Consejo de Estado avoca conocimiento del control inmediato de legalidad de la Resolución núm. 000085 de 22 de abril de 2020, “Por medio de la cual se suspenden términos en las actuaciones administrativas para la liquidación de contratos y convenios a cargo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus COVID19” expedida por el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural.
Consejo de Estado decide no dar trámite al medio de control inmediato de legalidad de la Resolución No. 134 del 2 de julio de 2020 CREG puesto que no desarrolla directa ni indirectamente una medida dictada en el estado de excepción, que, por lo demás, menciona de manera general, sin hacer alusión a ninguno de los Decretos Legislativos expedidos en virtud del estado de excepción.
Para la Sala, lo decidido en la Resolución No. 52 de 24 de marzo de 2020 es la modificación y adición de alguna de las medidas adoptadas en la Resolución No. 50 de 19 de marzo de 2020, específicamente en lo concerniente a la ampliación de la suspensión de los términos en las actuaciones administrativas a cargo de la CREG y a las directrices que deben seguirse por parte de los
La medida materia de examen tiene como objeto «Determinar la metodología para distribución y asignación parcial de los recursos de regalías por comercialización de mineral sin identificación de origen apropiados en la Ley 1942 de 2018 entre los municipios productores que cuenten con mineros de subsistencia inscritos o que trabajen bajo alguna de las medidas habilitadas por la ley
Rechaza el control inmediato de legalidad de la Resolución CRA 920 de 16 de junio de 2020, que establece la metodología tarifaria para las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado con más de 5.000 suscriptores en el área urbana. Lo anterior teniendo en cuenta que la Sala determinó que “se trata de un control jurisdiccional sui generis, posterior a la expedición del acto, regido por las notas de oficiosidad e integridad, llamado a ser ejercido respecto de una cierta clase de decisiones de las autoridades que se
UPME publica las respuestas a las observaciones recibidas frente al proyecto de resolución “Por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para la evaluación de las solicitudes y emisión de los certificados que permitan acceder a los beneficios tributarios de descuento o deducción en el impuesto de renta y exclusión del IVA, a quienes desarrollan proyectos de gestión
A través de una circular publicada por la UPME se informa a todos los terceros interesados que se adoptan los Formatos 1, 2 y 3 que deben acompañar las solicitudes para acceder a los beneficios tributarios de descuento en el impuesto de renta, deducción de renta y exclusión del IVA a quienes desarrollan proyectos de gestión eficiente de la energía. Los formatos se encuentran
El proyecto del MinTransporte busca reglamentar la elaboración implementación de los Planes de Movilidad Sostenible y Segura PMOS para municipios,distritos y áreas Metropolitanas. Dicha reglamentación aplicará para los municipios que, sin estar obligados a adoptar Plan de Ordenamiento Territorial, estén interesados en formular, adoptar y ejecutar un plan de movilidad en el marco de los objetivos y metas de movilidad sostenible y segura, en su jurisdicción.
El proyecto de resolución de MinSalud fijaría nuevas fechas para el reporte de la actualización del plan de aplicación definido en definido en los artículos No. 1 y 2 de la Resolución 1413 de 2020, por parte de las entidades territoriales que decidan hacer uso de los recursos excedentes de cuenta maestra del Régimen Subsidiado con corte a diciembre de 2019 para realizar las acciones en salud pública con ocasión del COVID-19 y/o atender el pago de urgencias de la población migrante regular no afiliada o irregular.
El proyecto normativo de FINAGRO busca modificar el artículo 1 de la Resolución 7 de 2020 de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario (CNCA), estableciendo que, se crea el “Plan LEC – Emergencia” con el fin de atender los efectos adversos generados en la actividad agropecuaria por el Covid-19 y sus impactos económicos.