La CRA precisó, en el marco de la metodología tarifaria de la Resolución CRA 1032 de 2026 (Nuevo Marco tarifario de Acueducto y Alcantarillado para Grandes Prestadores), los prestadores deben incluir en sus estudios de costos y tarifas análisis técnicos pormenorizados sobre dosificaciones óptimas de insumos químicos. Estos análisis deben detallar tecnología, procesos, equipos y manejo de productos, conforme a los requisitos de la Resolución 330 de 2017 (modificada por la 799 de 2021) del Ministerio de Vivienda. La información de dosis óptimas y precios eficientes, con sus respectivos soportes y facturas, debe reportarse anualmente en el Sistema Único de Información (SUI), garantizando eficiencia y costo mínimo.

La SSPD precisó el alcance de las actividades que pueden desarrollar las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios de Energía Eléctrica. Su rol se centra en interpretar el régimen jurídico (Leyes 142 y 143 de 1994), delegando la regulación técnica y tarifaria a la CREG. El servicio de energía incluye el transporte y actividades complementarias como generación, comercialización, transformación, interconexión y transmisión. Cualquier persona jurídica que las desarrolle, independientemente de su denominación, queda sujeta al régimen de servicios públicos y a la vigilancia estatal. Se permite la integración de generación, distribución y comercialización en el Sistema Interconectado Nacional, siempre bajo la normativa de la CREG para promover competencia y prevenir conflictos de interés, incluyendo límites a la cobertura con energía propia. Las empresas con objeto múltiple deben llevar contabilidad separada. Superservicios no aprueba contratos preventivamente, sino que ejerce control posterior.

La Corte Constitucional analizó la negativa de Empresas Públicas de Medellín (EPM) a instalar el servicio de agua potable en modalidad prepago solicitado por una madre comunitaria, cuyo hogar atiende a 13 niños en condición de vulnerabilidad. Aunque la Corte determinó que no existía una vulneración actual del derecho al agua, debido a que el servicio no había sido suspendido, advirtió que la deuda existente representaba una amenaza de interrupción del suministro. Por ello, amparó el derecho fundamental al agua y precisó que, si EPM llegara a suspender el servicio, deberá garantizar de manera inmediata un suministro mínimo vital de entre 50 y 100 litros diarios por persona, mediante cualquier mecanismo tecnológico, mientras se reevalúa el acuerdo de pago. Además, exhortó al Distrito de Medellín a flexibilizar los requisitos para incorporar el hogar comunitario al programa de Mínimo Vital de Agua Potable.

La CRA orientó a los grandes prestadores ante la inminente aplicación de un nuevo esquema tarifario. Se precisa que el Área de Prestación del Servicio es definida por cada empresa, pudiendo integrar zonas urbanas de difícil gestión mediante condiciones especiales, mientras que la inclusión de sectores no legalizados no es obligatoria. La aplicación inicial de la metodología es progresiva, comenzando el 1 de julio de 2026 con una fase transitoria de cálculos simplificados, y la implementación plena de metas y planes de gestión para 2027. Además, se exigirá la desagregación detallada de los componentes tarifarios en las facturas desde los consumos de esa fecha, con la Comisión evaluando posibles ajustes a los plazos.

La CRA explicó por qué no modificó la fecha de entrada en vigor de la nueva metodología tarifaria, programada para el 1 de julio de este año. Ante las solicitudes de diversos prestadores que señalaron dificultades operativas para su implementación, la entidad concluyó que la postergación afectaría el equilibrio económico del sector y los objetivos de suficiencia financiera y eficiencia en la prestación del servicio. Se argumenta que el cronograma inicial ya consideró los tiempos necesarios y que extender el plazo impediría la aplicación de tarifas con sustento normativo tras expirar la metodología anterior. No obstante, la Comisión ha dispuesto guías y circulares de apoyo, enfatizando que el periodo inicial hasta diciembre de 2026 operará con un esquema de cálculo simplificado, permitiendo una transición gradual y progresiva de las nuevas reglas.