Consejo de Estado (6845)
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A Juicio de la Sala de la Sala, no asiste razón a la demandante al pretender exonerase del deber de pago de la tasa argumentando la inexistencia de reglamentación del artículo 43 de la Ley 99 de 1993, en la medida que, contrario a lo que afirma, antes de la expedición de la
La Sala pudo colegir que las normativas contenidas en el numeral 2 del artículo 393-16 del Decreto 2685 de 1999 y la comprendida en el literal d) del parágrafo 2 del artículo 38-2 del acto acusado coinciden en señalar que son funciones del Usuario Operador, las relativas a
La Sala analizó el Interés directo que debe acreditar quien pretende la declaratoria de nulidad del acto por medio del cual se declaró desierto un proceso de selección. “De cara a la finalidad del proceso administrativo precontractual, a saber, la adjudicación del contrato, se
Hasta el 31 de diciembre de 1996, la regla general que aplicaba en materia de régimen de personal de EMCALI era la de los empleados públicos y excepcionalmente sería la de trabajadores oficiales. Por el contrario, a partir del 1º de enero de 1997, con la transformación de su
En el presente caso, “la orden de tutela realmente ordenó efectuar un nuevo informe de evaluación en el que se considerara como habilitada la propuesta de Incer S.A., por ser esa la fase en la que se hallaba el procedimiento de selección antes de su culminación y no como lo
El derecho de acción se ejerció dentro del término previsto en el ordinal 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, normativa aplicable al presente asunto. “Como niveles de evidencia se entienden las herramientas, instrumentos y escalas que clasifican,
Al estudiar la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños provenientes de la ocurrencia de fenómenos naturales, “se ha deducido tal responsabilidad frente a la demostración de que las entidades demandadas incumplieron su deber de vigilancia y cuidado y se
En primer lugar, la Sala deja en claro que “según el diccionario de la Real Academia Española los costos de urbanismo son la “suma de los gastos necesarios para transformar urbanísticamente un terreno”. El artículo 14 de la Resolución 620 de 2008 dispone que “el costo de
“Tratándose de las actividades comerciales, las clasifica en cuatro grupos, a las que asigna tarifas diferentes, dentro de los cuales se encuentra la venta de materiales para la construcción y una residual para demás actividades comerciales que no se enmarquen en los otros grupos.
Con ponencia del magistrado Guillermo Sánchez Luque, la Sala estudió la legalidad de un acto emitido por el departamento de Antioquia en el que el demandante adujo que en el año 2003, suscribió un contrato de concesión minera y antes de que se inscribiera en el registro