La CREG estableció un programa transitorio para que la demanda participe voluntariamente en la bolsa de energía. Este mecanismo permite a los usuarios del área Caribe 2, a través de un Representante RD, ofertar reducciones de consumo de energía (MWh) para el periodo del 27 de julio al 9 de agosto de 2026. Las ofertas son aceptadas si su precio es igual o inferior a un precio de reserva definido por la CREG. El objetivo es mitigar los impactos del mantenimiento programado de la planta de regasificación de Cartagena (30 de julio - 3 de agosto de 2026), reduciendo la exigencia del sistema, disminuyendo los requerimientos de generación térmica y contribuyendo a una operación segura y confiable del área, a cambio de un incentivo económico por las reducciones verificadas.

El Gobierno modificó la normativa sobre la Tasa por Utilización del Agua (TUA), la cual será efectiva desde el 1 de enero de 2027. Esta medida responde a imperativos constitucionales de protección ambiental y acuerdos sectoriales, buscando optimizar la gestión del recurso hídrico. El decreto ajusta definiciones, la fórmula de cálculo de la tarifa —incorporando un factor regional—, así como los procesos de causación, periodos de cobro y facturación. Su fin es fortalecer la protección, recuperación y monitoreo de aguas continentales superficiales y subterráneas, distribuyendo los recaudos en actividades para la preservación de cuencas y páramos, bajo la administración de las autoridades ambientales competentes

El Gobierno reglamentó los Consejos Territoriales del Agua (CTA), adicionando un capítulo al Decreto 1076 de 2015. Estos organismos nacen como instancias para fortalecer la gobernanza multinivel, inclusiva y justa del agua, así como el ordenamiento del territorio en torno a este recurso vital en ecorregiones estratégicas. Los CTA buscan impulsar transformaciones en la planificación territorial, priorizando la protección ambiental, la adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo. Estarán integrados por una amplia diversidad de actores, desde comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas hasta gremios, entidades ambientales, académicas y territoriales. Es crucial destacar que los Consejos tendrán un carácter exclusivamente consultivo, sin potestad decisoria ni facultad para alterar competencias constitucionales o legales preexistentes. Su financiación será a través de un esquema de concurrencia voluntaria, gestionada por los propios miembros, sin generar nuevas obligaciones fiscales. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible liderará su primera conformación y acompañamiento.

El Ministerio de Ambiente clarificó la aplicación de la Ley 2387 de 2024, que transformó la amonestación en sanción ambiental. La Entidad indicó que la amonestación, una advertencia escrita con educación ambiental o servicio comunitario, podrá sustituir multas para personas naturales con capacidad socioeconómica insuficiente, buscando proteger su mínimo vital. Se exige valorar el impacto de la infracción y las condiciones del infractor para aplicar esta sanción, especialmente si el daño no es grave, promoviendo así la conciencia ambiental y evitando afectaciones desproporcionadas.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) realiza un exhaustivo Análisis de Impacto Normativo (AIN) ex ante para evaluar la necesidad de regular los cinemómetros, dispositivos que miden la velocidad vehicular. El análisis parte de la identificación de un vacío normativo sobre las condiciones técnicas y de verificación metrológica de estos equipos, a pesar de existir legislación sobre su instalación y operación. La SIC busca establecer reglas claras y obligatorias para garantizar la calidad metrológica, la trazabilidad, la precisión de las mediciones y la estandarización de su instalación y operación, con el fin de aumentar la confianza ciudadana en la validez de las sanciones y fortalecer la seguridad vial. Este proceso incluye la consulta a actores clave del sector y la evaluación de distintas alternativas regulatorias, como el statu quo o la expedición de un reglamento técnico basado en estándares internacionales, utilizando criterios de calidad, disponibilidad de equipos, costos de cumplimiento y viabilidad institucional.Descargar documento