La CGR precisó que un municipio sí puede invertir recursos públicos en un sistema de acueducto con procesos jurídicos en curso, siempre bajo su exclusiva responsabilidad. La CGR subrayó que la existencia de litigios no suspende la obligación municipal de garantizar servicios públicos esenciales. Sin embargo, exige evaluar la viabilidad de inversiones con estudios técnicos, jurídicos, financieros y presupuestales suficientes para evitar hallazgos fiscales. Los recursos del Sistema General de Participaciones y Regalías, de destinación específica, deben usarse eficientemente, y la CGR ejercerá control posterior sin coadministrar.