El Ministerio de Ambiente ha propuesto adoptar los términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) requerido para tramitar la licencia ambiental en proyectos de generación de energía eólica costa afuera. Esta medida responde a las disposiciones constitucionales y legales que buscan garantizar el desarrollo sostenible y la protección ambiental. La resolución establece lineamientos específicos y complementarios para estos proyectos, excluyendo la obligación del Diagnóstico Ambiental de Alternativas y enfatizando la necesidad de incorporar información adicional pertinente. Además, regula la transición para proyectos en trámite y reafirma que la presentación del EIA no asegura la obtención de la licencia, quedando abierta la potestad de requerir información adicional para evaluación.

La CREG publicó un proyecto de resolución para establecer las condiciones y el procedimiento de implementación de sandbox regulatorios en los sectores que regula, como la energía eléctrica, gas combustible y cadena de combustibles líquidos. Estos espacios controlados y temporales permitirán experimentar con modelos innovadores en regulación, tecnología y operaciones, evaluando su viabilidad y generando evidencia para posibles ajustes normativos. El proyecto promueve principios como la protección al usuario, la transparencia y la competencia, además de incluir criterios para la selección, implementación y evaluación de estas pruebas piloto. La CREG abrirá convocatoria pública y destinará recursos para su desarrollo, buscando fomentar la innovación, eficiencia y transición energética bajo un marco responsable y flexible.

El Ministerio de Ambiente publicó un proyecto de decreto para reglamentar el Artículo 15 de la Ley 1931 de 2018, definiendo los plazos de corto, mediano y largo plazo para las contribuciones nacionales ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Este decreto establece que el corto plazo comprende cinco años, el mediano diez años y el largo plazo supera los diez años, alineándose con el Acuerdo de París y la Estrategia Climática de Largo Plazo nacional. Además, se crea un ciclo nacional de ambición climática, que busca garantizar el aumento progresivo de metas y compromisos para mitigar gases de efecto invernadero y adaptarse a los impactos climáticos, coordinado bajo la Comisión Intersectorial de Cambio Climático (CICC). Con ello, Colombia fortalece su compromiso internacional, asegurando una gestión ambiental coherente y sostenible que promueva la carbono neutralidad y resiliencia climática hasta 2050.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado resolvió un conflicto de competencias entre la Junta Directiva de las Empresas Públicas de Medellín (EPM) y la Procuraduría Regional de Juzgamiento de Antioquia sobre quien es la autoridad competente para resolver una recusación en un proceso disciplinario. El caso se originó tras la recusación presentada por Javier Darío Fernández Ledesma contra el gerente general de EPM, en el trámite de apelación contra una sanción disciplinaria de primera instancia. La Sala concluyó que, en virtud del régimen jurídico aplicable y la estructura organizacional de EPM, la Junta Directiva no tiene superioridad jerárquica disciplinaria sobre el gerente. Por ello, declaró competente al alcalde de Medellín, Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, para decidir sobre la recusación, garantizando así la imparcialidad y el debido proceso en la actuación disciplinaria.

Descargue el  texto de las directrices impartidas por los ministerio de Minas y Trabajo que fijaron pautas para la contratación de personal en los programas estatales Colombia Solar y Comunidades Energéticas. Las autoridades ordenaron a los operadores de red y firmas contratistas vincular exclusivamente a técnicos electricistas que cuenten con formación académica acreditada, matrícula y tarjeta profesional vigente. La medida busca blindar la seguridad y eficiencia de las obras de infraestructura eléctrica, al tiempo que promueve la reconversión laboral y los empleos verdes en el país. El Gobierno enfatizó que los contratos deben asegurar condiciones de trabajo digno y decente con la debida afiliación a seguridad social.