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Prensa Jurídica

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Las auditorías acogen los sistemas de control fiscal establecidos en la Ley 42 de enero 26 de 1993, así: financiero, de legalidad, de gestión, de resultados, la revisión de cuentas y la evaluación del control interno, las cuales son explicadas a través de este concepto. En materia salarial, el Ente Fiscalizador en ejercicio propio de sus funciones adelanta las actuaciones de su competencia, para efectos de verificar si el gasto que implica el pago de los salarios y las prestaciones a tas servidores públicos se ajustan a lo establecido en la Constitución y la Ley.

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De acuerdo con el presente concepto, las ESAL tienen capacidad para contratar bajo las reglas del EGCAP al ser personas jurídicas consideradas legalmente capaces, en los términos del artículo 6 de la Ley 80 de 1993. En armonía con ello, el Decreto 092 de 2017 reguló un régimen especial de contratación; sin embargo, nada obsta para que las ESAL participen, en términos de igualdad con los demás oferentes, en los diferentes procesos contractuales que regula el EGCAP, siempre que cumplan con los requisitos exigidos en cada proceso, donde competirán con los demás proponentes. En este orden de ideas, las ESAL no solo pueden contratar bajo las reglas establecidas en el Decreto 092 de 2017, sino que también pueden intervenir en procesos de selección regidos por las reglas del EGCAP, caso en el cual participan con las mismas reglas aplicables a los demás oferentes.

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Lo relacionado con los Planes de Gestión y Resultados para los prestadores del servicio público de aseo se encuentra establecido en el Título 16 de la Parte 5 de la Resolución CRA 943 de 2021, que compila la Resolución CRA 201 de 20017. Del mismo modo, la metodología para clasificar a las personas prestadoras del servicio público de aseo de acuerdo con el nivel de riesgo se encuentra establecido en la Parte 62 del Libro 1 de la Resolución CRA 943 de 20213, que compila la Resolución CRA 315 de 20054. Así mismo, los indicadores que componen esta metodología se presentan en el Título 25 del Libro 6 de la referida resolución.

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Sobre las unidades constructivas especiales en el capítulo 14 del Anexo General de la Resolución CREG 015 de 2018 se establece: Cuando existan activos con características técnicas distintas a las de las UC establecidas, los OR podrán solicitar a la Comisión la creación de UC especiales. La solicitud debe estar acompañada de las consideraciones técnicas que justifican la creación de la UC especial, el costo detallado de cada equipo que la compone y los costos de instalación asociados. Para adquisiciones directas se debe adjuntar tres cotizaciones de suministro e instalación de los equipos que la conforman y para adquisiciones a través de concursos abiertos o licitaciones se deben enviar los documentos que acreditan su realización incluyendo los pliegos de solicitudes, términos de referencia, etc.

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La Entidad indicó que “el artículo 15 de la Resolución CREG 174 de 2021 permitió una extensión del tiempo de vigencia de la aprobación de la conexión para autogeneradores a gran escala, que en total le daría a los autogeneradores el doble del tiempo contemplado de la vigencia inicial aprobada, conforme la tecnología utilizada, en caso de que existieran retrasos con el proyecto, lo cual contempló los siguientes tres casos de retrasos (numeral 7 del citado artículo): I. Cuando por razones de orden público, acreditadas por una autoridad competente, el desarrollo del proyecto presente atrasos en su programa. II. Por atrasos en la obtención de permisos, licencias o trámites, por causas ajenas a la debida diligencia del AGGE interesado”.

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El término “servicios de vigilancia en salud pública”, es empleado expresamente en el texto del parágrafo del artículo 2.8.8.1.3.1 del Decreto 780 de 2016 que incorpora el artículo 29 del Decreto 3518 de 2006, de forma análoga o similar al término de “función esencial”, por lo cual, la connotación significativa del término no está asociada, desde la fuente normativa, a la venta u oferta de servicios, razón por la que, el acto administrativo que busque reglamentar este aparte normativo no puede desconocer ni modificar el término o denominación que el propio decreto a empleado.

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La Entidad enfatizó que no es viable jurídicamente que el Ministerio en el marco de sus competencias financie emisiones filatélicas distintas la UPU y UPAEP, bien sea con cargo al FUTIC o al Presupuesto General de la Nación. Si bien el inciso primero 2009 señala que el MinTIC es la entidad autorizada para emitir sellos postales con carácter oficial, el inciso segundo que “[...] deberá regirse por la normatividad internacional de la Unión Postal Universal (UPU), la cual establece sellos postales por parte de cada uno de los operadores postales oficiales de los países miembros”.

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De conformidad con las referencias jurisprudenciales, analizadas en este concepto, la colocación de cámaras de video en las áreas de trabajo, es permitida siempre y cuando se encuentre fundada sobre la base del respeto a la dignidad de la persona y siempre que no se viole el derecho a la intimidad y la privacidad del trabajador. Dado el vacío normativo sobre la materia, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 108 del CST, determina que el Reglamento Interno deberá contener disposiciones normativas en puntos como los señalados en el Numeral 10°, el cual es explicado a través de este concepto.

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