La Superintendencia de Sociedades adoptó una modificación integral de la Circular Externa 100-000008 del 12 de julio de 2022, que contiene las instrucciones para la prevención, gestión y administración de los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (SAGRILAFT), así como del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE). La actualización busca armonizar el régimen con los cambios normativos, fortalecer los estándares de cumplimiento y unificar en un solo cuerpo las reglas aplicables a las entidades vigiladas. Entre los principales ajustes se precisan las obligaciones de debida diligencia, la identificación y gestión de riesgos, las funciones de los órganos de administración y del oficial de cumplimiento, los criterios para la implementación de los programas y los deberes de reporte y conservación de la información, con el propósito de reforzar la prevención de delitos y promover una cultura de transparencia, integridad y buen gobierno corporativo.

La Superintendencia de Sociedades adicionó los Capítulos V, VI y VII a la Circular Básica Contable 100-000007 de 2022. Esta normativa establece los lineamientos para la preparación, presentación y revelación de información financiera. El Capítulo V aborda regímenes especiales como compañías multinivel, SAPAC, operaciones de libranza, factoring y clubes de fútbol. El Capítulo VI detalla el régimen de insolvencia, incluyendo procesos de reorganización y liquidación judicial, así como mecanismos expeditos. Finalmente, el Capítulo VII regula la liquidación voluntaria, abarcando el contenido del inventario, distribución de remanentes y reactivación. Dirigida a representantes legales, contadores, revisores fiscales y liquidadores, esta circular busca proporcionar guías contables y de aseguramiento según la Ley 1314 de 2009.

La Superintendencia de Sociedades, ante diversas consultas sobre el no pago de la prima de emisión de acciones, precisó la consecuencia legal de su incumplimiento. La entidad aclara que la prima es parte integral del precio total de la acción, no una obligación independiente. Su impago no invalida el contrato de suscripción, que se perfecciona con la aceptación de la oferta. Sin embargo, activa las medidas de mora del artículo 397 del Código de Comercio, permitiendo a la junta directiva cobrar judicialmente, vender las acciones del moroso o imputar los pagos con una penalización del 20%, sin que la sociedad pueda declarar la suscripción sin efecto o extender plazos unilateralmente.

Ante las recurrentes dudas sobre el alcance de la admisión a trámite de reorganización, la Superintendencia de Sociedades emite un concepto clarificador. La entidad explica que la apertura concursal implica la suspensión automática de juicios de cobro, incluso con sentencia firme, integrando esos créditos al proceso para su calificación y graduación. La Ley 2437 de 2024 establece el levantamiento por ministerio de la ley de medidas cautelares sobre bienes no sujetos a registro, obligando a los jueces de ejecución a devolver los dineros y bienes al deudor. Los jueces individuales deben remitir los expedientes y suspender actuaciones, priorizando el principio de universalidad del proceso concursal.

Una reciente consulta planteó la necesidad de definir el tratamiento fiscal aplicable a sociedades que otorgan créditos a personas naturales no comerciantes cuando estas entran en procesos de insolvencia. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) respondió que, si bien no existe una disposición específica para esta situación, los contribuyentes pueden acogerse a los artículos 145 y 146 del Estatuto Tributario. Estos permiten deducir de la renta bruta una provisión para deudas de difícil cobro o el castigo de créditos definitivamente incobrables o perdidos. La clave para la deducción radica en demostrar la realidad de la deuda, justificar su descargo y probar las gestiones realizadas para considerarla incobrable, siendo la insolvencia del deudor un elemento a considerar en dicha evaluación.