El Ministerio de Ambiente adoptó los Términos de Referencia (TdR-032) para elaborar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) requerido en el trámite de licencias ambientales globales o definitivas para proyectos de pequeña minería. La normativa, aplicable a titulares mineros clasificados en esta categoría, busca asegurar el desarrollo sostenible y la prevención del deterioro ambiental. Es relevante la incorporación de criterios específicos para evaluar impactos asociados al cambio climático, en acatamiento de la Sentencia C-280 de 2024 de la Corte Constitucional. Además, la resolución establece el procedimiento para la sustracción de áreas en reservas forestales nacionales y regionales cuando sea necesario. Esta medida deroga la Resolución 590 de 2018 y sustituye aspectos de la Resolución 1705 de 2024 referentes a la sustracción para la pequeña minería.

El Gobierno puso en marcha un proyecto que reforma la Resolución 0509 de 2018, buscando actualizar los requisitos para que las personas jurídicas puedan acceder al descuento del 25% en el impuesto sobre la renta por inversiones dedicadas al control, conservación y mejoramiento del medio ambiente. La propuesta ajusta la acreditación de proyectos de eficiencia energética en línea con las nuevas metas nacionales establecidas en el PAI PROURE 2022-2030. Además, introduce directrices y un nuevo formato específico para las inversiones destinadas a la gestión de residuos sólidos peligrosos. La normativa también actualiza los formatos de solicitud y exige el uso de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea (VITAL), otorgando un plazo de seis meses para su adaptación. Se reitera que las inversiones realizadas por mandato de una autoridad ambiental para mitigar impactos no serán elegibles para este beneficio.

El Gobierno creó la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear (ANSN), un organismo esencial para supervisar y controlar el uso seguro y pacífico de las tecnologías nucleares y las radiaciones ionizantes en todo el territorio nacional. La normativa regula aplicaciones en salud, industria, agricultura, investigación y docencia, garantizando la protección de personas y el ambiente contra los efectos nocivos de la radiación. La ANSN establecerá requisitos para reactores e instalaciones, otorgará autorizaciones, inspeccionará actividades, gestionará materiales nucleares y radiactivos, y asegurará el cumplimiento de obligaciones internacionales. Además, promoverá la seguridad tecnológica y física, la investigación y el desarrollo, fomentando una cultura de prevención de incidentes y asegurando la transparencia en la información pública sobre estas actividades. Todos los materiales nucleares serán para fines exclusivamente pacíficos. Ley 2603-2026

La CRA publicó el proyecto de norma que redefine la metodología tarifaria para el servicio público de aseo en municipios con más de 5.000 suscriptores, así como a gestores de disposición final o tratamiento de más de 300 toneladas mensuales; la medida busca alinear el sector con la Ley 2294 de 2023 y su programa "Basura Cero". La propuesta se asienta en cuatro pilares: justicia social y tarifaria, sostenibilidad, innovación y cierre de brechas, reconociendo el papel de los recicladores de oficio y fomentando la economía circular. Con una masiva participación ciudadana que generó más de 43.000 observaciones, el objetivo es garantizar un servicio eficiente, continuo y de calidad, promoviendo la reducción, reutilización y reciclaje de residuos.

La Superintendencia de Sociedades emitió directrices a los representantes legales, administradores, contadores públicos y revisores fiscales de sociedades comerciales y sucursales de sociedades extranjeras que comercialicen productos o servicios en red o mediante mercadeo multinivel. También se aplica a las Sociedades Administradoras de Planes de Autofinanciamiento Comercial (SAPAC), sociedades supervisadas que realicen operaciones de libranza o descuento directo, y a los factores constituidos como sociedades comerciales sujetos a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades. El objetivo es fortalecer la supervisión y unificar los requerimientos de información sobre la situación jurídica, contable, económica y administrativa de estas entidades.

 La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) analizó el proyecto que actualiza y armoniza las regulaciones sobre publicidad, promoción y exhibición de productos de tabaco, sus derivados y sucedáneos, conforme a la Ley 2354 de 2024 y el Convenio Marco de la OMS. El proyecto busca prohibir la exhibición pública de estos productos y establecer estrictos mecanismos de doble verificación para evitar su venta a menores de edad en el comercio electrónico. La SIC reconoce que, aunque estas restricciones podrían limitar la competencia al afectar la promoción comercial, están plenamente justificadas por el interés superior del Estado en proteger la salud pública y, especialmente, a niños, niñas y adolescentes, un objetivo respaldado por la jurisprudencia constitucional. Sin embargo, la SIC sugiere al regulador profundizar en la justificación de la razonabilidad y proporcionalidad de las nuevas obligaciones operativas y tecnológicas para el comercio electrónico.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) analizó el proyecto de resolución de la CREG sobre el Prestador de Última Instancia (PUI), reconociendo su importancia para la continuidad del servicio y la estabilidad del mercado, especialmente en áreas vulnerables. Aunque apoyó la asignación transitoria al CIOR, la SIC instó a la CREG a acelerar la implementación de un mecanismo competitivo para la selección del PUI, establecer plazos claros y asegurar que los incentivos no distorsionen la competencia. También recomendó verificar la suficiencia del umbral del 10% para la activación de contratación directa y el límite de precios de 1.5 veces, crucial bajo condiciones adversas del mercado energético, para proteger a los usuarios y garantizar el suministro efectivo. La transparencia en la actualización de costos fue otro punto clave.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) respondió a la Procuraduría, reafirmando la justificación legal y técnica para prohibir toda forma de promoción de cigarrillos, productos de tabaco, sus derivados y dispositivos asociados. La SIC fundamenta su proyecto de Circular Externa en la Ley 1335 de 2009 (Art. 16), expandida por la Ley 2354 de 2024, que incluye sistemas electrónicos y tabaco calentado, en consonancia con el Convenio Marco de la OMS y la interpretación de la Corte Constitucional (C-830 de 2010), que equipara la exhibición a promoción. Para proteger el derecho a la información del consumidor adulto, se permitirá un listado textual de precios, habilitando otros mecanismos. Aunque la medida protege indirectamente a menores, su objetivo principal es el cumplimiento de prohibiciones legales vigentes y la salud pública, sin implicar afectaciones anticompetitivas inherentes. El análisis de riesgos está en la memoria justificativa.