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El MinSalud expuso a través de un concepto que, el numeral 2º del artículo 238 de la Ley 1955 de 2019 establece expresamente las obligaciones que no serán objeto de saneamiento definitivo de las cuentas de recobros/cobros asociadas a servicios y tecnologías de salud no financiados con cargo a la UPC del régimen subsidiado, prestados hasta el 31 de diciembre de 2019.

A través de concepto el MinSalud advierte que, de no realizarse el desistimiento o renuncia, las facturas no podrán ser incluidas para la cofinanciación por parte de la nación en el saneamiento definitivo de cuentas de que trata el artículo 238 de la Ley 1955 de 2019.

De acuerdo con el concepto del MinSalud, para determinar las deudas por servicios y tecnologías en salud no financiadas con cargo a la UPC de los afiliados al régimen subsidiado, las entidades territoriales deberán adelantar el proceso de auditoría que le permita determinar si es procedente el pago.

De considerar el Instituto Departamental de Salud que el artículo 14 Resolución 926 de 2017 no es suficiente para formular el cargo bajo el hipotético hecho, que una ambulancia llegue al lugar de los hechos y efectúe el traslado del paciente a una IPS, sin estar debidamente asignada para turno, la Gobernación y el Instituto Departamental Salud reglamentará, los procedimientos necesarios para la implementación del SEM en su jurisdicción.

A través de la publicación de un concepto el MinSalud hizo un repaso normativo de todos los decretos publicados en relación con la emergencia sanitaria. Puede conocer los detalles consultando el documento publicado por la entidad.

“De cada una de las sesiones de la Junta Directiva se levantará la respectiva acta en el libro que para tal efecto se llevará. El Libro de Actas debe ser registrado ante la autoridad que ejerza las funciones de inspección, vigilancia y control de la Empresa Social del Estado.” Así fue dispuesto por la SSPD a través de la publicación de un concepto.

El MinSalud expuso que, no existe norma legal vigente que impida expresamente la posibilidad de que un miembro del comité de convivencia de la Empresa Social del Estado aspire a ser miembro de la junta directiva de la entidad,

La interoperabilidad se entiende como la capacidad de las organizaciones para intercambiar información y conocimiento en el marco de sus procesos de negocio para interactuar hacia objetivos mutuamente beneficiosos, con el propósito de facilitar la entrega de servicios en línea a ciudadanos, empresas y a otras entidades, mediante el intercambio de datos entre sus sistemas.

Las alianzas o asociaciones de usuarios elegirán sus representantes en asamblea general, y entre los elegidos de estas si hubiere varias asociaciones o alianzas de usuarios, para períodos de dos (2) años.

De acuerdo con la normatividad vigente no se tiene previsto cual es el quórum que las juntas directivas de las Empresas Sociales del Estado deben tener en cuenta en sus deliberaciones o decisiones.