La CRA hizo precisiones sobre el ajuste tarifario para prestadores de acueducto y alcantarillado, especialmente aquellos de menor tamaño. Aclara que los costos económicos de referencia pueden ser actualizados mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC), manteniendo así su valor real en el tiempo. Los rangos tarifarios establecidos en resoluciones como la CRA 825 de 2017 y la CRA 943 de 2021 sirven de guía, permitiendo a las Juntas Directivas o entidades competentes locales realizar ajustes sin necesidad de solicitar una modificación particular de fórmula ante la CRA, siempre que no se excedan los máximos regulatorios y se cuente con el soporte técnico adecuado. La CRA pone a disposición diversos canales, como su página web, correo electrónico y un servicio de chat los martes, para ofrecer orientación técnica y jurídica sobre la aplicación de la normativa vigente.

 El Ministerio de Vivienda propone reglamentar las reglas mínimas para garantizar la divulgación y la participación ciudadana en las actuaciones de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA). Se establece un procedimiento único especial para la expedición de resoluciones de carácter general, que incluye etapas claras de planeación, diseño, redacción, consulta pública, revisión, publicación y evaluación. Se promueve el uso del Sistema Único de Consulta Pública (SUCOP) para la difusión de proyectos regulatorios, asegurando plazos mínimos para la recepción de observaciones (60 días para marcos tarifarios y 15 días para otros casos). Además, se regula la participación mediante consultas públicas presenciales y virtuales, la elaboración de documentos técnicos accesibles y la publicación de criterios de aceptación o rechazo de propuestas ciudadanas. Así, se fortalece la transparencia, la autonomía técnica de la CRA y el acceso a la información pública, garantizando procesos regulatorios participativos, técnicos y sostenibles.

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que modifica el Decreto 1077 de 2015 para fortalecer la gestión del servicio público de aseo. El proyecto de norma busca promover la economía circular, la sostenibilidad ambiental y la acción climática mediante la mejora en la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos sólidos. Entre sus objetivos destaca reducir la disposición en rellenos sanitarios, fomentar la separación en la fuente y aumentar el aprovechamiento de residuos, especialmente orgánicos. También regula actividades complementarias como el barrido, corte de césped y poda de árboles en áreas públicas, y establece mecanismos para la atención al usuario y transparencia en el servicio. Esta iniciativa contribuye al Programa Basura Cero y compromisos ambientales.

MinAmbiente precisó que las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) pueden ejecutar proyectos de saneamiento para proteger el entorno, pero no pueden integrar nuevas empresas de servicios públicos. Según el concepto 8227 de 2026, aunque las CAR financien infraestructura como plantas de tratamiento o rellenos sanitarios, la Ley 1450 de 2011 prohíbe su participación accionaria o administrativa en prestadores domiciliarios desde 2007. Su intervención debe limitarse a la remediación ambiental, entregando la operación de las obras a municipios o empresas especializadas. Esta restricción previene conflictos de interés, pues las CAR son autoridades que vigilan los impactos de los servicios que cofinancian.

La CRA precisó que el aumento en las tarifas de aseo no se rige únicamente por el salario mínimo. Bajo un modelo de "precio techo", la actualización depende de índices específicos: el barrido usa el SMMLV, pero la recolección se basa en el IPC y combustibles, mientras que la disposición final sigue costos de obras civiles. Las empresas pueden aplicar estos reajustes al acumularse una variación del 3%. Sobre actividades como poda y corte de césped, la comisión aclaró que son componentes integrales del servicio. Cualquier prestador registrado puede ejecutarlas y cobrarlas vía tarifa, sin requerir permisos contractuales adicionales de la CRA. El control de cobros e inspección recae en la SuperServicios.