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Electricaribe SA ESP debe responder patrimonialmente por las lesiones padecidas por la víctima en el accidente producido por un cable de energía eléctrica de alta tensión que se encontraba en la vía que conduce de Montería al municipio de Lorica
El Consejo de Estado declaró a Electricaribe SA ESP responsable patrimonialmente por las lesiones a la víctima en el accidente ocurrido el 17 de julio de 2009, debido a su responsabilidad como prestadora del servicio de energía eléctrica y propietaria de las líneas de conducción que causaron el incidente. Se determinó que el cable de alta tensión que impactó al motociclista se desprendió por falta de mantenimiento y vigilancia adecuada de la empresa, lo que representa una falla en el servicio.
El Consejo de Estado ordenó a la Secretaría de Desarrollo Planeación (SDP) y a la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) delimitar las zonas de protección del Humedal La Conejera debido a la vulneración de derechos colectivos relacionados con el ambiente sano y el uso del espacio público. La construcción del proyecto Urbanización Fontanar del Río A-1, que invadió el 4% del área protegida, fue identificada como una grave amenaza para este ecosistema, provocando daños ecológicos significativos.
El Consejo de Estado abordó el caso presentado contra la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER) y el Ministerio de Vivienda. La sentencia confirmó la responsabilidad patrimonial de la CARDER bajo el título de "falla del servicio" por los daños causados al incumplir con su deber de prevenir inundaciones. Se determinó que la construcción de jarillones sobrepasó la zona de dominio público, afectando la propiedad privada de las demandantes, generando un daño antijurídico en el área ocupada.
El Consejo de Estado ha admitido la demanda de nulidad interpuesta contra la Resolución No. SSPD 20241000409565, que establece la tarifa de la contribución especial para el año 2024 en relación con los prestadores de servicios públicos domiciliarios. La solicitud de nulidad se basa en el ejercicio del medio de control estipulado en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
El Consejo de Estado suspendió provisionalmente la Directiva Presidencial No. 06 del 14 de noviembre de 2023, en la que se imponían prohibiciones a las entidades públicas del orden nacional para celebrar contratos y convenios interadministrativos. Al considerar que la solicitud de suspensión cumplía con los requisitos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo determinó que había fundamentos suficientes para suspender los efectos de la directiva, reconociendo que su implementación podría ir en contra del marco normativo aplicable y afectar el desarrollo de políticas públicas efectivas.
El Consejo de Estado corrigió el auto del 24 de julio de 2023, a solicitud de la Agencia Nacional de Minería (ANM), para dejar claro que se improbó la fórmula de conciliación presentada por las partes. Esta fórmula buscaba declarar la nulidad del contrato de concesión minera con la Sociedad Minera del Norte S.A.S. debido a la superposición entre el título de explotación y un área designada como reserva especial. El auto original había generado confusión, ya que se había comunicado incorrectamente la situación respecto a la fórmula de conciliación. La ANM argumentó la necesidad de aclarar la decisión en relación con el hecho de que la revocatoria directa de actos administrativos era inviable tras la notificación del auto admisorio de la demanda. Finalmente, el Consejo determinó que, pese al interés en una solución conciliatoria, la fórmula no cumplía con los requisitos de legalidad establecidos, lo que llevó a la imposibilidad de su aprobación.
El Consejo de Estado confirmó la nulidad total de la Ordenanza 000075 del 7 de diciembre de 2009, relacionada con los límites entre el Municipio de Puerto Colombia y el Distrito de Barranquilla, debido a múltiples irregularidades legales. En primer lugar, se estableció que la Asamblea Departamental carecía de competencia para definir estos límites, ya que dicha función está reservada al legislador según la Constitución y la ley, específicamente en los artículos 150 y 300.
El Consejo de Estado declaró nula la Resolución 4786 de 2015, emitida por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), que suspendió los efectos del Reglamento Técnico para Redes Internas de Telecomunicaciones (RITEL). Los demandantes en este caso fueron RCN Televisión S.A. y Caracol Televisión S.A., quienes argumentaron que la suspensión afectaba directamente su capacidad para competir en el mercado de telecomunicaciones.
En esta providencia, el Consejo de Estado aborda un conflicto de competencia surgido entre dos juzgados administrativos respecto a un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho relacionado con un acto administrativo de la UGPP. Se cuestiona si el juzgado competente es el de Bogotá, donde se emitió la resolución impugnada, o el de Tunja, donde se originó la declaración de la obligación. El Consejo determina que, conforme al artículo 156 de la Ley 1437 de 2011, la competencia territorial para asuntos de cobro coactivo se establece por el lugar donde se expidió el acto administrativo en cuestión. Dado que el acto reclamado fue emitido en Bogotá, se concluye que el Juzgado Cuarenta y Cuatro Administrativo Oral del Circuito de Bogotá es el competente para conocer del caso. Esta resolución se fundamenta en la naturaleza del acto impugnado y en la regla general de competencia aplicable a procesos de cobro coactivo, enfatizando la necesidad de seguir procedimientos claros para evitar conflictos judiciales.
La sentencia del Consejo de Estado está relacionada con la controversia suscitada entre Integral S.A. y el IDU en la que se examinaron los riesgos contractuales desde la perspectiva de la Ley 1150 de 2007. Según el artículo 4º de esta ley, el "riesgo previsible" se circunscribe a situaciones externas que emergen tras la formalización del contrato, las cuales pueden ser identificadas y cuantificadas, alterando así los resultados económicos esperados en términos de ingresos y costos. En este contexto, se establece que, si un riesgo asumido por el contratista presenta efectos desproporcionados, catalogados como anormales o extraordinarios, eso no garantiza una compensación automática por parte de la entidad estatal, ya que se deben considerar los umbrales de previsibilidad inicialmente acordados. Por lo tanto, es crucial que los contratistas evalúen adecuadamente la probabilidad de ocurrencia y el impacto económico de estos riesgos a la hora de formular sus ofertas, y que la asignación de riesgos en contratos públicos se maneje con claridad para evitar la carga desproporcionada de costos.
