El Ministerio de Minas precisó que las entidades oficiales que no desarrollan actividades industriales o comerciales, en principio, no están obligadas a pagar la contribución de solidaridad en el servicio de energía eléctrica, ya que este gravamen recae sobre usuarios de estratos altos y sobre usuarios no residenciales con actividad económica industrial o comercial. El concepto aclara que la ley no distingue entre entidades públicas y privadas para definir los sujetos pasivos, sino que atiende a la naturaleza del usuario y su actividad. Por ello, las entidades del sector oficial solo serán contribuyentes cuando actúen como usuarios no residenciales con actividades industriales o comerciales.

El Ministerio de Ambiente explicó la evolución normativa del Reconocimiento de Personería Jurídica a Entidades Ambientalistas. Según la esta cartera ministerial, la Ley 99 de 1993 fue modificada, y la personería de organizaciones sin ánimo de lucro dedicadas a la protección ambiental ya no es reconocida por las alcaldías, sino que se adquiere a través del registro ante las Cámaras de Comercio. En cuanto a los recursos municipales (artículos 108 y 111 de la Ley 99 de 1993), el concepto de "mantenimiento" de áreas estratégicas para acueductos se ha ampliado. Estas inversiones deben enfocarse en Soluciones basadas en la Naturaleza, adaptación al cambio climático, restauración, rehabilitación y recuperación ecológica, o para financiar pagos por servicios ambientales, siempre buscando la preservación y restauración de los ecosistemas. El Ministerio, junto con la Ley 2320 de 2023, ha reiterado que las actividades deben alinearse con la preservación y restauración de ecosistemas, con el apoyo técnico de la autoridad ambiental.

La DIAN aclaró que los recursos de reconsideración deben radicarse exclusivamente de forma electrónica con firma digital, siendo este medio el que cumple el requisito de presentación personal para dichos recursos y otros escritos como respuestas a emplazamientos, requerimientos especiales y solicitudes de devolución. Si el sistema electrónico no está habilitado o regulado para ciertos documentos, la presentación personal es necesaria. Los escritos que no requieren esta formalidad pueden presentarse por canales electrónicos o físicos, considerándose auténticos con la autoría clara, incluso con firmas escaneadas. La DIAN recalca su función de interpretar las normas, sin establecer de oficio los tipos de presentación.

El Ministerio de Vivienda publicó un proyecto de resolución que modifica la Resolución 1010 de 2021. El objetivo principal es alinear el monitoreo del uso de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico (SGP-APSB) con la recién aprobada Ley 2538 de 2025, fortaleciendo la supervisión sobre el pago de subsidios. La propuesta introduce nuevos indicadores presupuestales y fiscales, como el "Balance de subsidios y contribuciones", y ajusta la verificación de "Obligación y pago de subsidios". Crucialmente, la iniciativa permite a municipios y distritos, por única vez, liberar fondos de Solidaridad y Redistribución de Ingresos que no sean necesarios para subsidios, para utilizarlos en otras actividades prioritarias del sector. Esta medida busca asegurar una gestión más eficiente y transparente de los recursos, impactando directamente a municipios, distritos y departamentos en la prestación de servicios esenciales.

El Ministerio de Ambiente publicó un proyecto de norma para declarar la Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter definitivo "Corazón del Mundo, Sierra Nevada de Santa Marta – Gonawindua", con una extensión de 1.5 millones de hectáreas. Esta medida integral busca proteger el ecosistema vital y su invaluable riqueza biocultural, respondiendo a la solicitud de los pueblos indígenas Wiwa, Kogui, Kankuamo y Arhuaco. La reserva blindará el territorio contra actividades extractivas, la expansión agrícola y el turismo no regulado, garantizando la conservación del agua, la biodiversidad y el patrimonio cultural. Fundamentada en principios de prevención y precaución ambiental, esta acción consolidará un régimen de ordenamiento que asegura la integridad ecológica y el bienestar de las generaciones futuras.