El Consejo de Estado declaró que la Unidad Nacional de Protección (UNP) incumplió el contrato de arrendamiento de vehículos suscrito en enero de 2015 con la Unión Temporal Solórzano Alquiler 2012, al no restituir los automotores al finalizar el plazo de ejecución, el 17 de mayo de ese año. Aunque la entidad argumentó que los vehículos eran necesarios para mantener los esquemas de seguridad, las partes acordaron un cronograma de devolución escalonada que debía concluir el 6 de junio de 2015, pero tampoco se cumplió y algunos automotores fueron entregados hasta septiembre. La Corporación precisó que la obligación de devolver los bienes al terminar el arrendamiento no desaparecía por las necesidades del servicio. Por ello, revocó la decisión de primera instancia, declaró el incumplimiento contractual y condenó a la UNP a pagar $2.491 millones al contratista.