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Sección 4

Sección 4 (1380)

 En esta providencia la Sección Cuarta analizó la eficacia probatoria de las certificaciones del contador o revisor fiscal; los ajustes por diferencia en cambio y sobre este asunto indicó que “esta Sala ha construido una línea jurisprudencial pacífica y uniforme, que los excluye de la base gravable del impuesto de industria y comercio por las razones analizadas en este proveído.

El Representante Legal del Resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco sector Arhuaco, solicitó un derecho de petición a la Presidencia de la República, al DNP, a MinHacienda, al MinInterior y a minAmbiente definir qué Ministerios serán los responsables de cumplir el mandato legal consagrado en el artículo 116, parágrafo tercero de la ley número 1753 de 2015, por la cual se debe implementar el Programa Guarda Bosques Corazón del Mundo en la Sierra Nevada de Santa Marta.

“El artículo 2 de la Resolución SSPD 20185300100025 del 30 de julio de 2018, fue declarado parcialmente nulo mediante una sentencia de 2020, porque no fue acreditado el faltante presupuestal que exige el artículo 85 de la Ley 142 de 1994 para adicionar los gastos operativos a la base gravable de la contribución especial”.

La Sala señala que de acuerdo con lo establecido en los artículos 815 y 850 del E.T., “los contribuyentes o responsables que liquiden saldos a favor en sus declaraciones tributarias pueden: (I) imputarlos dentro de su liquidación privada del mismo impuesto, correspondiente al siguiente período gravable, (II) solicitar su compensación con deudas por concepto de impuestos,

El Consejo de Estado declaró nulos “los Conceptos 100208221-000207 del 20 de febrero y 100202208-0431 del 08 de junio, ambos de 2020, en los que la Dian sostuvo como tesis que el artículo 160 de la Ley 2010 de 2019 derogó en forma expresa el beneficio contenido en el ordinal 1° del artículo 424 del ET, por lo que, desde la aplicación de esa Ley, las materias primas

“La contribución no grava los contratos a que se refiere el artículo 76 de la Ley 80 de 1993, porque no corresponden a los contratos de obra pública que son objeto de gravamen en el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006”.  Para la Sala, “en el caso concreto concurren los elementos que, según las reglas fijadas en la sentencia de unificación de la Sala Plena del Consejo de Estado, dan lugar a que se configure el hecho generador de la contribución, porque los negocios jurídicos son contratos de obra pública celebrados por una entidad de derecho público”.

Para la Sala, respecto de la prescripción, “el artículo 546 del Decreto 2685 de 1999, Estatuto Aduanero vigente para los hechos de la demanda, establece que la prescripción de la acción de cobro de obligaciones aduaneras se rige por los artículos 817, 818 y 819 del Estatuto Tributario. En concordancia, el artículo 817 del Estatuto Tributario establece que el término de prescripción es de 5 años contados, entre otros, a partir de la firmeza del acto que determina la obligación”.

Sobre el tratamiento de la deducción, la Sala “precisó que, en materia tributaria, tratándose de inversión en acciones en sociedades subordinadas, el ajuste de que trata el artículo 269 del E.T., que puede resultar positivo o negativo, según la tasa de cambio vigente al cierre del ejercicio, afecta la renta (ingreso o gasto) y contablemente, solo la cuenta de patrimonio, en la que la actora

 La Sección cuarta “precisó el alcance de la figura del silencio administrativo positivo en materia tributaria en el sentido de señalar que se puede invocar en cualquier tiempo, porque la ley no fijó un término para solicitar su reconocimiento o declaratoria de oficio, de modo que no se puede supeditar la posibilidad real de configuración del silencio a su ejercicio dentro del mismo

La alta Corte concluyó que “Las cotizaciones voluntarias que efectúen los trabajadores y afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones dentro del régimen de ahorro individual con solidaridad a partir del 1° de enero de 2017 y los aportes voluntarios a fondos de pensiones obligatorios se consideran renta exenta en vigencia de la Ley 1819 de 2016”.