es procedente teniendo en cuenta las pretensiones planteadas y el tipo de acción impetrada. Para la sala, está acreditado que el Incoder, al expedir la Resolución 1147 de 2012, vulneró el derecho de defensa del propietario del predio el cual debía ser citado al procedimiento administrativo, porque estaba regido por el Decreto 2664 de 1994. De acuerdo con los antecedentes allegados por el propio Incoder, es claro que en el acto que dio inicio al procedimiento administrativo sólo se ordenó notificar a la adjudicataria.