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Viernes, 09 Octubre 2026

Edición 1740 Bogotá, D.C.

ISSN 2711-1636

La CRA señaló que la solicitud de establecer un período de transición o gradualidad para la aplicación de la nueva metodología tarifaria entre julio y diciembre de 2026 ya se encuentra “materialmente atendida” en la estructura normativa vigente. Explicó que el nuevo marco tarifario, contenido en la Resolución CRA 943 de 2021 e incorporado mediante la Resolución CRA 1032 de 2026, no contempla una aplicación inmediata, pues establece un “período de inicio” entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2026, durante el cual no se exigen metas anuales ni opera el recálculo. Según la CRA, este período está destinado a la preparación institucional y se articula con el artículo 88 de la Ley 142 de 1994, que establece la obligación de aplicar las fórmulas tarifarias.

La Corte Constitucional analizó la responsabilidad estatal por muertes ocurridas en el marco de operaciones de rescate, a partir de un caso relacionado con la Operación Júpiter, en la que varios uniformados secuestrados fueron asesinados durante la intervención militar. La Sala reiteró que, conforme al artículo 90 de la Constitución, la responsabilidad exige acreditar un daño antijurídico y su imputación al Estado, cuyo título debe definirse según las circunstancias y pruebas de cada caso. También precisó que la actuación de un tercero no excluye automáticamente la responsabilidad cuando existe incumplimiento de deberes de protección, prevención o una deficiente ejecución de las acciones de defensa. En el caso concreto, concluyó que el Consejo de Estado incurrió en defecto fáctico al no valorar integralmente pruebas relevantes sobre la operación y ordenó proferir una nueva sentencia, con especial atención al informe de la Operación Júpiter y al testimonio del único sobreviviente.

Ante la inminente amenaza del Fenómeno de El Niño y otros riesgos operativos que comprometen el suministro eléctrico nacional, el Ministerio de Minas y Energía impulsa una reforma. La propuesta busca que las plantas térmicas, esenciales para la energía del país, puedan adquirir combustibles líquidos de múltiples distribuidores mayoristas. Esta flexibilización, que requiere verificación y autorización vía el Sistema de Información de Combustibles (SICOM), garantiza la continuidad de la generación eléctrica y la estabilidad del sistema, evitando desabastecimientos en momentos críticos y salvaguardando la confiabilidad energética de Colombia

La CREG activó el mecanismo de sostenimiento de la confiabilidad previsto en la Resolución CREG 101 127 de 2026, norma que establece medidas para preservar el abastecimiento de energía y atender la demanda durante condiciones de riesgo asociadas al fenómeno de El Niño. La entidad explicó que, ante los bajos aportes hídricos, la reducción del nivel de los embalses y el aumento de la demanda, entran en aplicación disposiciones sobre la operación del Sistema y del Mercado de Energía Mayorista. Entre ellas se encuentra la programación de un nivel mínimo de generación térmica según las condiciones de los embalses, reglas para las ofertas de precio de las plantas y el seguimiento diario de los indicadores del sistema por parte del Centro Nacional de Despacho. Asimismo, la generación solar y eólica será despachada en la base de la operación cuando las condiciones lo permitan.

El Ministerio de Agricultura busca derogar una resolución que estableció Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en 17 municipios de Córdoba. Esta iniciativa responde a la necesidad de garantizar que los instrumentos de protección alimentaria sean técnicamente sólidos, proporcionales y realmente efectivos. Se identificaron limitaciones en la declaratoria previa, como la falta de claridad en los usos del suelo, información técnica inconsistente y la omisión de factores críticos como la contaminación, que impedían una adecuada garantía de la inocuidad y la autonomía territorial. La decisión busca sentar las bases para una futura delimitación más precisa, coordinada con autoridades locales y basada en datos actualizados, reafirmando el compromiso con el derecho a la alimentación.