El Ministerio de Ambiente sometió a consulta pública un proyecto que redefine las reglas para la presentación de los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) de los proyectos sometidos al seguimiento de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). La iniciativa busca unificar y estandarizar los plazos de entrega de estos informes según su periodicidad (trimestral, semestral o anual) y el último dígito del expediente, con el fin de optimizar el proceso de evaluación y seguimiento ambiental. Además, establece un régimen de transición, ajusta la periodicidad cuando los instrumentos de manejo no la definan expresamente, fija criterios de conformidad sobre la información documental y geográfica, precisa el procedimiento para subsanar inconsistencias y deroga las resoluciones 077 de 2019 y 549 de 2020 para fortalecer la eficiencia y seguridad jurídica del proceso de control ambiental.

El Ministerio de Agricultura se alista para modificar la Resolución 000141 de 2025, buscando optimizar el registro de guaduales y bambusales categoría 3. La actualización, impulsada por retos técnicos y legales del ICA, simplificará definiciones, detallará los requisitos de inscripción para productores –incluyendo georreferenciación y comprobación de tenencia– y delimitará competencias con autoridades ambientales, especialmente en zonas de protección. Además, la resolución establece un régimen de transición crucial: propietarios con registros antiguos de "plantación forestal comercial" tendrán hasta el 31 de diciembre de 2027 para actualizarse, mientras que las plantaciones categoría 3 no inscritas tendrán hasta el 15 de junio de 2028 para formalizar su situación. El ICA deberá ajustar sus procedimientos antes del 31 de diciembre de 2026 para facilitar la implementación. El objetivo es fortalecer la coherencia normativa y operativa del sector.

El ICA sometió a consulta pública un proyecto que busca controlar la actividad ganadera de bovinos y bufalinos en las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales y Parques Naturales Regionales. La iniciativa, que deroga la Resolución ICA No. 7440 de 2024, responde a sentencias judiciales y directivas que vinculan la ganadería con la deforestación. Busca cancelar registros sanitarios de predios (RSPP) en zonas protegidas, con una aplicación progresiva y focalizada, priorizando áreas de alta presión por deforestación. Aunque mantiene la vacunación por sanidad, el ICA articulará acciones con Parques Nacionales y otras entidades para intercambiar información y apoyar acuerdos de conservación. El proyecto aclara que la expedición de guías de movilización no legaliza la actividad, y ahora exige a los titulares de RSPP declarar el cumplimiento normativo ambiental y territorial. La medida exceptúa el registro automático para predios superpuestos y permite guías solo para la salida de animales ya vacunados de estas zonas, sin avalar la permanencia.

El Departamento Nacional de Planeación sometió a consideración del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) la declaración de importancia estratégica del proyecto de inversión Actualización y Gestión Catastral Nacional, a cargo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). La iniciativa busca garantizar la implementación integral y sostenida de los procesos de actualización catastral en nueve municipios priorizados antes de 2027, con el propósito de fortalecer la formalización y regularización de la propiedad, mejorar la administración del territorio y robustecer las finanzas públicas territoriales. Además, el documento plantea asegurar la continuidad de la política de catastro multipropósito mediante la autorización de vigencias futuras, optimizar la ejecución técnica y operativa del proyecto, ampliar la cobertura de la actualización catastral y consolidar información confiable que apoye la planificación territorial, la seguridad jurídica sobre la propiedad y la toma de decisiones públicas.

El Departamento Nacional de Planeación sometió a consideración del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) la declaratoria de importancia estratégica del proyecto de inversión para el mejoramiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado del Distrito de Buenaventura, con el fin de habilitar la autorización de vigencias futuras ordinarias y excepcionales que permitan ejecutar once subproyectos priorizados entre 2026 y 2029. La iniciativa busca fortalecer la cobertura, continuidad, confiabilidad operativa y sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento básico mediante intervenciones en acueducto urbano, saneamiento básico, reducción de la vulnerabilidad de infraestructura estratégica y soluciones para zonas rurales. El proyecto contempla una inversión cercana a $277.000 millones y beneficiará directamente a alrededor de 315.743 habitantes, además de contribuir al cierre de brechas históricas en el acceso a estos servicios esenciales.

El Departamento Nacional de Planeación presentó al Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) el documento que somete a consideración la distribución de los excedentes financieros de los establecimientos públicos y de las empresas industriales y comerciales del Estado (EICE) no societarias del orden nacional, con corte al 31 de diciembre de 2025. La propuesta, elaborada en cumplimiento del Estatuto Orgánico del Presupuesto, determina el monto de los excedentes que ingresarán como recursos de capital al Presupuesto General de la Nación y la parte que permanecerá en cada entidad para atender sus necesidades de funcionamiento e inversión. El documento expone la metodología utilizada para la liquidación de estos recursos, presenta el análisis financiero de las entidades involucradas y formula la distribución que deberá ser evaluada y aprobada por el CONPES.

La Superintendencia de Sociedades reiteró que la elección de las juntas directivas en las sociedades anónimas debe realizarse obligatoriamente mediante el sistema de cuociente electoral, mecanismo previsto en el Código de Comercio para garantizar la representación de los accionistas minoritarios. La entidad explicó que este procedimiento exige la conformación de listas o planchas, el cálculo del cuociente con base en los votos válidos emitidos y la asignación de los cargos según el cuociente y los mayores residuos. Además, precisó que cada accionista debe votar con la totalidad de sus acciones en un mismo sentido, sin fraccionar el voto entre distintas listas, y que las planchas no pueden superar el número de cargos a proveer. También recordó que, aunque la ley fija un mínimo de tres miembros para la junta directiva, el número máximo será el previsto en los estatutos sociales.

La SSPD respondió a la Junta Central de Contadores sobre las responsabilidades de los contadores públicos en entidades sin ánimo de lucro (ESAL) que prestan servicios públicos. La SSPD enfatiza que estas ESAL deben llevar contabilidad según los principios de la Ley 1314 de 2009 y su marco normativo. Es obligatorio para estos prestadores clasificar su información financiera, elaborar estados financieros y presentar informes exógenos, siguiendo los sistemas uniformes de información y contabilidad establecidos por la Superservicios y reportándolos al Sistema Único de Información (SUI). La entidad supervisora verificará el cumplimiento y aplicará sanciones por infracciones.