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prensa juridica

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La Autoridad Minera abordó a través de este documento, los siguientes ejes temáticos, en relación con las disposiciones aplicables para la declaración y delimitación de áreas de reserva especial, así como el otorgamiento del contrato especial de concesión en dichas áreas: I) la figura del Área de Reserva Especial, y II) el procedimiento actual- mente previsto para su declaración y delimitación, para a partir de allí: “indicar la normativa aplicable al trámite administrativo para la declaración y delimitación de las Áreas de Reserva Especial, y la procedencia del otorgamiento del contrato especial de concesión en áreas de reserva especial en favor de las mismas comunidades que han adelantado explotaciones mineras tradicionales y en las que se presenten propuestas de contrato de concesión”.

El Consejo de Estado confirmó nulidad de los actos en los que la Secretaría de Hacienda de Risaralda, modificó las declaraciones presentadas por BAVARIA, respecto del impuesto al consumo de cervezas, sifones y refajos, en unos periodos del 2016. La Sala explicó que el artículo 186 de la Ley 223 de 1995 (tributaria), señala que el hecho generador del impuesto al consumo está constituido por el consumo en el territorio nacional de cervezas, sifones, refajos y mezclas de bebidas fermentadas con bebidas no alcohólicas. “La citada norma surtió debate en el Congreso de la República bajo el Proyecto de Ley No. 026 de 1995, cuyo texto inicial se encontraba redactado de la siguiente manera: «Artículo 176. Hecho generador. Está constituido por el consumo de cervezas, sifones, mezclas de estos productos con otros, y refajos, independientemente de su contenido alcohólico, en la jurisdicción de los Departamentos y del Distrito Capital». Luego de diferentes debates en el Congreso la expresión «independientemente de su grado alcohólico» fue suprimida, porque se consideró que era necesario hacer una distinción entre las bebidas cuyo grado de alcohol fuese mayor”.

A través de este Auto, para la Sala, especto a la solicitud de suspensión provisional de los efectos del pliego de condiciones definitivo de la Licitación Pública, con el fin de verificar si el trámite contractual adelantado por el Gerente de la Lotería del Quindío, si trasgredió o no el literal g) del artículo 7º de la Ordenanza 009 de 1995, por carecer de autorización para iniciar el trámite de licitación, efectuará un análisis completo de los antecedentes administrativos del acto acusado propio de la sentencia que ponga fin al proceso con miras a verificar si se dio o no la autorización y cuáles son los efectos que produciría en el trámite contractual.

La SuperSociedades indica que “declarada la extinción del derecho de dominio del 100% de las acciones, cuotas, derechos o partes de interés que representen el capital de una sociedad o persona jurídica, el Estado adquiere la titularidad del derecho de domino de tales bienes. Sin embargo, la naturaleza de los bienes respecto de los cuales se extinguió el derecho de dominio en favor del Estado no cambia, lo que cambia es la titularidad de los bienes en virtud de la sentencia de extinción de dominio correspondiente. La administración de los bienes será de resorte del administrador del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO), conforme al artículo 91 de la Ley 1708 de 2014 y las normas que lo modifican y adicionan”.

A través de este concepto se hace referencia a los siguientes ejes temáticos: I) contrato de servicios públicos - Naturaleza jurídica; II) suspensión y corte del servicio público de energía - presupuestos legales; III) terminación del contrato de servicios públicos por parte del prestador; IV) terminación del contrato de servicios públicos por parte del usuario; V) indemnización de una prestadora a los usuarios por daños y perjuicios y; VI) embargabilidad de las cuentas bancarias de propiedad de las empresas de servicios públicos.

La Entidad explicó que es dable establecer que, si el suelo urbano de determinada zona incluye centros poblados rurales y así lo establece el perímetro urbano y/o suelo urbano definido por el municipio, el prestador de los servicios públicos de acueducto y/o alcantarillado dentro de las áreas del perímetro urbano, está en la obligación de expedir la certificación de viabilidad y disponibilidad inmediata de los referidos servicios, cuando le sean solicitadas.

 De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.3.3.1.2.2. del Decreto 1077 de 2015 el Gestor es el responsable de la gestión, planeación, implementación y ejecución de los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA) y los asuntos relacionados con agua potable y saneamiento básico en el departamento. Valga mencionar que, en los términos del artículo 18 de la Ley 142 de 1994 y demás normas concordantes, pueden ser gestores las empresas de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, siempre que sus estatutos lo permitan.

“Para aquellos proyectos cuyo valor sea inferior al tope fijado en el numeral 1 del artículo 96 de la Ley 633 de 2000, las autoridades ambientales deberán aplicar lo dispuesto en la Resolución 1280 de 2010. Este acto administrativo actualmente vigente, definió la escala tarifaria para el cobro de los servicios de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de manejo y control ambiental para proyectos cuyo valor sea inferior a 2115 SMMV y la tabla única para la aplicación de los criterios definidos en el sistema y método determinado en la Ley 633 para la liquidación de la tarifa, sobre la cual, en el parágrafo 2 del artículo 2 estableció que a pesar de que el uso e implementación de la tabla única es de carácter obligatorio, su uso será conforme a la estructura y funcionamiento de las autoridades ambientales”.