determinan según el alcance, la función y la finalidad perseguida”, ha sostenido el pleno de la sala contencioso-administrativa de esta Colegiatura.
Rechaza el control inmediato de legalidad de la Resolución CRA 920 de 16 de junio de 2020, que establece la metodología tarifaria para las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado con más de 5.000 suscriptores en el área urbana. Lo anterior teniendo en cuenta que la Sala determinó que “se trata de un control jurisdiccional sui generis, posterior a la expedición del acto, regido por las notas de oficiosidad e integridad, llamado a ser ejercido respecto de una cierta clase de decisiones de las autoridades que se
determinan según el alcance, la función y la finalidad perseguida”, ha sostenido el pleno de la sala contencioso-administrativa de esta Colegiatura.