El Ministerio de Transporte anunció la entrada en operación de los primeros taxis eléctricos en Bogotá, como parte del programa de ascenso tecnológico FOPAT, con el que el Gobierno busca modernizar el transporte público individual y avanzar en la transición hacia una movilidad limpia . La iniciativa contempla la renovación inicial de 320 vehículos, con una reducción estimada de hasta el 34% en emisiones del sector transporte, además de menores costos operativos y mayor rentabilidad para los conductores.

La CRA aclaró el alcance normativo sobre la gestión de residuos sólidos, en especial frente al aprovechamiento, la prestación del servicio de aseo y la facturación a usuarios. En materia de compostaje, la entidad precisó que su regulación no es exclusiva de la CRA, por lo que trasladó parte de las consultas al Ministerio de Vivienda. No obstante, indicó que el tratamiento de residuos es una actividad complementaria del servicio público de aseo, sujeta a permisos ambientales, cumplimiento técnico y registro ante la Superintendencia. La comercialización del compost es viable, siempre que cumpla requisitos de calidad y obtenga los registros ante autoridades como el ICA. Respecto a los residuos voluminosos como colchones, los clasificó como residuos sólidos especiales, cuyo manejo no hace parte del servicio público regulado, por lo que su recolección y disposición deben pactarse libremente entre prestador y usuario, sin inclusión en la tarifa

La SSPD aclaró las reglas de la contribución de solidaridad, un recargo aplicado a usuarios de servicios públicos. Inicialmente, recae sobre industrias, comercios y estratos 5 y 6, con un tope del 20% del valor del servicio, destinado a subsidiar a estratos bajos. Sin embargo, existen exenciones para entidades sin ánimo de lucro como hospitales y colegios, así como para propiedades horizontales no residenciales o residenciales que no generen rentas por explotación comercial. El proceso para obtener una exención debe ser solicitado formalmente al prestador del servicio, quien tiene 15 días para responder, y puede implicar la devolución de cobros indebidos.

La SSPD explicó el marco jurídico de derechos de usuarios y prestadores. Reafirmó que las empresas deben garantizar oficinas de atención al público (PQR) accesibles, con personal capacitado para resolver peticiones y reclamos de forma oportuna y personalizada, incluso verbalmente. La facturación debe ser clara, detallando consumos y cargos, y los usuarios pueden reclamar sin pagar montos en disputa, aunque sí sumas no objetadas o promedios de consumo. Los prestadores no pueden modificar unilateralmente la ubicación de medidores, salvo por normas técnicas exigibles. La suspensión de servicios por mora no puede impedir el derecho a la defensa o la tramitación de reclamaciones

El Ministerio de Transporte precisó el alcance de las servidumbres sobre caminos públicos y su tratamiento frente a conflictos en predios rurales. La entidad recordó que, conforme al Decreto 21 de 1909, las controversias relacionadas con servidumbres activas de vías públicas son de competencia exclusiva de la autoridad de policía, encargada de resolver su uso, restablecimiento o limitación. En este sentido, reiteró que, aunque en algunos casos pueden existir múltiples caminos o senderos abiertos de hecho sobre un mismo predio, el análisis y eventual restricción de estas servidumbres no corresponde al Ministerio, sino a las autoridades policivas, en el marco del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

El Ministerio de Transporte aclaró dudas sobre la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes para vehículos de servicio público. Reiteró la obligatoriedad de la revisión anual en Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) autorizados, verificando aspectos mecánicos, ambientales y de seguridad, con resultados consignados en un certificado virtual consultable en el RUNT. La normativa vigente, incluyendo la Ley 769 de 2002 y la Resolución 20223040045295 de 2022, establece el procedimiento y las sanciones para infracciones ambientales como las emisiones visiblemente contaminantes. El concepto enfatiza que la autoridad de tránsito puede ordenar inspecciones inmediatas ante violaciones ostensibles y graves, pudiendo el vehículo ser inmovilizado hasta garantizar su reparación.

El Ministerio de Minas diferenció el concepto de la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) y el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Económico (EDCF) de Corea del Sur, para financiar proyectos energéticos. La AOD, según el documento, se enfoca en donaciones y subvenciones de carácter concesional, buscando promover el desarrollo social y económico. En contraste, el EDCF ofrece préstamos blandos con condiciones favorables como bajas tasas de interés y amplios plazos. Esta distinción es vital para que Colombia asegure el financiamiento adecuado para su transición energética, aplicando la herramienta correcta a cada necesidad. Ya sea para fortalecer comunidades energéticas mediante donaciones o para proyectos de mayor escala que requieran financiación estructurada vía préstamos, entender estas diferencias maximiza el impacto de la cooperación internacional.

El Ministerio de Ambiente precisó que las Corporaciones Autónomas Regionales (CARs) tienen la facultad legal de constituir o participar en sociedades anónimas. Esta potestad se fundamenta en la Ley 99 de 1993, que permite a sus Consejos Directivos autorizar dichas participaciones. Sin embargo, el concepto subraya que esta autonomía financiera y operativa no es ilimitada. Las CARs, como entes públicos, deben ceñirse estrictamente al principio de legalidad, su objeto misional y su presupuesto. Cualquier inversión o participación debe estar directamente vinculada a sus funciones ambientales y contar con la debida aprobación presupuestaria. El Ministerio se abstiene de profundizar en aspectos societarios específicos como límites de participación accionaria o emisiones en bolsa, por corresponder a la regulación de la Superintendencia de Sociedades.