La CRA realizó un Encuentro Nacional con Organizaciones de Recicladores de Oficio (ORO), atendiendo un exhorto de la Corte Constitucional. La jornada tuvo como propósito socializar los ajustes del Nuevo Marco Tarifario del Servicio Público de Aseo, aplicable a municipios con más de 5.000 suscriptores. La CRA explicó las modificaciones regulatorias, fruto de un amplio proceso de participación ciudadana, destacando cómo se analizaron las observaciones de los recicladores. Este nuevo marco busca fortalecer un modelo de gestión de residuos orientado al aprovechamiento, la economía circular y la sostenibilidad ambiental, reconociendo y potenciando la labor de las ORO. El proceso regulatorio avanza, y la resolución definitiva se publicará tras su culminación.

La SuperSociedades explica que, si los estatutos de una compañía contradicen un decreto, es indispensable realizar una reforma estatutaria para su ajuste, ya que no existe una derogación tácita y las disposiciones contrarias a la ley podrían ser nulas. Asimismo, no es jurídicamente posible que socios o directivos soliciten la aplicación de estatutos que contravengan normas imperativas, pues esto ignora la jerarquía normativa y los deberes de los administradores. Toda reforma estatutaria debe formalizarse mediante escritura pública y registrarse ante la Cámara de Comercio para producir efectos legales y ser oponible a terceros.

La SIC analizó el proyecto de norma de la CRA que subrogará el Título 2, Parte 3, Libro 5 de la Resolución 943 de 2021, redefiniendo la metodología tarifaria para prestadores del servicio público de aseo que atiendan municipios y/o distritos con más de 5.000 suscriptores urbanos. La SIC ha enfocado su análisis en aspectos que podrían afectar la libre competencia, como la distinción entre ORO y D-ORO en el aprovechamiento, la remuneración y seguridad social de los recicladores de oficio, la segmentación regulatoria entre GEA y DGEA, el régimen de calidad y descuentos, y la metodología para la constitución de clústeres en la actividad de barrido y limpieza. Particularmente, la SIC sugiere una revisión desde la perspectiva de la competencia a la segunda etapa de la metodología de clústeres, que estima el rendimiento operativo promedio de barrido manual.

La SIC analizó el proyecto de la CREG que busca ajustar la regulación de mercados de Zonas No Interconectadas (ZNI) que se conectan al Sistema Interconectado Nacional (SIN). La SIC reconoce las características particulares de las ZNI, como la dispersión geográfica y los altos costos, que limitan la competencia efectiva. Por ello, valora positivamente los ajustes propuestos para alinear la remuneración con los costos eficientes y facilitar la transición, considerando que la iniciativa no genera restricciones indebidas. Sin embargo, la SIC recomienda a la CREG justificar explícitamente la prelación otorgada al operador de red al que se conecta el mercado de ZNI en caso de múltiples solicitudes, buscando mayor transparencia y trazabilidad en la decisión.

El Ministerio del Trabajo instó a empleadores públicos y privados a promover el trabajo en casa y otras modalidades no presenciales entre el 30 de julio y el 3 de agosto de 2026. El objetivo es coadyuvar a la reducción de la demanda energética nacional durante el mantenimiento programado de la infraestructura de regasificación de Cartagena (SPEC LNG). Esta suspensión temporal genera un riesgo de desabastecimiento de gas natural y una posible afectación en la prestación continua del servicio público de energía eléctrica, especialmente en la región Caribe 2, dado que la planta puede suplir cerca del 40% de la demanda nacional de gas y respalda la generación termoeléctrica.

 El Gobierno estableció por primera vez lineamientos de resiliencia para el Sistema Interconectado Nacional (SIN). El objetivo es blindar el sistema eléctrico del país, anticipar riesgos y fortalecer la infraestructura para garantizar un suministro de energía seguro, confiable y continuo, evitando apagones. Esta normativa ordena incorporar obras estratégicas, fortalecer la ciberseguridad, modernizar la planeación de la expansión y acelerar inversiones. Busca preparar el sistema ante fenómenos climáticos extremos, fallas técnicas, ataques cibernéticos y otros eventos de alto impacto. Además, crea una metodología para identificar vulnerabilidades e incluye criterios de redundancia y planes de recuperación del servicio, asegurando una red más robusta frente a los desafíos futuros y el crecimiento de la demanda.

El Gobierno actualizó los criterios para la elaboración del Plan de Expansión del Sistema Interconectado Nacional (SIN) con el fin de coordinar integralmente la planificación de proyectos de generación y transmisión de energía. Esta medida responde a los desafíos del sistema eléctrico para incorporar nuevas fuentes, especialmente renovables, evitando descoordinaciones entre obras que en el pasado generaron retrasos y limitaciones sectoriales. La actualización incorpora criterios de resiliencia, flexibilidad, suficiencia y valoración de externalidades positivas, promoviendo una transición energética sostenible y una infraestructura eléctrica robusta y confiable. La Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) tendrá 12 meses para definir la metodología que optimizará la expansión, mientras que la CREG armonizará las regulaciones en 18 meses. Esta iniciativa busca fortalecer la confiabilidad del servicio eléctrico, evitar cuellos de botella y garantizar que la energía llegue oportunamente a todos los sectores del país.

Las zonas de ronda hídrica, definidas como franjas paralelas de hasta 30 metros a los cauces permanentes de ríos y lagos, son bienes de uso público, inalienables e imprescriptibles, salvo derechos adquiridos antes de 1974. Por tanto, en la venta de un predio que incluya estas áreas, la porción afectada no debe considerarse en la valoración ni en el precio de adquisición, ya que no corresponde a propiedad privada sino a un dominio estatal destinado a la protección ambiental y uso público. El Estado puede conservar, negociar o expropiar estas zonas para garantizar su función ecológica y social, protegiendo así el interés general por encima de derechos particulares y restringiendo su comercialización. Esta orientación se sustenta en la Constitución y normas como el Decreto 2811 de 1974 y el Decreto 1076 de 2015, de acuerdo con lo indicando por MinAmbiente.