El Consejo de Estado estableció que: las empresas dedicadas a la exploración, explotación, suministro y transporte de recursos naturales no renovables son sujetos pasivos del impuesto sobre el servicio de alumbrado público siempre y cuando tengan un establecimiento físico en la jurisdicción del municipio correspondiente y, por ende, sean beneficiarias potenciales del servicio de alumbrado público
El Consejo de Estado no dará trámite al medio de control inmediato de legalidad de la Circular Externa Nº 20201300000145 del 30 de marzo de 2020, sobre la disposición de tipo operativo para el cumplimiento diario de la labor del supervisor de las empresas de servicio de vigilancia y seguridad privada
El Consejo de Estado no avocará el conocimiento de la Resolución 0803 del 19 de marzo de 2020 expedida por el Ministerio del Trabajo, mediante la cual dispuso hacer uso de manera oficiosa del poder preferente para ordenar que todos los radicados que se realicen ante las Direcciones Territoriales y Oficinas Especiales, cuyo objeto consista en la autorización al empleador
La Sala Plena declaró ajustado a la Constitución el conjunto de disposiciones adoptadas en el marco de la emergencia generada por la pandemia del COVID-19 y contenidas en el Decreto Legislativo 538 del 12 de abril de 2020 “Por el cual se adoptan medidas en el sector salud, para contener y mitigar la pandemia de COVID-19 y garantizar la prestación de los servicios de salud,
Con ponencia del Magistrado José Fernando Reyes, la Sala Plena de la Corte Constitucional declaro exequible el Artículo 1o del Decreto Legislativo 581 de 2020, salvo la expresión “empresas de servicios públicos domiciliarios”, la cual se condiciona en el sentido de que el universo de las beneficiarias de las operaciones de crédito incluye a todas las prestadoras
Por considerar que no satisface los juicios de conexidad, finalidad, motivación suficiente, necesidad fáctica y proporcionalidad, la sala Plena Virtual declaró inconstitucional el Artículo 1 del Decreto Legislativo 554 de 2020 “por el cual se adoptan medidas para la prestación del servicio de televisión abierta radiodifundida, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”.
El Consejo de Estado negó las pretensiones de la demanda por 600 millones de pesos que la empresa Preservación Ambiental Ltda., encargada del manejo de desechos hospitalarios, farmacéuticos e industriales, interpuso contra el Distrito Capital.
La Corte Concluyó que Colpensiones desconoció el precedente sentado en la Sentencia SU-769 del 2014 y el alcance del artículo 12 del Decreto 758 de 1990, cuando interpretó que, en aplicación de este decreto, no era posible acumular los tiempos de servicio en el sector público con las cotizaciones realizadas a Colpensiones.
La Sala precisa que la expropiación por vía administrativa consta de varias etapas: I) declaratoria de urgencia, II) oferta de compra; III) negociación del precio; y IV) enajenación voluntaria, la cual acontece cuando el particular acepta la propuesta del Estado; por el contrario, si éste no acepta el ofrecimiento, procede la declaración de la expropiación por vía administrativa.
La Corporación reitera la posición adoptada por la Sección en providencias del 14 de agosto, 2 y 16 de octubre de 2019 y 12 de febrero de 2020, en las que se concluyó que el transporte de valores corresponde a un servicio de vigilancia, al cual se aplica la tarifa de 13.8 por mil. Para la Sala, el artículo 53 del Decreto 352 de 2002