Altas Cortes de Justicia (9313)
Subcategorías
La medida materia de examen tiene como objeto «Determinar la metodología para distribución y asignación parcial de los recursos de regalías por comercialización de mineral sin identificación de origen apropiados en la Ley 1942 de 2018 entre los municipios productores que cuenten con mineros de subsistencia inscritos o que trabajen bajo alguna de las medidas habilitadas por la ley
Rechaza el control inmediato de legalidad de la Resolución CRA 920 de 16 de junio de 2020, que establece la metodología tarifaria para las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado con más de 5.000 suscriptores en el área urbana. Lo anterior teniendo en cuenta que la Sala determinó que “se trata de un control jurisdiccional sui generis, posterior a la expedición del acto, regido por las notas de oficiosidad e integridad, llamado a ser ejercido respecto de una cierta clase de decisiones de las autoridades que se
El Consejo de Estado no avoca conocimiento, en sede del control inmediato de legalidad de que trata el artículo 136 de la Ley 1437 de 2011, de la No. 012 del 19 de junio de 2020, proferida por el presidente de la Administradora colombiana de Pensiones- COLPENSIONES, «Por la cual se corrige la continuación del epígrafe de la Resolución No. 006 de 2020, ¨Por la cual se adoptan medidas transitorias para la atención de trámites, otros procedimientos administrativos, solicitudes, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, requerimientos y comunicaciones oficiales en la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones en armonía con la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”
El Consejo de Estado avoca conocimiento de control inmediato de legalidad a la Circular núm. 20204010101901 de 27 de marzo de 2020, “procedimiento especial y transitorio para el pago de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo durante la emergencia económica, social y ecológica declarada por el gobierno nacional debido a la pandemia COVID-19”, expedida por la Agencia Nacional De Infraestructura (ANI).
El Consejo de Estado ordena que, por la Secretaría General de la Corporación, se disponga la remisión del presente proceso al despacho del Consejero de Estado, doctor Nicolás Yepes Corrales, con miras a que se analice la procedencia de su acumulación con el expediente 11001 03 15 000 2020 02417 en lo que tiene que ver con las medidas transitorias respecto de los diferentes trámites
El actor pretende se declare nulidad del Decreto DISTRITAL 126 del 10 de mayo de 2020, “Por medio del cual se establecen medidas transitorias para el manejo del riesgo derivado de la pandemia por Coronavirus COVID-19 durante el estado de calamidad pública declarado en el distrito capital.
En el presente caso, para la Sala, la caducidad de la acción especial de nulidad y restablecimiento del derecho, empezaba a contarse a partir de la ejecutoria del acto, la cual, según se lee en la constancia de ejecutoria expedida por la autoridad distrital demandada, ocurrió el 27 de agosto de 2019, y no como lo anuncio el tribunal, el 10 de agosto de 2019, al considerar ejecutoriado el acto a partir del día siguiente a la notificación por aviso de la Resolución no. 3025, el 9 de agosto de 2019
La Sala ordena a la CRA publicar esta providencia de manera inmediata, por el término de diez (10) días, en el sitio web oficial de la Entidad, con el objeto de informar a la comunidad en general y a los proveedores y operadores a que se refiere la Resolución núm. CRA 921 de 16 de junio de 2020, en especial: sobre la iniciación de la presente actuación judicial.
La Sala ordena a la CRA publicar esta providencia de manera inmediata, por el término de diez (10) días, en el sitio web oficial de la Entidad, con el objeto de informar a la comunidad en general y a los proveedores y operadores a que se refiere la Resolución núm. CRA 921 de 16 de junio de 2020, en especial: sobre la iniciación de la presente actuación judicial.
La Sala declara legalidad condicionada del artículo 8 de la Resolución 5956 del 3 de abril de 2020 de la CRC, en el entendido de que la suspensión de los efectos relacionados con la publicación mensual de los indicadores de calidad de atención establecidos en varios numerales de la Resolución CRC 5050 de 2016, se predica respecto de la periodicidad con la que debe hacerse la publicación, mas no de la obligación de publicar la información.