La CREG detalló las reglas para la subasta de expansión del Cargo por Confiabilidad, convocada mediante la Resolución CREG 101 079 de 2025. El proceso busca asignar Obligaciones de Energía Firme (OEF) para el periodo diciembre 2029 a noviembre 2030. Los proyectos nuevos o con renovación tecnológica deben registrarse en Fase II ante la UPME, siendo tratados como plantas nuevas. Se especifican requisitos de verificación por auditoría del cronograma de construcción. Para las plantas existentes, se aplicará un precio administrado basado en la última subasta. La Comisión también subraya la importancia de la transparencia y la no obstaculización de la competencia por parte de los participantes. Descargar texto

La CREG requirió a los comercializadores que atienden demanda regulada remitir información detallada sobre los contratos de energía para el periodo abril de 2026 a diciembre de 2028. La entidad solicitó reportar la demanda proyectada y cubierta con contratos, los mecanismos de contratación utilizados, el estado de registro ante el ASIC y la estrategia para cubrir la contratación faltante. Los agentes deberán enviar la información antes del 17 de abril, en el formato Excel anexo y con informes que respalden los datos reportados.Descargar texto/Anexo

El Ministerio de Minas absolvió inquietudes sobre las Zonas y Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA y APPA), aclarando que el Ministerio de Agricultura tiene la competencia exclusiva para su delimitación. MinMinas, junto con la Agencia Nacional de Minería (ANM) y la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), remitió comentarios a la propuesta de modificación de la Resolución 161 de 2024, que declaró las APPA en La Guajira, los cuales están siendo analizados. Si bien reconoce que las APPA son determinantes de ordenamiento territorial que priorizan la seguridad alimentaria, el Ministerio subraya que la declaratoria de APPA no afecta derechos adquiridos ni situaciones jurídicas consolidadas, protegiendo así los títulos mineros formalmente otorgados y vigentes. Cuestiones sobre el impacto económico y la valoración de reservas han sido remitidas a la ANM, dada su competencia en la administración de recursos mineros.

La SIC hizo recomendaciones al Ministerio de Comercio sobre el proyecto de decreto que crea el Régimen de Transformación y Ensamble para Vehículos Eléctricos (RTE-E) y el Instrumento para Nuevos Proyectos Industriales de Movilidad Híbrida Enchufable y Eléctrica (INPIMHEL). La SIC advirtió que los requisitos de acceso actuales, como la alta capacidad financiera y la inversión industrial significativa, podrían favorecer a grandes empresas y limitar la participación de actores más pequeños o nuevos entrantes, generando un trato diferenciado y concentrando los beneficios. Para mitigar este riesgo de afectación a la libre competencia, la SIC recomendó flexibilizar los requisitos de capacidad financiera para que empresas con menor respaldo puedan cumplirlos gradualmente. Además, sugirió incorporar un mecanismo de monitoreo y evaluación periódica de ambos instrumentos para analizar la distribución de los beneficios y su impacto en la estructura competitiva del mercado, facilitando ajustes regulatorios si fuera necesario.

El Ministerio de Vivienda publicó un proyecto de norma para actualizar la Política Pública de Vivienda de Interés Social Rural, integrando la Categoría de Sostenibilidad Social y Ambiental en la focalización de subsidios. La modificación responde a la Ley 2294 de 2023 (Plan Nacional de Desarrollo), que busca gestionar el hábitat y proteger áreas estratégicas para alimentos y biodiversidad, así como fortalecer territorios campesinos y étnicos. La metodología anterior no consideraba directamente variables de conservación, lo que impedía priorizar hogares en zonas de alto valor ambiental o cultural. Con esta reforma, el Ministerio alinea la política de vivienda rural con una visión de hábitat integral, que refuerza la protección de ecosistemas y la permanencia territorial en coherencia con la iniciativa "Nuestro Hábitat Biodiverso".