El Ministerio de Ambiente publicó la Agenda ABC, una estrategia que articula el Agua, la Biodiversidad y las Comunidades como pilares del desarrollo nacional. La iniciativa propone avanzar de un enfoque de desarrollo sostenible hacia uno regenerativo, en el que la protección ambiental se consolide como una política de Estado transversal. Frente a los desafíos asociados a la degradación ambiental y las economías ilícitas, la Agenda ABC plantea impulsar la bioeconomía, fortalecer la seguridad hídrica, combatir la ilegalidad y promover la prosperidad de las comunidades. Para ello, contempla el uso de la ciencia y la tecnología, así como una gestión efectiva orientada a restaurar el capital natural y posicionar la conservación como una actividad económicamente rentable, de manera que la riqueza natural contribuya al progreso y la seguridad del país.

El expresidente Iván Duque Márquez presidirá el recién creado Grupo Asesor del Panel Técnico de Expertos (TEP) de la Cámara Internacional de Comercio (ICC) y Medidas de Carbono. Esta designación es un paso fundamental para establecer un marco de contabilidad de emisiones de carbono aplicable globalmente. El TEP, coorganizado por la ICC y Medidas de Carbono, trabaja en un momento de creciente urgencia para armonizar la contabilidad climática. El liderazgo de Duque, quien tiene vasta experiencia en gobierno y política climática, será esencial para conectar el rigor técnico del panel con líderes empresariales y responsables políticos, garantizando que el futuro sistema sea relevante y efectivo en el mundo real para impulsar la descarbonización.

La CREG solicitó a los comercializadores de energía que atienden el servicio de alumbrado público que entreguen datos detallados sobre el consumo eléctrico. Esta solicitud busca obtener información técnica sólida y actualizada para evaluar cómo se puede usar la energía de manera más eficiente en el alumbrado público de todo el país. El propósito es identificar posibles ahorros energéticos y usar estos datos como base para desarrollar futuras propuestas regulatorias que mejoren la gestión y sostenibilidad de este servicio esencial. La información es clave para los análisis de la CREG y no generará obligaciones inmediatas

La CRA recibió una consulta sobre posibles diferencias entre los cobros registrados en los recibos físicos a los usuarios, que incluyen intereses de mora y subsidios, y la facturación electrónica reportada a la DIAN, en la que estos conceptos no aparecen o figuran en cero. La CRA precisó que su función es exclusivamente regulatoria, mientras que la verificación de la correcta aplicación de las tarifas por parte del prestador y de la consistencia del costo unitario corresponde a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD). Frente a las diferencias entre la información tributaria y regulatoria, la CRA aclaró que la verificación de la facturación electrónica es competencia de la DIAN y que no está facultada para determinar posibles fraudes fiscales o contables. Asimismo, indicó que no puede ordenar el desglose de la facturación individual, función que corresponde al prestador y, en segunda instancia, a la SSPD.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda e acción popular presentada contra el Ministerio de Hacienda, el Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) por la omisión en la gestión y financiación del proyecto Variante San Francisco–Mocoa, única vía terrestre que conecta el Putumayo con el interior del país. La acción busca proteger derechos colectivos, enfatizando la vulneración del goce de un ambiente sano debido a la prolongada ejecución de la obra y el mantenimiento indefinido de una ruta con condiciones técnicas deficientes que generan impactos ambientales negativos, como la erosión, el derrame de hidrocarburos y la afectación de ecosistemas frágiles, manteniendo una amenaza estructural e inminente para la población y el entorno.