El Ministerio de Transporte expidió una Circular dirigida a las autoridades de tránsito de Caldas, Tolima y municipios cercanos, para exigir el cumplimiento de fallos judiciales de protección ambiental. El documento técnico recuerda que alcaldes y gobernadores son las autoridades de tránsito en sus territorios y deben adoptar medidas urgentes para mitigar el impacto vehicular en el Parque Nacional Natural Los Nevados. Entre las directrices dictadas por la cartera nacional se incluye la implementación de picos y placas ambientales, la fijación de límites especiales de velocidad, la determinación de pasos de fauna y la prohibición de parqueo, con el fin de garantizar los derechos de este ecosistema protegido.

 El Ministerio de Ambiente y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), estructuraron un riguroso proyecto normativo que adopta los nuevos términos de referencia (TdR-13) para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Este instrumento técnico será obligatorio para todas las empresas que pretendan tramitar licencias ambientales globales o definitivas en actividades de explotación minera a mediana y gran escala en el país. El exhaustivo documento técnico unifica la metodología para identificar riesgos, exigir medidas de compensación biótica y evaluar la compatibilidad de los proyectos con el ordenamiento del territorio, optimizando el control del Estado sobre los grandes distritos mineros y blindando los ecosistemas estratégicos nacionales.

El Gobierno modificó y adicionó el Decreto 1073 de 2015 para optimizar los recursos del Fondo de Energía Social (FOES). El nuevo marco normativo busca asegurar el servicio de energía eléctrica mediante soluciones de autogeneración sistémica e individual, priorizando áreas rurales, zonas de difícil acceso y barrios subnormales. La norma redefine el esquema de asignación de subsidios, establece criterios de eficiencia para los operadores y regula la fiscalización de los fondos públicos. Asimismo, determina que la propiedad de los activos financiados pertenecerá a la Nación, pero las alcaldías municipales recibirán de forma gratuita la infraestructura para garantizar la sostenibilidad energética comunitaria.

La CREG publicó un Proyecto de Resolución para recibir observaciones del sector y la ciudadanía. Esta iniciativa busca unificar, actualizar y simplificar las normas vigentes sobre los derechos y deberes de los usuarios de energía eléctrica, gas por red y GLP. El texto introduce reglas claras para la Infraestructura de Medición Avanzada (AMI), define la atención a autogeneradores y establece esquemas diferenciales de prestación, medición comunitaria y facturación flexible para zonas especiales o rurales de difícil acceso. Con esto, el ente regulador busca compilar en un solo estatuto las disposiciones dispersas y mejorar la relación entre empresas y clientes.

La CREG propuso adicionar la Resolución 101094 de 2025 para ampliar transitoriamente el plazo para que Proyectos con Obligaciones del sector energético presenten solicitudes de asignación de capacidad de transporte. Esta medida responde al retraso de la UPME en publicar procedimientos e información básica, afectando los tiempos previstos para radicar solicitudes. Con la adición, los interesados tendrán 30 días calendario tras la publicación de resultados de adjudicación para cumplir este requisito, garantizando seguridad jurídica y confianza. El proyecto está en consulta pública para recibir aportes antes de su aprobación final.