La Agencia Nacional de Minería explicó aspectos sobre la forma de exigir y cobrar las deudas económicas derivadas de contratos de concesión minera. Precisa que el "canon superficiario" es una contraprestación legal obligatoria, un derecho del Estado que nace directamente de la ley. Para iniciar el cobro coactivo, es fundamental contar con un título ejecutivo que contenga una obligación clara, expresa y exigible, cuya prescripción de cinco años se cuenta desde la firmeza del acto administrativo que determina dicha obligación. Además, se precisa que la liquidación del contrato no es siempre una condición necesaria para proceder con el cobro.

El Consejo de Estado analizó un recurso extraordinario de revisión presentado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) contra una providencia del Tribunal Administrativo de Santander. Dicha providencia revocó una sanción impuesta a Limpieza Urbana S.A. E.S.P., originada por una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra resoluciones que aplicaban una multa por silencio administrativo positivo. La demanda inicial fue negada en primera instancia, pero el Tribunal la revocó, declarando la nulidad de los actos sancionatorios al considerar que no se configuró el silencio administrativo positivo, ya que la empresa respondió oportunamente. La SSPD alegó la existencia de dos sentencias contradictorias de segunda instancia. El Consejo de Estado declaró infundado el recurso, confirmando que solo hubo una sentencia válida y condenando a la SSPD en costas.

la Superintendencia de Sociedades abordó dos aspectos relacionados con la sostenibilidad empresarial. Frente al marco de derecho corporativo y transición justa, la entidad señala que la Circular Básica Jurídica 100-000020 de 2026 incorpora un marco de sostenibilidad empresarial vinculado con la transición verde y la descarbonización, tomando como referentes, entre otros, el Acuerdo de París, la Agenda 2030, las directrices de la OCDE, los estándares GRI e ISSB y la Taxonomía Verde de Colombia. Sobre la integración de factores ESG, indica que estos deben incorporarse en la estrategia y toma de decisiones, mediante la gestión de riesgos y oportunidades ambientales, sociales y de gobernanza, reportes de sostenibilidad y divulgación de información a los grupos de interés.

El Gobierno emitió directrices ante la expectativa de un fenómeno El Niño de intensidad histórica, que se prevé impactará con fuerza a Colombia hasta principios de 2027. Las proyecciones de centros internacionales confirman temperaturas oceánicas elevadas y la probabilidad de un evento muy fuerte, incluso superando registros desde 1950. Esta situación pone bajo considerable presión hídrica a los sistemas de suministro del país, con alertas de precipitaciones por debajo del promedio histórico en varias regiones, especialmente Andina y Caribe. El sector de agua y saneamiento básico enfrenta riesgos de desabastecimiento, afectación en la calidad del agua, daños en infraestructura por incendios forestales e impactos en la salud pública. Por ello, se insta a municipios, departamentos y prestadores de servicios a intensificar la preparación, identificando fuentes alternativas, optimizando el uso del recurso, fortaleciendo la capacidad operativa y activando mecanismos de seguimiento y alerta temprana para garantizar la continuidad del suministro. Se enfatiza la articulación de estas acciones con los planes de gestión del riesgo existentes y la coordinación interinstitucional para atender posibles emergencias.

Ante los retos que enfrenta el país en materia de infraestructura de energía y gas, por fenómenos naturales como El Niño y recientes sismos que han afectado gravemente la prestación de servicios esenciales, el Ministerio de Minas y Energía creó un Comité Sectorial para la Seguridad Energética Nacional. Su objetivo es coordinar de forma urgente acciones preventivas y de respuesta frente a limitaciones técnicas, operacionales o de infraestructura, garantizando así la confiabilidad, continuidad y el oportuno abastecimiento de energía eléctrica y gas combustible para todos los colombianos, reemplazando un comité anterior que no tenía carácter operativo.

El Ministerio de Ambiente busca renovar su esquema de publicación de información en el portal web institucional, con el propósito de garantizar un acceso más efectivo, claro y oportuno a los datos públicos, en línea con los principios de transparencia y el derecho ciudadano a la información. El nuevo sistema busca facilitar la consulta organizada y transparente de la información generada por la entidad, fortaleciendo la participación ciudadana y la rendición de cuentas. Los usuarios podrán consultar las categorías, responsables y periodicidad de los contenidos en las secciones dispuestas en el sitio web y enviar sus sugerencias para contribuir a su mejora continua. Los comentarios se recibirán hasta el 30 de septiembre a través del correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

La Secretaría Distrital de Ambiente consideró jurídicamente viable un proyecto de ley que busca otorgar mayor autonomía a los municipios para regular el uso de sus tierras rurales. Esta iniciativa pretende eliminar unas figuras de protección territorial previamente establecidas por una normativa nacional, que han generado inseguridad jurídica y afectan una vasta extensión del país, además de derechos de propiedad. Si bien se celebra el restablecimiento de la capacidad local, la Secretaría subraya la importancia de revisar cuidadosamente el procedimiento de derogación, considerando que las determinantes de ordenamiento territorial de alta jerarquía podrían requerir una ley orgánica, no una ordinaria, para su modificación.

El Ministerio de Ambiente clarificó aspectos sobre la participación de las autoridades ambientales regionales en los procesos de licenciamiento de grandes proyectos. Ante la inquietud sobre si el pronunciamiento requerido por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) debía abarcar la revisión completa de un Estudio de Impacto Ambiental o solo sus componentes de recursos naturales, el Ministerio precisa la función. Las autoridades regionales deberán emitir su concepto exclusivamente sobre el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables asociados al proyecto. La evaluación integral del estudio y la decisión final sobre la licencia ambiental son responsabilidad única y total de la ANLA, como la entidad competente para estos casos.