La UPME aclaró los criterios sobre la asociación de solicitantes en el trámite de proyectos para acceder a los incentivos tributarios de las leyes 1715 de 2014 y 2099 de 2021. La circular busca asegurar la correcta aplicación de la Resolución UPME 000135 de 2025 y fortalecer la trazabilidad de los trámites.

 La UPME aclaró los criterios aplicables a las "Unidades Funcionales" en proyectos de generación de energía con Fuentes No Convencionales de Energía (FNCE). La medida busca garantizar la correcta evaluación de solicitudes de incentivos tributarios bajo las Leyes 1715 de 2014 y 2099 de 2021, conforme a la Resolución UPME 000135 de 2025. Aunque se acepte la figura de Unidad Funcional con resolución DIAN, la UPME enfatiza que cada componente debe cumplir individualmente con los requisitos técnicos establecidos. La clasificación arancelaria no exime la verificación técnica, y la entidad puede solicitar la individualización de bienes que no cumplan los listados o condiciones

La Superintendencia de Sociedades adoptó la política de prevención del daño antijurídico que regirá durante los años 2026 y 2027. Esta iniciativa, aprobada por el Comité de Conciliación y Defensa Judicial, busca reducir la responsabilidad patrimonial del Estado, abordando el alto nivel de litigiosidad causado por errores judiciales y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

La Superintendencia de Sociedades publicó un proyecto de circular externa para incorporar un reporte de información con enfoque diferencial étnico en los trámites de matrícula y renovación ante las cámaras de comercio. Esta medida responde a solicitudes de la comunidad empresarial afrodescendiente y del Ministerio de la Igualdad y Equidad, buscando recopilar datos sobre la participación de comunidades como Negras, Afrocolombianas, Raizales, Palenqueras, Indígenas y Rom en el ámbito comercial. El formato será de diligenciamiento obligatorio para personas naturales y jurídicas a partir del 15 de enero de 2026, fecha límite para que las cámaras de comercio implementen los ajustes tecnológicos y operativos necesarios. El objetivo es generar insumos para la formulación de políticas públicas.

El Ministerio de Minas y Energía (MinMinas) ajustó el cronograma de la Convocatoria Pública y Competitiva IP 2025 debido a una situación de caso fortuito y fuerza mayor. Esta circunstancia impidió que el personal responsable accediera a información vital para evaluar, validar y verificar los proyectos presentados por los municipios proponentes. En uso de sus facultades, MinMinas modificó el Artículo 9 de la Resolución 01756 de 2025, que establecía el cronograma, para poder llevar a cabo la revisión de requisitos y comentarios de las entidades participantes de la convocatoria para proyectos energéticos y de regalías .

Uno de los objetivos del marco regulatorio es asegurar el cumplimiento de parámetros ambientales y la implementación de prácticas sostenibles en toda la cadena de suministro del alcohol carburante. El Ministerio de Minas publicó un proyecto de resolución para regular a productores e importadores de alcohol carburante. Esta normativa busca establecer requisitos claros para su autorización y registro, garantizando la calidad, seguridad y trazabilidad del producto en toda la cadena de suministro. Entre las exigencias clave se encuentran el cumplimiento de estándares técnicos para instalaciones, muestreos representativos, pruebas de calidad periódicas y, para importadores, un visto bueno previo del Ministerio, contratos con almacenadores autorizados y certificados de conformidad del producto. El proyecto enfatiza la protección del consumidor y el medio ambiente, alineándose con las metas de carbono neutralidad y resiliencia climática del país, impulsando un mercado transparente y competitivo.

El Ministerio de Agricultura presentó proyecto de decreto para establecer un programa especial de compra y dotación de tierras a favor de los pueblos y comunidades indígenas. La iniciativa busca garantizar sus derechos territoriales, autonomía y la integridad cultural, en concordancia con leyes nacionales e internacionales. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) liderará los procedimientos, aplicando un enfoque de protección reforzada y facilitando la entrega provisional de predios con exenciones notariales. Se establece un seguimiento riguroso por la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y se exige transparencia con un contador público de trámites en la web, sancionando la mora injustificada para asegurar la celeridad del proceso.

Según la SSPD, todo procedimiento que ejecute un prestador de servicios públicos domiciliarios para recuperar consumos no facturados debe cumplir garantías mínimas del debido proceso porque este es un derecho fundamental del usuario, consagrado en el Artículo 29 de la Constitución Política y en la Ley 142 de 1994. Esto asegura al usuario el derecho de defensa y contradicción desde el inicio de la investigación, permitiéndole conocer los medios de prueba, los plazos, la metodología de cálculo del consumo no facturado, y las formas de notificación con indicación de recursos, antes de que el cobro se incluya en la factura. La garantía del debido proceso busca remover obstáculos formales y sanear irregularidades, en procura de la efectividad del derecho material.