Altas Cortes de Justicia (9322)
Subcategorías
La sociedad IV Ingenieros Consultores Sucursal Colombia S.A., interpuso demanda en ejercicio del medio de control de controversias contractuales en contra del IDU- con el fin de que se hagan las siguientes declaraciones y condenas en cuanto al rompimiento de la ecuación y quebrantamiento económico del contrato, por causas no imputables al contratista
El demandante pide Declare que la Nación- Ministerio de Justicia y a la DNE en liquidación y a la (SAE) administrativamente responsables por el incumplimiento del contrato de arrendamiento para uso y producción agrícola y ganadera del predio "Hacienda Potosí" ubicado en el municipio de Armero Guayabal, departamento del Tolima, al sacar mediante acto administrativo
El Consorcio Meridiano Ltda. pretende se declare la nulidad de las resoluciones 15051 del 10 de septiembre de 2001 y 15222 del 16 de octubre de 2001, proferidas por el rector de la Universidad de Antioquia, por medio de las cuales declaró desierto el proceso de selección de contratista para la gerencia de proyectos de la sede de investigación universitaria SIU.
La demanda que dio origen al presente proceso se instauró en ejercicio de la acción de nulidad, con el fin de obtener la nulidad de la Resolución 27260 del 29 de agosto de 2007, expedida por la SIC, Por la cual se otorga un registro de diseño industrial.
El 13 de febrero de 2017, la Asociación Mutual Eco Ambiental de Cali, instauró demanda de nulidad contra la Resolución No. 0472 del 28 de febrero de 2017, por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición -RCD, expedida por el Ministerio de Ambiente.
A través del acto acusado, la ANI resolvió sobre la solicitud de construcción de carriles de aceleración y desaceleración en la sede de la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA en el Municipio de Chía, y ordenó a cargo de la actora realizar el revestimiento de un vallado natural que transporta aguas lluvias por lo que se advierte que se trata de un acto de contenido particular
“En el sub judice el contrato suscrito entre ISAGEN y EPM se refiere al suministro del gas necesario para la operación de una central generadora”. Destaca la Sala que “para que una actividad sea considerada servicio público domiciliario de gas combustible se requiere: (I) que haya distribución de gas combustible, (II) que dicha distribución sea realizada por
Así lo sostuvo la Corporación, “al resolver un conflicto positivo de competencias suscitado entre el organismo de control y la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista del Senado de la República para investigar disciplinariamente al parlamentario”.
En esta providencia se recuerda que “las facultades jurisdiccionales otorgadas por la ley a autoridades administrativas como la SIC, se ajustan a la Constitución, siempre y cuando la entidad a la que se le trasladó la competencia judicial, asegure “la efectividad de los principios que orientan la administración de justicia, entre otros, los de independencia, imparcialidad,
La Corte Constitucional reiteró la naturaleza jurídica de los procesos de pérdida de investidura como una acción pública que comporta un juicio de naturaleza ética que tiene como propósito proteger la dignidad del cargo que ocupan los miembros de cuerpos colegiados, y permite imponer como sanción no solo la desvinculación de un congresista de su cargo