Consejo de Estado (6824)
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Consejo de Estado admitió demanda contra normas de la CREG y MinMinas que establecen condiciones para garantizar la operación comercial de proyectos de generación adjudicados y la garantía asociada que deben entregar los vendedores adjudicados
El despacho consideró relevante el criterio de acumulación de pretensiones para analizar la conexidad entre los actos. El Decreto 570 de 2018 estableció lineamientos para promover la contratación a largo plazo en proyectos de generación eléctrica, lo que llevó a la CREG a emitir la Resolución 107 de 2019, que define garantías para la operación comercial de estos proyectos. Posteriormente, la Resolución CREG 186 de 2021 también abordó garantías, añadiendo condiciones especiales. Ambas resoluciones son conexas al establecer reglas sobre la operación de contratos de energía a largo plazo. Tras la nulidad del Decreto 570, el Ministerio de Minas y Energía emitió la Circular 40025 de 2023, confirmando la vigencia de las resoluciones CREG 107 y 186. La solicitud de nulidad de la circular se relaciona con las pretensiones contra estas resoluciones. Además, se estudia la Resolución CREG 101.016 de 2023, que adopta medidas transitorias para el mercado mayorista, ampliadas por la Resolución CREG 101.024 de 2023, que también aborda riesgos contractuales, alineándose con las temáticas de las resoluciones anteriores.
Los juicios de responsabilidad precontractual de entidades de derecho privado, como Ecopetrol, se rigen por el artículo 863 del Código de Comercio, que establece que las partes deben actuar de buena fe y sin culpa durante el período precontractual, bajo pena de indemnizar los daños causados. La controversia gira en torno a la responsabilidad precontractual y la buena fe en el proceso de selección, donde Ecopetrol declaró fallido el concurso debido a que las ofertas no cumplían con los requisitos necesarios. Estaba facultado Ecopetrol para declarar fallido el proceso de contratación en el que participó la demandante, de acuerdo con las reglas que para ello adoptó en ejercicio de la libre autonomía de la voluntad y el postulado de la buena fe precontractual.
El Consejo de Estado declaró nulo el acto administrativo que levantó una medida preventiva ambiental que suspendía la explotación minera. Esta decisión se basa en la falta de verificación por parte de la autoridad competente sobre la necesidad de una licencia ambiental para llevar a cabo dichas actividades. La normativa ambiental exige que cualquier actividad de explotación minera cuente con las licencias pertinentes, las cuales garantizan que se cumplan los estándares de protección ambiental y se minimicen los impactos negativos en el entorno.
La controversia se centró en el presunto incumplimiento del Instituto Nacional de Vías en el contrato suscrito con Dragados Hidráulicos S.A., cuyo objeto era la ampliación del canal de acceso a la Bahía de Cartagena. Se discutió el reconocimiento de mayores cantidades de obra y costos indirectos del 25% por actividades adicionales. El demandante solicitó la liquidación judicial del contrato y el reconocimiento de saldos no pagados. Además, contabilizó el plazo de caducidad de la acción judicial desde un acta firmada después de la finalización del contrato. Si no se logra una liquidación por mutuo acuerdo en contratos de entidades públicas, la entidad contratante tiene la facultad de proceder a una liquidación unilateral. Según el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si las partes no llegan a un acuerdo dentro de los cuatro meses siguientes a la expiración del contrato, la entidad puede liquidar unilateralmente dentro de los dos meses siguientes. Si este plazo también se vence sin que se realice la liquidación, el contratista puede demandar ante la jurisdicción competente para resolver la controversia, teniendo un plazo de dos años para hacerlo.
El Consejo de Estado analizó la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que se inhibió de fallar sobre la demanda presentada contra la Resolución 041 de 2010 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Esta resolución estableció la sustitución de gas natural por combustibles líquidos, lo que generó costos adicionales para ciertos usuarios, afectando a las empresas demandantes. El Consejo consideró que la inhibición del tribunal fue injustificada, ya que el acceso a la administración de justicia implica el derecho a obtener una decisión fundamentada sobre el fondo del asunto.
El Consejo de Estado de Colombia resolvió mantener la decisión que negó la suspensión provisional de la expresión "registrados en la oportunidad citada" de la Resolución núm. CREG 015 de 29 de enero de 2018. Esta norma introduce un nuevo requisito para que un sujeto sea considerado usuario del Sistema de Transmisión Nacional (STN). La sociedad CYRGO S.A.S. había interpuesto un recurso de reposición argumentando que la norma afectaba derechos adquiridos, ya que la conexión al STN estaba consolidada bajo la Resolución 097 de 2008 sin requerir registro adicional.
La Sala analizó la competencia para resolver la recusación presentada contra el director general de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) en el contexto de una solicitud de licencia ambiental. Establece que el consejo directivo de la CAR es la autoridad competente para tratar la recusación, sustentado en su rol de órgano nominador y superior administrativo del director. La Ley 99 de 1993 y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) permiten que las recusaciones se aborden de acuerdo con la jerarquía administrativa, sin distinción en el tipo de superioridad.
En la providencia, el Consejo de Estado examinó una acción de tutela relacionada con la vulneración de derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la justicia en el contexto de un proceso de cobro coactivo. A pesar de que se había declarado la finalización de dicho proceso, un banco retuvo indebidamente fondos pertenecientes a la accionante, contradiciendo órdenes de desembargo emitidas por la autoridad judicial. Este incumplimiento impactó negativamente la situación financiera de la solicitante, generando incertidumbre y restricción en el acceso a sus recursos. El Alto Tribunal determinó que estas acciones constituían una vulneración significativa de derechos, y por lo tanto, ordenó al banco proceder con el desembargo de las cuentas y evaluar el reintegro de los fondos retenidos, asegurando así el respeto por los derechos fundamentales de la persona afectada y el correcto funcionamiento del sistema judicial.
La Sala analizó el requisito habilitante de la experiencia en el contexto de la nulidad del acto de adjudicación. El alto Tribunal precisa que para que un oferente solicite esta nulidad, debe identificar vicios en la decisión de adjudicación, demostrar que su oferta fue la más favorable y acreditar el cumplimiento de los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones. En cuanto a las diferencias entre subsanación y aclaración de ofertas según el EGCAP, la subsanación se refiere a la corrección de errores o deficiencias en la oferta que son enmendables y que no afectan la asignación de puntaje, buscando que la propuesta cumpla con los requisitos del pliego. Por otro lado, la aclaración tiene como objetivo proporcionar mayor claridad sobre aspectos oscuros o no suficientemente claros de la oferta, sin implicar correcciones. Ambas acciones deben realizarse dentro de un plazo razonable, pero la subsanación se enfoca en corregir errores antes de la evaluación, mientras que la aclaración puede surgir en cualquier momento durante el proceso de evaluación para aclarar dudas sobre la propuesta.
En este caso, Seguros Alfa S.A. solicitó la devolución de $227.200.000, argumentando que el pago, objeto del proceso de cobro coactivo, se realizó después de la reforma de la demanda. La primera instancia había rechazado la devolución debido a la falta de prueba sobre medidas cautelares. El Consejo de Estado, al admitir la prueba en segunda instancia y requerir la aportación del comprobante de pago, fundamenta su decisión en el artículo 214 del CCA, que permite el decreto de pruebas en ciertas circunstancias específicas.
