buena fe, porque han transcurrido cuatro años desde que se profirió el Decreto Ley 896 de 2017, sin que el Gobierno Nacional haya cumplido el acuerdo colectivo celebrado entre los campesinos pertenecientes al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos y las entidades encargadas de ejecutar dicho programa. El Consejo de Estado estimó que, las accionadas han implementado en el municipio de Miraflores algunos componentes del acuerdo colectivo, como la asistencia alimentaria inmediata o la asesoría técnica integral para algunos núcleos familiares, pero que aún no se ha dado cumplimiento completo al mismo”.