El Gobierno modificó el régimen del Decreto 1083 de 2015 y establece nuevas reglas para el nombramiento de los superintendentes de Industria y Comercio, Financiero y de Sociedades. La norma mantiene que estos cargos son de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República, pero introduce la posibilidad de realizar invitaciones públicas para que aspirantes que cumplan los requisitos se postulen al cargo. Además, el Presidente podrá solicitar conceptos de organizaciones ciudadanas, sociales, universitarias o académicas sobre los candidatos y realizar entrevistas. La medida busca armonizar la facultad presidencial con mayores estándares de transparencia, idoneidad y experiencia en cargos clave de inspección, vigilancia y control.

El Gobierno subrogó un capítulo del Decreto 1072 de 2015 para unificar y reglamentar exhaustivamente las prácticas laborales y los contratos de aprendizaje. La medida enfatiza la protección del trabajo como derecho social, garantizando condiciones dignas, libertad sindical y negociación colectiva para todos, incluidos aprendices y practicantes. El decreto distingue claramente la naturaleza formativa de las prácticas, evitando su confusión con relaciones laborales, y define el contrato de aprendizaje como un vínculo especial con fin formativo. Además, establece mecanismos contractuales, incluye requisitos para estudiantes extranjeros y obliga a implementar protocolos contra el acoso sexual, consolidando una regulación más clara y justa para el ámbito formativo laboral.

El Gobierno publicó decreto que dicta medidas extraordinarias para el sector transporte ante la grave emergencia económica, social y ecológica declarada. Un fenómeno hidrometeorológico atípico provocó inundaciones masivas, movimientos en masa y crecientes súbitas, causando daños severos en la infraestructura vial del país. Hasta el 20 de febrero, se reportaron 190 eventos en la red vial nacional, con 71 cierres totales, comprometiendo la conectividad territorial, el abastecimiento de bienes esenciales y la movilidad de la ayuda humanitaria. El decreto autoriza al Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) a invertir y ejecutar recursos extraordinarios para atender, mitigar, rehabilitar y recuperar la infraestructura vial afectada. Además, de forma excepcional, INVÍAS podrá adicionar contratos de obra, mantenimiento e interventoría actualmente en ejecución en las zonas impactadas sin límite de valor, siempre que se justifique su necesidad para conjurar la crisis. Las medidas son temporales y aplicables exclusivamente en los departamentos cubiertos por el Decreto 150 de 2026, buscando restablecer la transitabilidad y proteger a la población.

El Gobierno oficializó el aplazamiento de la entrada en vigencia del régimen de reservas técnicas para las entidades aseguradoras y de la Norma de Información Financiera NIIF 17. La fecha de implementación, inicialmente fijada para el 1 de enero de 2027, se posterga ahora al 1 de enero de 2028. Esta decisión surge tras una solicitud de la Federación de Aseguradores Colombianos (FASECOLDA), que advirtió sobre "brechas en la adopción de herramientas tecnológicas, en la disponibilidad de datos históricos de calidad y en la capacidad operativa". La Superintendencia Financiera de Colombia y el Consejo Técnico de la Contaduría Pública avalaron la prórroga, reconociendo los "retos importantes" para las entidades vigiladas. El aplazamiento busca facilitar una transición "gradual y ordenada", garantizando la sostenibilidad del sector y mitigando posibles impactos en la información financiera.

El Gobierno publicó un Decreto que busca impulsar la producción y reindustrialización del país. La medida principal permite ahora que mercancías nacionales y nacionalizadas, incluso si pertenecen a terceros, ingresen a depósitos privados destinados a transformación y/o ensamble. Esta flexibilización, que requiere un contrato y que las mercancías estén ligadas a la actividad comercial del titular del depósito, está diseñada para fomentar procesos productivos, especialmente en el sector automotriz. Además, el decreto establece un plazo de almacenamiento de quince días hábiles para mercancías importadas bajo esta modalidad, seguido del tiempo de producción más dos meses, asegurando así un control aduanero eficiente y la correcta disposición final de los bienes. La normativa también exige la clara identificación y separación de todos los tipos de mercancías dentro de estos depósitos para mantener la trazabilidad.

 El Gobierno aplazó la entrada en vigencia de la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF 17) "Contratos de Seguro" hasta el 1 de enero de 2028. La decisión modifica el Decreto 1271 de 2024, que inicialmente fijaba el 2027 como fecha de implementación para las entidades del Grupo 1. La Federación de Aseguradores Colombianos (FASECOLDA) solicitó el aplazamiento, citando "brechas en la adopción de herramientas tecnológicas, en la disponibilidad de datos históricos de calidad y en la capacidad operativa". Tanto la Superintendencia Financiera como el Consejo Técnico de la Contaduría Pública respaldaron la medida, reconociendo los significativos desafíos de adaptación. Este ajuste busca asegurar la confiabilidad de la información financiera y facilitar una transición gradual y ordenada para el sector asegurador.

El Gobierno emitió un decreto para la reactivación ferroviaria del país, modificando el régimen de zonas francas. La normativa establece la creación de "zonas francas permanentes especiales" dedicadas a la infraestructura y actividades ferroviarias, buscando atraer nuevas inversiones, generar empleo y potenciar la competitividad regional. Esta estrategia se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo para fortalecer la intermodalidad y reducir costos logísticos. El decreto permite que el material rodante opere más allá del área declarada de la zona franca para conectarse a la red nacional, considerando toda el "Área Ferroviaria" como continua. Se fijan nuevos requisitos de inversión y empleo, y se aclara que las inversiones obligatorias de contratos preexistentes no se contabilizarán como "nueva inversión" para acceder a los beneficios, garantizando equidad. Además, la norma busca promover encadenamientos productivos con la economía popular, impulsando el desarrollo local.

El Gobierno expidió Decreto excepcional para abordar la crisis habitacional en ocho departamentos gravemente afectados, como Córdoba y Antioquia, tras un frente frío que causó inundaciones y deslizamientos. La emergencia dejó más de 252.000 personas damnificadas y miles de viviendas averiadas o destruidas. Las medidas incluyen la flexibilización de requisitos para subsidios de vivienda, la agilización de trámites urbanísticos y la autorización a alcaldes para realizar ajustes excepcionales en los Planes de Ordenamiento Territorial. El Ministerio de Vivienda y Fonvivienda podrán intervenir directamente, adquirir suelos y financiar proyectos de reasentamiento colectivo, buscando garantizar soluciones habitacionales dignas y seguras para la población afectada, cuya identificación se realizará mediante el Registro Único de Damnificados.