativamente al abastecimiento alimentario de Bogotá. Además, se asegura que las actividades agrícolas, pecuarias y comunitarias se mantengan, contribuyendo a la restauración ambiental y a la seguridad alimentaria regional, mientras se promueve una gestión participativa con diversos actores territoriales.
El Ministerio de Agricultura puso en marcha un proyecto de resolución para salvaguardar los Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura (RGAA). La iniciativa propone un innovador modelo de custodia compartida que integra la conservación in situ y ex situ, fomentando la corresponsabilidad entre el Estado, bancos de germoplasma, centros de investigación y las comunidades campesinas y étnicas, reconocidas como custodios ancestrales de la diversidad. Se establecen instancias de coordinación como el Comité Técnico Interinstitucional y el Comité Consultivo Mixto para garantizar la gestión integral. Además, se ordena la formulación de un Plan de Transición en cuatro meses y una Política Pública de RGAA en dos, vital para asegurar la seguridad y soberanía alimentaria, la sostenibilidad y la agrobiodiversidad nacional frente al cambio climático y la pérdida de especies.
El Ministerio de Agricultura avanza en la declaratoria de un Área de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en San Vicente y El Carmen de Chucurí, Santander, con el objetivo de preservar suelos rurales estratégicos y evitar su degradación o cambio de uso. La medida prioriza la conservación de tierras con alta aptitud agrícola, promoviendo un manejo sostenible frente a riesgos como la desertificación y el cambio climático. Además, busca proteger la capacidad productiva del suelo, garantizar la seguridad alimentaria y fortalecer los sistemas agroalimentarios, reconociendo la importancia ambiental, social y económica de estos territorios para el país.
El Ministerio de Agricultura busca la adopción del Manual de Normas Técnicas Básicas para la realización de proyectos de adecuación de tierras. Este proyecto persigue robustecer la protección de los derechos del campesinado y garantizar la soberanía y seguridad alimentaria del país. El manual es una guía vinculante para entidades públicas y privadas a nivel nacional, departamental y municipal, así como para el acceso a recursos del Fondo Nacional de Adecuación de Tierras (FONAT) y otros fondos públicos. Define criterios jurídicos, técnicos, económicos, sociales y ambientales para la planificación, diseño, ejecución y administración de estos proyectos, priorizando el uso eficiente del suelo y el agua.
El Ministerio de Agricultura publicó proyecto normativo para adoptar un Manual de Normas Técnicas Básicas, de cumplimiento obligatorio, para la realización de proyectos de adecuación de tierras. Este manual, elaborado con la UPRA y la ADR, busca guiar a organismos ejecutores públicos y privados en todas las etapas de los proyectos. Su objetivo es garantizar que las iniciativas se ajusten a estándares técnicos, económicos, sociales, ambientales y jurídicos actualizados, fomentando el uso eficiente del agua y el suelo. La medida es fundamental para la soberanía alimentaria, la protección del campesinado y el acceso a financiación del Fondo Nacional de Adecuación de Tierras (FONAT) y otros recursos públicos a nivel nacional y territorial.