La ANLA continúa el proceso de participación ciudadana tras una reunión informativa con más de 600 asistentes sobre la modificación de la licencia ambiental para la ampliación del Aeropuerto Rafael Núñez. La Audiencia Pública Ambiental, solicitada por la Federación Étnica de Pescadores Artesanales de La Boquilla (FETEPESCA) y ciudadanos, se celebrará el próximo 30 de noviembre. Este espacio permitirá a las comunidades y demás interesados presentar opiniones, información y documentos sobre los posibles impactos ambientales y las medidas de manejo propuestas, aportes que serán considerados por la ANLA en la evaluación. Para intervenir, es indispensable inscribirse hasta el 24 de noviembre a las 5:00 p.m. a través de diversos canales, incluyendo formularios en línea y puntos físicos. La Operadora Internacional Aeropuerto de Cartagena S.A.S. (OINAC) facilitará rutas de transporte.
El Ministerio de Vivienda publicó un proyecto con el cual reglamenta el artículo 25 de la Ley 2079 de 2021, que permite canalizar recursos privados hacia proyectos de Vivienda de Interés Social Rural y Vivienda de Interés Prioritario Rural a través de los mecanismos de Obras por Impuestos y Obras por Regalías, en las modalidades de vivienda nueva y mejoramiento. La norma responde a la orden judicial impartida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y confirmada por el Consejo de Estado, que fijó un plazo de ocho meses para la reglamentación. El texto dispone que el valor de las viviendas nuevas no podrá exceder los máximos definidos por el Gobierno nacional, que los mejoramientos deben realizarse en inmuebles dentro del tope de la vivienda de interés social, y que los proyectos deben cumplir las normas ambientales, territoriales, urbanísticas y de patrimonio cultural. Además, remite al Manual Operativo de Obras por Impuestos los requisitos de selección de hogares beneficiarios y sujeta la ejecución al cupo anual del CONFIS y a los sistemas de seguimiento y control.
El Ministerio de Vivienda proyecta adicionar un capítulo al Decreto 1077 de 2015 para establecer la protección de moradores en las actuaciones de renovación urbana que requieran la gestión asociada del suelo o la adquisición de inmuebles por enajenación voluntaria o expropiación. La propuesta responde a las dificultades identificadas en la aplicación del Decreto 785 de 2026, entre ellas la fijación de estándares homogéneos en materias de ordenamiento territorial y la indeterminación de condiciones de participación equitativa. El texto define la condición de morador, incluidos los arrendatarios y poseedores, y la incluye para las unidades productivas; ordena un censo socioeconómico con fecha de corte cierta y un plan de gestión social con responsables, costos, financiación y cronograma; incorpora los costos de protección al reparto equitativo de cargas y beneficios sin descontarlos del aporte de los propietarios; conserva las garantías de información, formas preferenciales de pago, derecho de preferencia, enfoque diferencial y vivienda de reemplazo, y respeta la autonomía territorial y las políticas locales que otorguen mayor protección.
El Ministerio de Minas modificó la Resolución 40066 de 2022 para establecer nuevos plazos en materia de detección y reparación de fugas, aprovechamiento, quema y venteo de gas natural durante la exploración y explotación de hidrocarburos. La decisión respondió al análisis técnico según el cual, durante 2025, cerca del 45 por ciento de las líneas base de fugas fueron realizadas por las propias operadoras, el 38 por ciento por organismos no acreditados y solo el 16 por ciento por entidades acreditadas, lo que evidenció la oferta insuficiente de servicios de inspección acreditados en el país. La norma otorga doce meses para el informe de eficiencia de la tea y para las adecuaciones de aprovechamiento del gas de venteo, y veinticuatro meses para la línea base de fugas, con plazos adicionales excepcionales de doce meses. Mantuvo la inspección por terceros acreditados como mecanismo principal y admitió de manera transitoria las declaraciones de primera parte conforme a la norma NTC-ISO/IEC 17050.
El Ministerio de Ambiente publicó un proyecto con el cual busca reglamentar la meliponicultura, actividad de manejo sostenible de colonias de abejas nativas sin aguijón, con el propósito de ordenar su crecimiento acelerado en el país, donde ya se reportan al menos 175 meliponarios en 23 departamentos y cerca de 4.823 colonias bajo manejo. La norma establece un procedimiento único y gratuito, articulado con la ventanilla VITAL, para el registro de los meliponarios y el otorgamiento del permiso de funcionamiento, con definiciones sobre tipos de colmenas, unidad ecológica, fuentes de obtención de colonias, obligaciones del meliponicultor y exigencia del libro de manejo. El proyecto define fines como el autoconsumo, la comercialización, la polinización dirigida, la investigación, la educación, la conservación y el turismo, y prohíbe la extracción de nidos sin autorización, la movilización de colonias sin salvoconducto, su traslado fuera del área de distribución natural y la cosecha de productos de meliponarios no registrados.
La CRA modificó el régimen del desincentivo al consumo excesivo de agua establecido por la Resolución CRA 1005 de 2024, aplicable cuando se presenten déficits de precipitación por fenómenos naturales o condiciones de variabilidad climática. La norma amplió el catálogo de usuarios no sujetos a la medida, entre ellos entidades educativas, hospitales, cuerpos de bomberos, templos y centros de atención a población vulnerable, y definió reglas para hogares con más de cuatro residentes, que pueden solicitar un consumo objetivo equivalente al 110 por ciento de su promedio de los últimos doce meses. Estableció un factor porcentual diferencial por estrato para liquidar el desincentivo, desde el 20 por ciento para el estrato 1 hasta el 100 por ciento para los estratos 5 y 6, además de criterios para usuarios sin parametrización, indicadores de seguimiento ante el SUI y el reconocimiento público a los prestadores destacados en la promoción del ahorro del agua.
La SSPD analizó el régimen jurídico aplicable a la liquidación de prestadores de servicios públicos constituidos como Empresas Industriales y Comerciales del Estado del orden territorial, así como los mecanismos de recuperación de cartera. La entidad concluyó que la Ley 142 de 1994 no contiene un régimen general de liquidación ni un plazo para culminarlo, por lo que resulta aplicable el Decreto Ley 254 de 2000, modificado por la Ley 1105 de 2006, con la adaptación correspondiente a cada nivel territorial. Precisó que el plazo y la prórroga del proceso, al igual que la designación del liquidador, deben definirse mediante el acto administrativo que ordene la liquidación y conforme a las competencias del respectivo ente territorial. En materia de cartera, indicó que el liquidador debe procurar la recuperación de los créditos para atender los pasivos, con la posibilidad de suscribir acuerdos de pago, acudir a la jurisdicción ordinaria o ejercer el cobro coactivo, este último reservado a las EICE y a los municipios prestadores directos.
La SSPD precisó el régimen jurídico aplicable a la gestión y recuperación de cartera, así como la posibilidad de que un prestador descarte los intereses moratorios sobre obligaciones cobradas mediante la jurisdicción coactiva. La entidad concluyó que el cobro de intereses de mora es una facultad y no una obligación del prestador, quien puede cobrarlos, reducirlos o condonarlos, sin que esa decisión afecte el capital correspondiente a los servicios efectivamente prestados, pues su exoneración no está amparada legalmente y comprometería la suficiencia financiera. Precisó que el cobro coactivo está reservado de manera exclusiva a las empresas industriales y comerciales del Estado prestadoras y a los municipios o distritos que suministren directamente los servicios, mientras las demás empresas solo pueden cobrar ejecutivamente su cartera ante la jurisdicción ordinaria. Añadió que las decisiones de recuperación de cartera no requieren aprobación previa de la Superintendencia.