La DIAN precisó que las inmobiliarias no pueden trasladar la obligación del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) a los propietarios de inmuebles al girar cánones de arrendamiento. El hecho generador del GMF ocurre al disponer de recursos en cuentas bancarias, y la inmobiliaria, como titular de la cuenta que ordena el débito, es el sujeto pasivo de derecho. El principio de legalidad tributaria impide la alteración de esta responsabilidad legal. Aunque las partes pueden pactar acuerdos privados sobre quién asume el costo económico del gravamen, esto no modifica la relación jurídico-tributaria con el Estado ni la determinación del sujeto pasivo. La DIAN exigirá el pago a quien realice el hecho generador, en este caso, la inmobiliaria.

La ANM detalló el alcance del artículo 27 de la Ley 2250 de 2022 sobre sobre uso de equipo mecanizado en actividades mineras realizadas en el marco de procesos de formalización. La ANM precisa que los mineros vinculados a procesos de formalización podrán utilizar equipos mecanizados, siempre y cuando cumplan dos condiciones esenciales: contar con una licencia ambiental temporal aprobada por la autoridad competente y no superar los volúmenes de producción establecidos para la pequeña minería. La entidad subraya que, de no cumplirse estos requisitos, se aplicarán las normas que prohíben el uso de maquinaria pesada sin título minero inscrito en el Registro Minero Nacional o licencia ambiental, lo que podría derivar en sanciones como el decomiso o destrucción de los equipos. Aunque no se ofrece una definición legal de "equipos mecanizados", se remite a los aprobados en la licencia ambiental temporal y se distinguen de la "maquinaria pesada" (dragas, retroexcavadoras, buldóceres) cuya prohibición general sigue vigente, siendo el artículo 27 una excepción condicionada.

El DAPS publicó un proyecto de decreto que refuerza la atención y reparación integral a las víctimas del pueblo Rrom o Gitano. La normativa, que adiciona el Decreto 1084 de 2015 y reglamenta el Decreto Ley 4634 de 2011, reconoce al pueblo Rrom como un grupo étnico con identidad cultural propia, en línea con la Constitución y convenios internacionales. Se establece un enfoque diferencial para la ayuda humanitaria, adaptado a sus características culturales y el Zakono. Además, se crea una detallada ruta de reparación colectiva que incluye fases de identificación, preconsulta y consulta previa, caracterización del daño, formulación, protocolización e implementación de un Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRCRK), considerando la itinerancia y los sistemas de justicia propios. El decreto también prevé indemnizaciones colectivas, coordinación interinstitucional y una ruta preferente para la restitución de tierras, buscando proteger la integridad y la identidad social y cultural de esta comunidad.

La CRA iniciará un programa nacional de socialización y acompañamiento para Grandes Prestadores, facilitando la implementación del Nuevo Marco Tarifario de Acueducto y Alcantarillado, expedido con la Resolución 1032. Este esfuerzo busca fortalecer la sostenibilidad del sector y mejorar los servicios para más de 30 millones de colombianos. Las jornadas incluyen talleres virtuales (7 al 10 de abril) y presenciales en Bogotá (16, 17, 23 y 24 de abril), segmentados por el número de suscriptores de los prestadores. El objetivo es orientar en la nueva metodología, profundizar aspectos técnicos, promover el diálogo y asegurar una transición ordenada, equilibrando la sostenibilidad financiera con la eficiencia para los usuarios. La CRA también ofrece recursos en su portal web, incluyendo el avatar de IA "Sabia", para apoyar a los prestadores.Descargar texto

El Ministerio de Minas definió las reglas generales para la implementación de mecanismos de contratación a largo plazo de energía eléctrica. La normativa, en línea con el Decreto 1091 de 2025, busca asegurar la prestación eficiente y continua del servicio, fomentando la diversificación de la matriz energética con fuentes convencionales y no convencionales. Establece lineamientos para proyectos de generación, almacenamiento, transmisión y distribución, incentivando la inversión y promoviendo el desarrollo sostenible y la reducción de emisiones. Un aspecto fundamental es la designación de una entidad ejecutora para la administración centralizada de contratos y garantías entre compradores y vendedores, con el objetivo de garantizar un mercado competitivo y transparente, vital para la seguridad y resiliencia del sistema eléctrico nacional.Descargar texto