Consejo de Estado (6860)
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El actor solicitó declarar la nulidad de la liquidación unilateral del contrato y el reconocimiento y pago de sumas por obras adicionales. La “Sala comparte, plenamente, el análisis efectuado por el Tribunal Administrativo del Quindío, en lo relativo a la no procedencia de un desequilibrio económico del contrato por el descuento efectuado por la entidad por la
Para la Sala, “si bien el Subdirector Administrativo y Financiero del Ministerio de Minas y Energía fue delegado para suscribir todos los actos y contratos que surjan en desarrollo de los procesos liquidatarios, lo cierto es que, tal como lo refirió el agente del Ministerio Público en su intervención, su competencia estaba limitada a tal actuación, es decir, únicamente
Se demandó la nulidad del acto de elección del gobernador del departamento de La Guajira, aduciendo que incurrió en la prohibición de doble militancia en la modalidad de apoyo. La Sala declaró la nulidad del acto de elección del gobernador del departamento de La Guajira toda vez que se acreditó la causal de inhabilidad alegada.
Para la Sala de Consulta, “vencimiento de los plazos previstos en la ley para el trámite de un proceso administrativo de restablecimiento de derechos, de ninguna manera conlleva la terminación del proceso ni la cancelación o el levantamiento de las medidas de protección o de restablecimiento adoptadas”. La Sala estudio aspectos generales sobre la protección y
La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado emitió un concepto por medio del cual señala la “participación y las facultades de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (en adelante ADRES) en los procesos de liquidación de las Entidades Promotoras de Salud (en adelante EPS)”.
El Salvamento de voto añadió que “el uso del arma oficial es insuficiente para definir si se actuó en cumplimiento de deberes del servicio y no justifica acudir a títulos objetivos de imputación, pues el monopolio del uso de la fuerza esencial al Estado y, por ende, no constituye en sí mismo un riesgo excepcional. Debe probarse que la entidad incurrió en una falla
“Se promovió una demanda, en ejercicio del medio de control de reparación directa, contra la Superintendencia de Notariado y Registro, por los daños causados por la presunta omisión en el control y la vigilancia que debía adelantar dicha entidad, con el fin de impedir la creación de dos folios de matrícula inmobiliaria sobre un inmueble ubicado en
La Sala reiteró los elementos del impuesto predial en el municipio de Pereira. “De acuerdo con el criterio expuesto, la función de entidades catastrales como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi es informar la situación de los inmuebles en cuanto a la correcta identificación física, jurídica, fiscal y económica, la cual repercute en la determinación del impuesto
La Sala citó El artículo 826 del ET, el cual dispone que “el mandamiento de pago debe notificarse personalmente, previa citación para que el interesado comparezca para surtir esa diligencia en el plazo de diez días. Si esto no ocurre, procede la notificación del acto por correo. Según el artículo 9 del Decreto Municipal 455 de 2007, esta actuación debe surtirse
La Sala preció que “la simulación es una anomalía negocial en la que las partes dan al negocio que procuran celebrar una apariencia jurídica distinta, con el propósito de no revelar ante terceros el verdadero contenido del negocio llevado a cabo. Por eso, se trata de una ocultación fáctica, pues los sujetos involucrados esconden la realidad de su relación
