La Entidad reorganizó su estructura interna con la creación de un nuevo grupo especializado en gestión documental, archivo y atención al ciudadano, separado del área administrativa. La medida busca responder al aumento en la carga operativa, la modernización tecnológica y las nuevas exigencias en manejo de información pública y servicio al usuario.

La CREG habilitó una nueva oportunidad para que los generadores eléctricos se acojan al Precio de Escasez Inferior dentro del esquema del Cargo por Confiabilidad, mediante la creación de menús de transición a corto y largo plazo. Estos mecanismos permiten a las plantas con costos variables bajos ajustar voluntariamente sus condiciones contractuales, sustituyendo el precio de escasez vigente por uno inferior. La medida establece un procedimiento técnico para recalcular el Cargo por Confiabilidad, basado en la equivalencia de flujos financieros a lo largo del tiempo, garantizando estabilidad en los ingresos de los generadores y neutralidad para los usuarios. Los agentes interesados deberán manifestar su decisión ante el operador del sistema dentro de los plazos definidos. Con esta iniciativa, la CREG busca incentivar la participación en el mercado y fortalecer la confiabilidad del suministro eléctrico.

La entidad busca recibir insumos técnicos como nuevos análisis, estudios actualizados y propuestas complementarias que fortalezcan el diseño del mercado y respondan a los cambios en la oferta, la demanda y las señales de precio. Los aportes deberán ser enviados hasta el 30 de junio de 2026, tras lo cual la Comisión realizará mesas de trabajo para discutir las iniciativas y avanzar en el proceso regulatorio.

La CREG abrió una convocatoria para recibir propuestas y estudios orientados a modernizar el mecanismo de aseguramiento de la confiabilidad en el mercado eléctrico colombiano. La iniciativa busca actualizar el esquema del Cargo por Confiabilidad, vigente desde 2006 y clave para garantizar el suministro de energía, especialmente en periodos críticos. La entidad señaló que los cambios responden a la transformación de la matriz energética y a la incorporación de nuevas tecnologías de generación, lo que exige ajustes en la regulación para el mediano y largo plazo. Los interesados podrán enviar sus aportes técnicos hasta el 30 de junio de 2026.

La CRA avanza en la implementación del nuevo marco tarifario de acueducto y alcantarillado mediante jornadas de acompañamiento técnico dirigidas a las empresas prestadoras del país. Estas actividades hacen parte del proceso de socialización tras la expedición de la Resolución CRA 1032 de 2026 y buscan facilitar una aplicación técnica y ordenada del esquema, cuya entrada en vigencia está prevista para el 1 de julio de 2026. La Comisión anunció nuevas jornadas los días 23 y 24 de abril para el segmento 3, así como encuentros regionales para otros prestadores. El nuevo marco tarifario, resultado de más de cinco años de estudios, apunta a mejorar la sostenibilidad, eficiencia y calidad de los servicios para millones de usuarios en Colombia.

La ANM amplía el plazo para la subsanación de requisitos dentro del proceso de habilitación de Operadores Tecnológicos de Trazabilidad de Minerales (OTTM). Esta medida busca fortalecer la implementación de la Plataforma de Trazabilidad de Minerales (PTM), que entrará en operación el 19 de mayo de 2026 para proyectos de gran minería y de interés nacional. El sistema permitirá verificar en tiempo real la cadena de comercialización de minerales, garantizando transparencia y cumplimiento normativo.

La SSPD indicó que las comunidades organizadas no están habilitadas para prestar directamente el servicio público domiciliario de aseo ni sus actividades complementarias. Según la entidad, si estos grupos desean operar en actividades como recolección o disposición final, deben constituirse formalmente como empresas de servicios públicos (ESP), sujetándose al régimen de la Ley 142 de 1994. Es fundamental distinguir entre estas y las "organizaciones autorizadas", que pueden operar en zonas rurales o municipios menores bajo personería sin ánimo de lucro. Mientras el aprovechamiento es exclusivo de recicladores de oficio por 15 años, cualquier prestador debe garantizar solvencia financiera e idoneidad técnica ante los entes de control.

La SSPD precisó las obligaciones en proyectos urbanísticos. Los urbanizadores deben diseñar y construir las redes secundarias y sistemas de bombeo necesarios, entregándolos luego al prestador para su mantenimiento. En propiedades horizontales, el consumo de zonas comunes se mide preferiblemente con medidores individuales o, en su defecto, mediante un totalizador que registre la diferencia con las unidades privadas. Una vez constituida la copropiedad, esta asume los costos de áreas comunes mediante cuotas de administración basadas en coeficientes de propiedad. El urbanizador responde por el sistema hasta su entrega oficial, garantizando la viabilidad técnica y operativa del servicio.