El Ministerio de Minas y Energía precisó que los recursos recaudados por el impuesto de alumbrado público conservan una destinación específica y no pueden utilizarse para fines distintos de los autorizados por la ley. Según la entidad, deben financiar la prestación del servicio, el suministro de energía, la administración, operación, mantenimiento, reposición, expansión y modernización del sistema, así como desarrollos tecnológicos y mejoras en eficiencia energética. También pueden cubrir inversiones en luminarias eficientes, sistemas de telegestión y fuentes de energía renovable, siempre que cuenten con justificación técnica y financiera en el Estudio Técnico de Referencia. Los municipios pueden destinar recursos a iluminación ornamental y navideña en espacios públicos, conforme a la ley.

La ANM precisó la aplicación del régimen sancionatorio y de seguridad minera frente a incumplimientos contractuales, suspensión de labores y prórrogas de concesiones. La entidad explicó que la caducidad exige un procedimiento con garantías de defensa y una decisión motivada, mientras que las multas proceden según la naturaleza de la infracción y las condiciones legales. Indicó que las suspensiones por seguridad pueden dar lugar a caducidad cuando persiste un incumplimiento grave por más de seis meses. Aclaró que, incluso durante la suspensión, se mantiene la obligación de reportar trimestralmente la producción, aunque el pago de regalías depende de la explotación efectiva. Si ocurre un accidente mortal, la medida no se levanta automáticamente: deben concluir las investigaciones y verificarse las acciones correctivas. Además, la prórroga no es automática y requiere evaluar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, técnicas y ambientales.

El Ministerio de Ambiente emitió directrices para agilizar el uso de la palma amarga (Sabal mauritiiformis) en el departamento del Tolima. Esta medida busca proveer insumos estructurales inmediatos para la atención de la emergencia causada por los recientes incendios, beneficiando directamente a las comunidades afectadas para reconstruir viviendas y asegurar su subsistencia. La circular orienta a CORTOLIMA y a la Policía Nacional a priorizar la protección de derechos fundamentales como la vida y la vivienda digna. Se permite a las comunidades aprovechar la palma en baldíos y predios colectivos bajo el "ministerio de la ley", mientras CORTOLIMA podrá hacerlo directamente. Además, la Policía deberá abstenerse de incautaciones si el aprovechamiento está amparado, buscando la recuperación ambiental, social y económica de la región.

El análisis del Ministerio de Minas precisa la obligatoriedad de planes de manejo ambiental y de tránsito para operadores de alumbrado público. Añade la Entidad que no existe una disposición legal o reglamentaria general que imponga un Plan de Manejo Ambiental (PMA) por la simple operación y mantenimiento ordinario del servicio. Sin embargo, su exigibilidad surge cuando actividades de modernización o mantenimiento generan impactos o residuos, requiriendo su determinación por la autoridad ambiental competente según el caso. Respecto al Plan de Manejo de Tránsito (PMT), la normativa sectorial no establece una obligación permanente. No obstante, las actividades de los operadores que implican intervención o afectación del espacio público vial, como obras o mantenimiento de infraestructura, conllevan la exigencia de un PMT, conforme a las regulaciones y requerimientos de las autoridades de tránsito.

La Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), en concepto jurídico del 22 de septiembre de 2026, respaldó el propósito del proyecto de Ley de Competitividad de simplificar y agilizar trámites, pero recomendó ajustes para proteger las competencias ambientales territoriales. Sobre el registro por autodeclaración de publicidad exterior visual, consideró favorable sustituir el trámite previo por un mecanismo expedito; sin embargo, advirtió que eliminar toda verificación antes de la instalación podría impedir a municipios, distritos y autoridades indígenas hacer efectivas las condiciones de ubicación, dimensiones e intensidad lumínica que establezcan para proteger el patrimonio ecológico local. Por ello, propuso retirar la referencia a un artículo declarado inexequible y permitir una verificación previa breve, limitada a esas condiciones. En materia de interoperabilidad, cuestionó la viabilidad de imponer nuevas obligaciones tecnológicas y recomendó fortalecer el intercambio de información entre autoridades ya previsto legalmente.

El Consejo de Estado analiza la diferencia entre el daño ambiental puro, que afecta los recursos naturales y el ambiente como bien colectivo, y el daño ambiental consecutivo, que comprende los perjuicios particulares derivados de esa afectación. En una acción de grupo contra la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) y el municipio de Dagua, los demandantes reclamaron indemnizaciones por los efectos de vertimientos de aguas residuales sobre la salud de habitantes del sector, las condiciones de sus viviendas y el aprovechamiento económico del predio Byblos, en el corregimiento de Borrero Ayerbe. La Sala negó las pretensiones porque, aunque se evidenciaron deficiencias en el alcantarillado y contaminación por vertimientos, no se probaron de manera suficiente los daños individuales cuya reparación se solicitaba. El dictamen pericial aportado se orientó a constatar la afectación ambiental colectiva, pero no determinó la existencia ni la magnitud de los perjuicios particulares atribuibles a esa contaminación.

El Consejo de Estado negó la medida cautelar de urgencia solicitada por Proalimentos Liber S.A.S. -en reorganización- contra la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), en una demanda que busca la nulidad parcial de disposiciones del pliego de condiciones y de su primera adenda en una licitación para la contratación del servicio de alimentación de la población privada de la libertad. La empresa cuestionó las reglas que establecían reducciones de puntaje a proponentes por sanciones, multas, declaratorias de incumplimiento y otras conductas, al considerar que vulneraban la selección objetiva y carecían de fundamento legal. Sin embargo, la Sección Tercera concluyó que la suspensión perdió objeto, pues el contrato ya había sido adjudicado el 30 de noviembre de 2023 y los actos cuestionados habían cumplido su finalidad. Además, señaló que los argumentos sobre la presunta ilegalidad de las reglas corresponden al estudio de fondo de la demanda, no a la urgencia de la medida, que tampoco se solicitó oportunamente.

El Consejo de Estado analizó la protección de los derechos colectivos al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, a la prestación eficiente y oportuna de los servicios públicos y a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, ante las interrupciones del suministro de agua potable en Cartagena, asociadas, entre otros factores, a la proliferación de microalgas en las fuentes de abastecimiento. La controversia involucra a Acuacar S.A. E.S.P., empresa encargada del servicio de acueducto, cuyos racionamientos implementados en 2026 fueron cuestionados por sus efectos sobre la continuidad del suministro. Al resolver la apelación contra las medidas cautelares decretadas por el Tribunal Administrativo de Bolívar, la corporación consideró acreditada la falta de continuidad del servicio y la necesidad de proteger oportunamente a la población. Por ello, confirmó la suspensión de los racionamientos que no estén justificados en las causas previstas en la Ley 142 de 1994, como reparaciones técnicas, mantenimientos periódicos o fuerza mayor, y exigió la socialización previa de las suspensiones. Asimismo, ordenó a Acuacar informar, dentro de las 72 horas siguientes a la notificación, si las medidas aplicadas entre el 17 de mayo y el 1 de julio de 2026 fueron efectivas para mitigar la propagación de las microalgas y, de no ser suficientes, precisar las acciones adicionales para reducir sus efectos sobre el servicio.