El Gobierno nacional expidió el Decreto 383 de 2026, mediante el cual modifica disposiciones del régimen de función pública para avanzar en la formalización del empleo estatal. La norma ajusta el funcionamiento de la llamada “Mesa por el Empleo Público”, instancia encargada de identificar entidades con alta contratación por prestación de servicios y definir estrategias para fortalecer las plantas de personal. En línea con acuerdos suscritos con organizaciones sindicales, el decreto promueve la reducción progresiva de este tipo de contratos, con una meta de disminución del 30%, sujeta a la disponibilidad presupuestal. Asimismo, amplía la participación de los trabajadores en esta instancia, elevando a diez el número de representantes sindicales. La medida busca racionalizar el gasto público, mejorar las condiciones laborales y garantizar empleo digno en el Estado. Descargar decreto 383-2026

El Gobierno actualizó las reglas para el ordenamiento territorial en Colombia y define un nuevo procedimiento para la expedición de las llamadas “determinantes”, normas de superior jerarquía que orientan el uso del suelo en municipios y distritos. La medida busca mejorar la coordinación entre entidades nacionales y territoriales, garantizando que las decisiones sobre el territorio se adopten de manera articulada, con criterios técnicos, jurídicos y geoespaciales claros. Descargar decreto 381-2026

El Gobierno reformó la forma en que los trabajadores independientes calculan sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Esta modificación del artículo 3.2.7.5 del Decreto 780 de 2016 responde a la declaración de inexequibilidad, por parte de la Corte Constitucional, del esquema de presunción de costos anterior y busca ajustar estas reglas a la realidad económica del país, incluyendo la inflación y los cambios en el mercado laboral. Ahora, los trabajadores independientes, ya sean por cuenta propia o con contratos que impliquen subcontratación o compra de insumos, podrán determinar sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral descontando los costos asociados a su actividad económica según el Estatuto Tributario o aplicando un esquema de presunción de costos que la UGPP expedirá o actualizará mediante resolución. La UGPP podrá exigir soportes de estos costos y, si no se presentan, aplicará su propio coeficiente determinado. Este cambio asegura un marco legal actualizado y más acorde con las condiciones económicas actuales. Descargar decreto 379-2026

El Gobierno reglamentó las reglas aplicables a la autogeneración y producción marginal de energía en Colombia, especialmente en los casos en que no se entregan excedentes a la red eléctrica. La norma modifica el Decreto 1073 de 2015 y aclara que, si bien se mantiene la eliminación de autorizaciones previas para la conexión de estos sistemas —medida introducida en 2024 para facilitar su desarrollo—, ello no exime a los autogeneradores del cumplimiento de los reglamentos técnicos ni de la obligación de informar formalmente a los operadores de red sobre la instalación y sus características.

Descargar decreto 376-2026

El Gobierno reglamentó el Fondo Único de Soluciones Energéticas (FONENERGÍA), una iniciativa para transformar el acceso y la calidad del servicio energético en Colombia. Administrado por el Ministerio de Minas, este fondo unifica recursos de antiguos fondos como FAER, FAZNI, PRONE y FECFGN. Su objetivo es coordinar y financiar planes para mejorar la calidad del servicio, expandir la cobertura de electricidad y gas combustible, y normalizar redes, todo bajo criterios de sostenibilidad ambiental y progreso social. FONENERGÍA busca asegurar una prestación eficiente, con especial énfasis en hogares de estratos 1, 2 y 3, así como atender emergencias en Zonas No Interconectadas e impulsar soluciones con Fuentes No Convencionales de Energía. Un paso crucial para garantizar servicios públicos esenciales para todos los habitantes del territorio nacional. Descargar decreto 375-2026

El Ministerio de Ambiente expidió la Resolución 1705 de 2024, mediante la cual adopta los términos de referencia para la elaboración de los estudios técnicos requeridos en las solicitudes de sustracción de áreas de reserva forestal, tanto del orden nacional como regional. La norma busca unificar criterios y estandarizar la información que deben presentar los interesados cuando pretendan desarrollar proyectos declarados por ley de utilidad pública o interés social en estas zonas. Con esta medida, la cartera ambiental pretende fortalecer la evaluación técnica y garantizar decisiones más rigurosas sobre el uso excepcional de áreas protegidas, equilibrando la conservación ambiental con la ejecución de proyectos estratégicos. Descargue MinAmbiente resolución 1705-2024 y los términos de referencia

El Gobierno expidió una nueva batería de decretos para enfrentar los efectos del estado de emergencia económica, social y ecológica declarado en febrero de 2026 en varios departamentos del país. Las medidas incluyen disposiciones tributarias, ajustes al Presupuesto General de la Nación, apoyos financieros para unidades productivas afectadas y acciones especiales en servicios públicos como gas y energía eléctrica. Asimismo, se otorgan facultades extraordinarias a gobernadores y alcaldes para adoptar decisiones fiscales y presupuestales en los territorios impactados, y se asignan recursos y competencias a entidades como el Departamento para la Prosperidad Social con el fin de atender la crisis generada por el frente frío y mitigar sus efectos sociales y económicos.

La Corte Constitucional estudió demandas contra el Decreto 1275 de 2024 (sobre competencias ambientales indígenas) y se pronunció sobre cuatro cargos, incluyendo afectaciones al debido proceso, acceso a la justicia de terceros y la autonomía de las CAR. La Corte declaró INEXEQUIBLE la expresión “en los casos en los que se supere el ámbito de aplicación del presente Decreto y concurran competencias ambientales” contenida en el artículo 5. Esta decisión se tomó porque limitar la activación de los principios de coordinación y concurrencia solo a los territorios que superaban el ámbito del decreto implicaba que estos principios no operarían dentro de los territorios indígenas. Esto fue considerado incompatible con el modelo de gestión ambiental participativa, concurrente y articulada que rige en el ordenamiento jurídico, y buscó garantizar el régimen de autonomía de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y fortalecer los principios de complementariedad y coordinación en materia ambiental. Adicionalmente, se condicionaron los artículos 5 y 6 para asegurar que terceros afectados por decisiones indígenas ambientales puedan acudir a mecanismos judiciales ordinarios. Descargar texto