La CRA aclaró que las empresas de servicios públicos pueden operar con esquemas diferenciados en zonas rurales, incluso si atienden la cabecera municipal con un modelo convencional. Esta flexibilidad aplica cuando el área rural, como la vereda Tierra Grata, presenta limitaciones técnicas o de infraestructura que justifiquen un esquema adaptado. La clave es que el prestador justifique estas condiciones, defina un plan de gestión y realice los reportes exigidos. No obstante, la metodología tarifaria se aplicará al Área de Prestación del Servicio completa, sin que la diferenciación rural implique automáticamente tarifas separadas, a menos que se cumplan criterios regulatorios específicos.
La Corte Constitucional precisó el derecho al agua potable, la vida digna, salud, debido proceso e igualdad, al analizar la exigencia de licencia de construcción para conectar el servicio de acueducto a una vivienda ya habitada. El Alto Tribunal determinó que condicionar la conexión a un requisito extralegal, como la licencia para edificaciones existentes, vulnera el debido proceso y los derechos fundamentales, especialmente de personas en situación de vulnerabilidad o discapacidad. Ordenó garantizar un suministro provisional de agua mínimo (50 litros/día por persona) y reevaluar la conexión sin impedimentos indebidos, enfatizando que las irregularidades urbanísticas no pueden negar el acceso al mínimo vital y que la dependencia de terceros para el agua no es compatible con la dignidad humana.
La CREG amplió a 30 días hábiles el plazo para que las empresas distribuidoras y comercializadoras de energía eléctrica y gas combustible presenten los estudios de costos asociados a la facturación conjunta de los servicios de aseo y alcantarillado. La medida, comunicada mediante la Circular 337 de 2026, responde a una solicitud de la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P., sustentada en las circunstancias excepcionales derivadas del sismo ocurrido el 10 de agosto de 2026. El plazo inicial, establecido en 15 días hábiles mediante la Circular 330 de 2026, fue ampliado para facilitar la entrega de la información actualizada con corte a diciembre de 2025.
La CRA analizó las reglas aplicables a la implementación de la estructura tarifaria de acueducto ante la entrada en operación de una nueva PTAP. Precisó que, para prestadores del segundo segmento, el Costo Medio de Administración (CMA) puede calcularse mediante la fórmula del primer segmento o fijarse dentro del rango regulatorio, utilizando soportes de los nuevos gastos administrativos asociados a la prestación del servicio. Asimismo, señaló que los costos de energía e insumos químicos requeridos para la potabilización pueden proyectarse cuando no exista información histórica, siempre que estén debidamente sustentados. La Comisión aclaró que los costos generados por nuevos activos pueden incorporarse conforme a las reglas de variación tarifaria y que, con información real de operación, deberán actualizarse los cálculos. También precisó las reglas sobre medición, subsidios y adopción de tarifas.
La CRA respondió una consulta sobre la propuesta de actualización tarifaria para el servicio de barrido y limpieza. Precisó que un prestador específico no fue incluido en la muestra encuestada para la recolección de información. La Comisión detalló que los costos laborales se basaron en la normativa vigente de 2024, sin una desagregación específica en la encuesta. Además, explicó cómo se calcularon los rendimientos de barrido manual y mecanizado, utilizando datos del SUI y encuestas, que influyen en el techo tarifario propuesto. Finalmente, la CRA señaló que los criterios de depuración de datos, incluyendo el método "Box Plot" para identificar atípicos, y la segmentación por clústeres, están ampliamente descritos en los documentos técnicos que sustentan la nueva regulación. La fase de participación ciudadana sobre esta propuesta ya concluyó.