Estas precisiones de la CRA corresponden a un concepto resuelto por la Entidad antes de la entrada en vigor del nuevo régimen tarifario. La CRA aclaró que durante los años 2020 y 2021 no se efectuaron actualizaciones al Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) para los servicios de acueducto y alcantarillado, manteniendo las tasas establecidas en las resoluciones vigentes para grandes y pequeños prestadores. Este mantenimiento responde a la vigencia de cinco años que tienen las metodologías tarifarias, fortaleciendo la seguridad jurídica y la suficiencia financiera exigida por la Ley 142 de 1994. Las actualizaciones tarifarias se limitaron a la indexación de costos y activos mediante IPC y ajustes puntuales como tasas ambientales, costos operativos específicos, planes de inversiones y auditorías, garantizando la estabilidad financiera sin modificar la tasa de descuento durante ese periodo. La CRA enfatizó que cualquier cambio al WACC sólo se realizaría ante circunstancias extraordinarias, previo análisis particular.

El Consejo de Estado resolvió una demanda de nulidad contra el Decreto 207 de 1989, expedido por el alcalde de Santa Marta, que ordenó la creación de la empresa Metroagua S.A. E.S.P. El demandante alegó falta de competencia y extralimitación de funciones, mientras que el Tribunal Administrativo del Magdalena, en 2014, anuló el acto por considerar que el alcalde no estaba facultado para crear la sociedad. Sin embargo, en segunda instancia, el Consejo de Estado revocó esa decisión y negó las pretensiones. Concluyó que el alcalde sí tenía competencia, pues el Concejo Municipal le había otorgado facultades temporales y precisas mediante el Acuerdo 012 de 1988 para crear sociedades de economía mixta. Además, determinó que el Tribunal interpretó erróneamente el alcance de dichas facultades y desconoció la presunción de legalidad del acuerdo.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, liderada por Felipe Durán Carrón, inició en Medellín una inspección integral a Empresas Públicas de Medellín (EPM) que revisará aspectos financieros, técnicos y administrativos de sus servicios de acueducto, alcantarillado, energía y gas combustible. La evaluación verifica el cumplimiento normativo y la atención a usuarios, incluyendo la gestión operativa y ambiental del acueducto, la continuidad y seguridad en energía y gas, y la correcta aplicación de tarifas. Se examinan también los avances en la operación de las unidades de Hidroituango y las medidas ante el Fenómeno del Niño. Bajo la directriz presidencial, la Superservicios busca que EPM centre su operación en los derechos y bienestar de los usuarios, conforme a la legislación sectorial vigente.

La CRA respondió a una columna de opinión publicada en La República por la gerente de la EAAB, en la que se cuestionaba el Nuevo Marco Tarifario de acueducto y alcantarillado para grandes prestadores (Resolución 1032 de 2026). La CRA precisó que la metodología busca tarifas justas, basadas en costos eficientes y calidad del servicio, y que no fija directamente los valores que pagan los usuarios. Aclaró que los componentes ambientales y de eficiencia responden a retos estructurales del sector y promueven sostenibilidad. También indicó que el proceso contó con más de 1.600 aportes y más de cinco años de estudio técnico, reiterando que el debate debe ser técnico y no político.

La SSPD aclara que la negativa del usuario a permitir el ingreso a la unidad de almacenamiento de residuos no configura falla imputable al prestador del servicio público de aseo. En este contexto, el prestador no está obligado a conceder descuentos o compensaciones tarifarias. El aforo, entendido como la medición física de residuos para ajustar la facturación a la realidad, debe realizarse conforme a metodologías establecidas, siendo flexible en usuarios pequeños. Los usuarios tienen deberes claros sobre la presentación y almacenamiento de residuos, facilitando así la medición. Si no se puede hacer el aforo, el prestador puede facturar con promedios o datos similares. La SSPD reitera que las decisiones se basan en normativa vigente y buscan equilibrio entre derechos y obligaciones de usuarios y prestadores.