Los consorcios y uniones temporales que deseen participar en un proceso de contratación pública deben presentar sus ofertas a través de la plataforma SECOP II, registrándose como proponentes plurales, lo que implica que deben seguir las indicaciones específicas para conformarse y presentar sus propuestas correctamente. Esto garantiza que sólo se consideren las ofertas presentadas a través del usuario correspondiente a la unión temporal o consorcio.

El Consejo de Estado determinó que la caducidad de un contrato de obra se justificó por los incumplimientos del contratista, que reflejaron su falta de capacidad operativa y administrativa. Las razones incluyeron la ausencia de personal mínimo requerido, falta de afiliación al sistema de seguridad social, y la inasistencia del director de obra a las reuniones. A pesar de que el contratista alegó que los retrasos eran atribuibles a la necesidad de realizar obras no previstas, el Consejo consideró que esto no lo eximía de sus responsabilidades contractuales. Además, se evidenció que el contratista no cumplió con requisitos previos necesarios para la ejecución del contrato. Se concluyó que se respetó el debido proceso durante la declaración de caducidad del contrato, y se reafirmó que los múltiples incumplimientos justificaban la decisión administrativa.

El caso se centra en una demanda presentada por Corpoguajira contra su exdirector al no haber incorporado a una funcionaria en la nueva planta de personal, a pesar de haber obtenido el primer lugar en el concurso para un cargo. El director general de Corpoguajira, el 14 de agosto de 2009, emitió las resoluciones 001747 y 001748, excluyendo a una funcionaria que había ganado el concurso para la nueva planta de personal. Este hecho llevó a la funcionaria a demandar, obteniendo una sentencia favorable. Corpoguajira, al asumir la condena, busca recuperar el monto pagado, acusando al exdirector de actuar con culpa grave. La Ley 678 de 2001 es relevante en este caso, así como la necesidad de que la entidad presente pruebas concretas en el nuevo proceso de repetición debido a la falta de culpabilidad grave demostrada por el demandado. La reestructuración de Corpoguajira fue respaldada por autoridades y se justificó por problemas financieros.

Además, la Sala determinó que el transformador y las instalaciones eléctricas conectadas eran de propiedad de la demandante, lo que implica que ella era responsable del mantenimiento de su infraestructura interna. La empresa EMCALI solo es responsable hasta el punto de conexión, y el incendio, generado por condiciones en la instalación del usuario, escapaba a su control. Por estas razones, se concluyó que los daños ocasionados no eran imputables al operador de red.

Para el ministerio de Ambiente La formalización del registro de la Reserva Forestal Protectora Nacional Serranía de Coraza y Montes de María en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas es esencial para garantizar la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas en esta región. Dicha reserva, con una extensión de 6,730 hectáreas, desempeña un papel crucial al albergar ecosistemas de Bosque Seco Tropical, que son vitales para la recarga de acuíferos y el suministro de agua a comunidades locales.

En febrero de 2025, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación mensual del 1,14%, impulsada principalmente por los aumentos en las divisiones de Educación (5,57%) y Transporte (1,57%). La variación anual del IPC fue del 5,28%, destacando las contribuciones de Alojamiento, agua, electricidad y Alimentos. Las mayores contribuciones mensuales provinieron del transporte urbano y educación preescolar. La cobertura en la recolección de registros fue del 98,25%.

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento (CRA) presentó un estudio con el fin de aumentar la eficiencia en los servicios de acueducto y alcantarillado. Se identificaron 21 componentes de costos administrativos, como capacitación del personal, gastos de facturación y adquisición de software, así como 25 tipos de costos operativos, que incluyen infraestructura informática y uso de combustibles. El análisis busca establecer señales regulatorias que fomenten la implementación de innovaciones tecnológicas en estos servicios, beneficiando a los usuarios. La directora ejecutiva de la CRA, Nelly Mogollón, destacó la importancia de la colaboración entre diferentes entidades gubernamentales para desarrollar regulaciones efectivas. Este esfuerzo se enmarca en la necesidad de adaptarse a los desafíos del cambio climático y garantizar un servicio continuo y de calidad.

   Sobre la consulta elevada, se menciona que la intervención de una empresa de servicios públicos domiciliarios no necesariamente implica la pérdida de la propiedad accionaria de sus socios. La naturaleza de la intervención dependerá de si es administrativa o liquidataria. En la primera, que busca superar causales sin afectar las acciones de los socios, su finalidad es garantizar la continuidad del servicio.