El Consejo de Estado negó la nulidad de la Resolución 0463 del 14 de abril de 2005, mediante la cual el Ministerio de Ambiente redelimitó la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, adoptó su zonificación y reglamentación de usos, y estableció determinantes para el ordenamiento y manejo de los Cerros Orientales. El fallo sostiene que la actuación ministerial fue legítima y competente, conforme a lo previsto en la Ley 99 de 1993, y que no existía derecho adquirido para urbanizar los predios involucrados, desestimando los cargos de falsa motivación y nulidad por infracción de normas superiores. Asimismo, confirmó que la redelimitación se basó en actos previos válidamente publicados y inscritos, y que la competencia para proteger esta área de interés ecológico nacional corresponde al orden nacional, delegada al Ministerio de Ambiente. Así, se reafirma la prioridad de la conservación ambiental sobre intereses particulares en zona de reserva.

 Esta Cartera ministerial busca establecer el Plan Integral de Gestión del Cambio Climático del Sector (PIGCCS Transporte). Este plan busca integrar efectivamente la gestión climática en el sector mediante medidas de mitigación de GEI y adaptación. Se enfoca en dos líneas estratégicas: impulsar la eficiencia energética y desarrollar infraestructura resiliente y sostenible. El PIGCCS Transporte se alinea con compromisos nacionales e internacionales, como el Acuerdo de París, y las leyes colombianas sobre cambio climático. Su objetivo es asegurar la transición hacia un modelo de transporte bajo en carbono y resiliente, fortaleciendo la normativa, la gobernanza, las finanzas y el conocimiento en la materia, e incluye directrices para la participación de entidades adscritas y otros actores relevantes en todo el territorio nacional.

El Ministerio de Trabajo implementó un mecanismo para reconocer aprendizajes adquiridos en el extranjero. El procedimiento, que consta de seis fases, valida certificados de competencias obtenidos fuera del país. El objetivo es facilitar la movilidad laboral y la cualificación de los trabajadores, reconociendo la experiencia y los conocimientos acumulados. La iniciativa, con un anexo técnico detallado, aplica a nacionales y extranjeros y fortalece el sistema nacional de cualificaciones.

El Ministerio de Minas busca modificar normativas vigentes sobre fugas, quema y venteo de gas natural en exploración y explotación. La medida otorga doce meses adicionales para que las empresas cumplan con informes de eficiencia y adecuaciones técnicas, reconociendo la limitada disponibilidad actual de organismos de inspección acreditados. Esta prórroga busca evitar incumplimientos masivos y facilitar la consolidación del mercado de servicios, al tiempo que se mantiene el enfoque en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la protección ambiental. La regulación no altera la libre competencia ni constituye un reglamento técnico de producto.

El Ministerio de Minas busca reglamentar el Banco de Áreas destinadas a la formalización minera. La iniciativa persigue agilizar los procesos para mineros tradicionales y de pequeña escala, compilando, administrando y priorizando zonas disponibles. Se contemplan requisitos diferenciales para el acceso a contratos y se facilitan mecanismos de devolución de áreas por parte de concesionarios, promoviendo así una minería más organizada, sostenible y en cumplimiento de la ley, al tiempo que se corrigen yerros de numeración en normativas previas para mayor claridad.

El Ministerio de Minas extendió por un año más, hasta el 2 de abril de 2027, las medidas transitorias de la Resolución 40140 de 2025. Esta decisión responde a la persistente insuficiencia de Energía Firme de Cargo por Confiabilidad (ENFICC) proyectada para los próximos años, un escenario que pone en riesgo la confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional (SIN). Además, se busca mitigar los obstáculos generados por conflictos de coexistencia entre proyectos minero-energéticos y de generación de energía. La prórroga, anunciada a través de una circular, busca salvaguardar la continuidad y eficiencia del suministro eléctrico, crucial para la transición energética y la cobertura de la demanda. Las medidas seguirán vigentes hasta que la CREG emita nueva regulación sobre el esquema de capturas

La CAR propone establecer las tarifas y el procedimiento de cobro por servicios de evaluación y seguimiento ambiental. El proyecto detalla los costos asociados a licencias, permisos y planes ambientales, expresados en Unidades de Valor Básico (UBV). Entre los cobros se incluyen licencias ambientales, planes de manejo, permisos de vertimientos y emisiones, así como certificaciones de gases. Se establecen procedimientos para reliquidación y devoluciones de pagos, con términos específicos para solicitudes y respuestas. La resolución también contempla tarifas reducidas para poblaciones vulnerables y entraría en vigor el 1 de julio de 2026.

La ANLA actualizó tarifas de servicios ambientales. La medida busca fortalecer el marco tarifario y armonizarlo con la normativa vigente. Se incorporan términos específicos para proyectos de energías solar y eólica, y se adicionan cobros para la gestión de baterías usadas y el Certificado de Prueba Dinámica, clasificado en tres tipos (eléctricos, híbridos/combustión, y maquinaria amarilla). La resolución también actualiza aspectos sobre RAEE, movimientos transfronterizos de residuos peligrosos y permisos de marcaje.