La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado analizó el régimen contractual aplicable a una entidad con régimen especial que ejecuta proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), frente a la tensión entre su régimen privado ordinario y las reglas de la contratación pública. La Sala concluyó que, para la ejecución de este tipo de proyectos, la entidad debe aplicar el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP), de conformidad con el artículo 37 de la Ley 2056 de 2020. Según el concepto, esta norma especial y posterior prevalece sobre el régimen privado de la entidad, incluso cuando el proyecto genere beneficios directos para ella. Asimismo, precisó que los manuales internos de contratación únicamente pueden complementar el EGCAP, sin desconocer sus disposiciones, con el fin de garantizar la transparencia y la adecuada administración de los recursos públicos.

La SSPD estableció en 3.731 el número de prestadores de servicios públicos domiciliarios que serán la base para calcular la contribución especial del año 2026. Este mandato, fundamentado en la Ley 142 de 1994 y el Decreto 1369 de 2020, subraya el rol de la Superintendencia en la inspección, vigilancia y control de la prestación eficiente de estos servicios en el país.

 El Ministerio de Minas asignó más de $518 mil millones de pesos provenientes del 5% del mayor recaudo del Sistema General de Regalías. Estos recursos buscan impulsar el emprendimiento y la generación de empleo, promoviendo la ocupación de mano de obra local en actividades económicas diversas, lejos de la explotación de recursos no renovables. La iniciativa prioriza proyectos de emprendimiento rural, desarrollo agropecuario, vías terciarias, energía eléctrica y emprendimiento femenino. La distribución se realiza mediante una convocatoria pública y competitiva, resultando en la aprobación de 21 proyectos de energía eléctrica por más de $100 mil millones, los cuales serán ejecutados por entidades públicas designadas tras una rigurosa evaluación de idoneidad.

El Ministerio de Minas y Energía extendió el periodo de negociación para la adquisición de gas natural hasta el 27 de julio de 2026. Esta medida busca asegurar el abastecimiento para generadores térmicos durante el mantenimiento programado en la Planta de Regasificación de Cartagena, previsto del 30 de julio al 3 de agosto. La decisión se tomó tras nuevas ofertas de cantidades adicionales de gas por parte de Ecopetrol S.A. y Frontera Energy, priorizando a los generadores térmicos que requieren cubrir faltantes en el área Caribe 2. Asimismo, la cartera ministerial ha establecido lineamientos específicos para la comercialización del gas priorizado, incluyendo un tope en el precio de venta, y ha corregido información de vendedores clave para garantizar la transparencia y eficiencia del proceso.

El Gobierno, mediante un proyecto de decreto, busca adoptar la Política Pública de Acción Comunal, reglamentando el artículo 84 de la Ley 2166 de 2021. Esta iniciativa, liderada por el Ministerio del Interior en concertación con la Confederación Nacional de Acción Comunal y el DNP, busca fortalecer la organización democrática, participativa y representativa de la acción comunal en todo el territorio nacional. Con una vigencia de diez años, la política se estructura en seis ejes estratégicos y catorce líneas temáticas para solucionar trece problemáticas identificadas. Los objetivos incluyen impulsar el desarrollo territorial y económico, fortalecer la incidencia política, proteger el medio ambiente, fomentar la identidad cultural y construir tejido social, garantizando la formación y seguridad de líderes comunales.

El Ministerio de Agricultura dio a conocer un proyecto para adoptar el Programa Nacional de Zonas de Reserva Campesina, buscando fortalecer las territorialidades campesinas del país. Esta iniciativa, enmarcada en el reconocimiento constitucional del campesinado como sujeto de especial protección, establece una ruta integral para el ordenamiento social de la propiedad rural, la promoción de sistemas agroalimentarios sostenibles, el mercadeo de productos, y la investigación con participación comunitaria. Su objetivo es garantizar el acceso equitativo a la tierra, combatir su concentración y el fraccionamiento antieconómico, y priorizar la producción de alimentos. Además, el programa contempla la delimitación de nuevas zonas, la implementación de planes de desarrollo sostenible y una fuerte coordinación interinstitucional para asegurar la justicia agraria y la conservación ambiental, con activa participación de las organizaciones campesinas.

El Ministerio de Agricultura avanza con la adopción de lineamientos para los Planes de Desarrollo Sostenible en las Zonas de Reserva Campesina. Este proyecto busca consolidar la protección constitucional del campesinado, garantizando sus derechos a la tierra, a la soberanía alimentaria y a un desarrollo integral. Los planes, formulados participativamente con organizaciones campesinas, son ahora determinantes clave para el ordenamiento territorial y la gestión ambiental. La iniciativa promueve la equidad, la producción sostenible y la integración de estas zonas en la planificación nacional y regional, marcando un paso fundamental para la paz y el bienestar rural con el apoyo de agencias como la ANT y ADR.

La CRA explicó el Nuevo Marco Tarifario para Pequeños Prestadores y Gestores Comunitarios, una regulación diferencial diseñada para impactar positivamente a más de 16.5 millones de colombianos, con un 78% residiendo en centros poblados y zonas rurales. Esta iniciativa, materializada en la Resolución 1038 de 2026, se acompaña de una Estrategia Nacional de Acompañamiento que incluye asistencia técnica, guías de implementación, y herramientas digitales innovadoras. Destacan TariCRA, un asistente virtual para cálculos tarifarios, y Sabia, una inteligencia artificial especializada para resolver consultas. Además, un micrositio web consolidará toda la información relevante. La meta es facilitar la aplicación de la nueva metodología, fortalecer las capacidades locales y asegurar una prestación de servicios de acueducto y alcantarillado más sostenible, transparente y eficiente, adaptada a las realidades territoriales y promoviendo el uso eficiente del agua.