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prensa juridica

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Pese a la suscripción y celebración de varios contratos de obra, lo cierto es que los sistemas de acueducto del sector no se encuentran activos, por lo que se mantiene la deficiencia en la prestación del servicio, sin que se haya demostrado que la administración hubiese realizado gestiones para solucionar dicha situación, lo que denota negligencia por parte del incidentado. La Sala consideró que el ex alcalde del Municipio de Santa Cruz de Lorica, no ha cumplido con las órdenes impartidas, en la medida en que las gestiones adelantadas por el municipio resultan insuficientes para solucionar la problemática de residuos sólidos y de falta de suministro de agua apta para el consumo humano de la población objeto de la acción popular.

La Entidad “analizó la problemática relacionada con la presentación de garantías para la participación en el proceso de subasta en curso para la asignación de Obligaciones de Energía Firme convocada mediante la Resolución CREG 101 034A de 2022 para la vigencia 2027-2028, e hizo las siguientes consideraciones: Conforme la Ley 143 de 1994, artículo 4, el Estado, en relación con el servicio de electricidad, tiene como objetivos, en el cumplimiento de sus funciones, los de (I) abastecer la demanda de electricidad de la comunidad bajo criterios económicos y de viabilidad financiera, asegurando su cubrimiento en un marco de uso racional y eficiente de los diferentes recursos energéticos del país; (II) asegurar una operación eficiente, segura y confiable en las actividades del sector; y (III) mantener los niveles de calidad y seguridad establecidos”.

El Ministerio de Transporte, en desarrollo de la Resolución 20243040001165-2024, con la cual se incrementaron los valores de reconocimiento económico, para los vehículos de servicio de transporte terrestre automotor de carga que se postulen a las diferentes alternativas del Programa de Modernización que contemplan el pago del incentivo, publicó el ABC de postulación y su procedimiento.

A través del presente concepto la SuperSociedades dejó claro que el responsable del archivo o libros y papales de una sociedad comercial sujeta a inspección y vigilancia de la Superintendencia de sociedades que se disuelva o liquide, será el liquidador de la misma, quien deberá conservar, custodiar y salvaguardar los mismos por el término de cinco (5) años, contados a partir de la aprobación de la cuenta final de liquidación, en atención a lo establecido en la ley.

La SSPD reiteró que de acuerdo con los términos de los artículos 15 y 17 de la Ley 142 de 1994, pueden constituirse como empresas prestadoras de servicios públicos- ESP- las sociedades anónimas, las sociedades en comandita por acciones y las sociedades por acciones simplificadas. En especial, las personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios podrán organizarse como sociedades por acciones simplificadas, las cuales, para su conformación, deberán dar aplicación a la Ley 1258 de 2008, a las disposiciones de la Ley 142 de 1994 y al Código de Comercio en lo que este resulte aplicable.

A través del presente concepto se aclaró que en el régimen de los servicios públicos domiciliarios no existe norma que señale un procedimiento taxativo que deban acoger y/o aplicar los prestadores para adelantar las actuaciones administrativas, no obstante, por expresa remisión del artículo 153 de la Ley 142 de 1994, las peticiones y recursos deberán ser tramitadas de acuerdo con las normas sobre el derecho de petición que se encuentren vigentes, es decir, la Ley 1437 de 2011, sustituida por la Ley 1755 de 2015.

A través del presente concepto la SSPD indicó que en los términos del artículo 2.2.3.1.2 del Decreto Único Reglamentario 1073 de 2015, el servicio de alumbrado público es el servicio público no domiciliario de iluminación, que se presta con el fin de iluminar espacio público, bienes de uso público y demás espacios de libre circulación, con tránsito vehicular o peatonal. El impuesto de alumbrado público puede ser adoptado por los municipios y distritos. En particular, son dichos entes territoriales y/o distritales, a través de los concejos municipales, los que se encargan de definir los sujetos pasivos, la base gravable y las tarifas, entre otros aspectos propios del tributo.

A través de la presente Resolución la CREG habilitó transitoriamente la contratación directa de energía por parte de comercializadores que atienden demanda regulada, con el fin de facilitar la compra de energía a través de contratos que ayuden a proteger a los usuarios regulados de los altos precios que se podrían presentar en la bolsa de energía durante el periodo del Fenómeno de El Niño. El alcance y detalles de la contratación se encuentran descritos en la parte resolutiva del documento publicado por la entidad.