Prensa Jurídica
La Entidad resaltó que “el sistema de medición de una frontera comercial debe estar diseñado y especificado considerando las características técnicas del punto de conexión y el tipo de frontera comercial, por lo que, si no se consideró la existencia de flujos bidireccionales y no se encontraba dentro de los puntos de medición establecidos en el artículo 12 del código de medida, no se requeriría la medición de energía reactiva en los cuatro cuadrantes”.
La Entidad, luego de hacer un recorrido normativo sobre lo referente al “error en la aplicación de la fórmula tarifaria”, define el concepto de la labor de planeamiento. “La persona prestadora deberá establecer si los ajustes que menciona en su comunicación respecto del Consumo Corregido por Pérdidas se realizan con el fin de subsanar errores en la aplicación de la metodología tarifaria y no son consecuencia de la imprevisión o ineficiencia en la labor de planeamiento al momento de elaborar los estudios de costos; caso en el cual podría hacer uso del procedimiento establecido en el parágrafo 1 del artículo 4 de la Resolución CRA 864 de 2018, compilado en el artículo 1.8.7.2.1.2. de la Resolución CRA 943 de 2021.
El régimen de inhabilidades para contratar con el Estado es un conjunto de restricciones establecidas por el constituyente o por el legislador que afectan directamente la capacidad de las personas para establecer relaciones contractuales con el Estado, que pueden resultar de condenas, sanciones o situaciones previamente establecidas por el ordenamiento jurídico. En esta medida, la Corte Constitucional explica que “las inhabilidades representan una limitación a la capacidad para contratar con las entidades del Estado y obedecen a la falta de aptitud o a la carencia de una cualidad, calidad o requisito en el sujeto incapacitado quien por esta razón no podrá hacer parte de una relación contractual.
La Entidad resaltó que toda explotación de recursos naturales no renovales de propiedad estatal genera una regalía, la regalía se trata de una contraprestación obligatoria, consiste en un porcentaje del producto explotado objeto del título minero y el valor a pagar será calculado o medido al borde o boca de mina. Por su parte, el Decreto 600 de 1996, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 141 de 1994 en lo que se refiere al recaudo, distribución y transferencia de las regalías de la explotación de carbón, metales preciosos y concentrados polimetálicos, es explicado por la ANM a través de este concepto.
En lo que corresponde a los procesos de insolvencia de la Ley 1116 de 1995, el artículo 6 dispone que la Superintendencia es la competente para conocer en el caso de todas las sociedades, empresas unipersonales y sucursales de sociedades extranjeras y, a prevención tratándose de deudores personas naturales comerciantes. El juez civil del circuito del domicilio principal del deudor, debe conocer en los demás casos, no excluidos del proceso (Artículo 3° de la Ley 1116 de 2006).
Los organismos de acción comunal determinados en la Ley 2166 de 2021, teniendo en cuenta que los mismos son los mencionados como organizaciones comunitarias de primero, segundo, tercero y cuarto grado (de acuerdo con los considerandos del Decreto 1774 de 2000), ya no se encuentran inscritos en cámara de comercio, pues las autoridades que ejercen inspección, vigilancia y control sobre los mencionados, son las que realizan el registro sistematizado de los mismos.
La Entidad indica que al amparo de lo previsto en el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011 “Las peticiones y recursos serán tramitados de conformidad con las normas vigentes sobre el derecho de petición”, esta norma no distingue entre el acto de “presentar” y el de “radicar” la petición, aunque sí contempla expresamente que, de la presentación de una petición, debe quedar la constancia pertinente, para garantizar que fue presentada ya sea de forma verbal, por escrito o a través del cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos.
Respecto al silencio administrativo positivo, esta Entidad indicó que esta Superintendencia debe propender, en ejercicio de la función de control a su cargo, porque se satisfaga al peticionario con el reconocimiento de los efectos del acto administrativo presunto, a la mayor brevedad posible y de forma correlativa, garantizando el debido proceso al prestador del servicio, y atendiendo los principios de razonabilidad y proporcionalidad de la sanción.