De conformidad con la jurisprudencia de esta Sección, la Sala reiteró que el siniestro debe ocurrir durante el plazo de vigencia de la póliza para que la aseguradora resulte obligada a indemnizar; sin embargo, su declaratoria mediante acto administrativo puede darse en vigencia o con posterioridad a la misma, pero dentro del término de prescripción establecido en el artículo 1081 del Código de Comercio. En el presente caso, contrario a lo afirmado por la actora, la declaratoria del siniestro fue oportuna pues, aunque el acto administrativo se profirió con posterioridad a la vigencia de la póliza, “ciertamente el siniestro, que resulta ser lo importante, ocurrió durante su cobertura, sumado al hecho de que la decisión de la Administración se profirió dentro del término de prescripción”.

A través de este fallo la Sala dispuso la integración de un comité de verificación, el cual estará conformado por el Magistrado Ponente de esta decisión quien lo presidirá, el Gerente de IBAL S.A EP.S. o su delegado, el representante legal de la USPEC o su delegado, el representante legal de ENTERRITORIO (antes FONADE) o su delegado. y el director del Complejo Penitenciario y Carcelario de Ibagué-COIBA, o su delgado. Adicionalmente la Alta Corte decidió oficiar a la Fiscalía General de la Nación, a la PGN y a la CGR, para que adelanten las investigaciones de tipo disciplinario, fiscal y penal a que haya lugar en contra del contratista que adelantó las obras hidrosanitarias de la Cárcel COIBA y de las entidades públicas omitieron el respectivo control a las mismas, por el detrimento en el patrimonio público representado en la construcción de estas obras y los costos que implicará la modificación de las mismas.

A través de esta providencia la Sala amparó el derecho a la prevención de desastres previsibles técnicamente, violado por el municipio de Salamina, la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas S.A. E.S.P.  y Corpocaldas, debido al riesgo de deslizamiento en la vereda “El Uvito”, frente a lo cual dichas autoridades han omitido tomar medidas para mitigar el riesgo en los puntos que se encuentran en estado crítico.

Para la Sala, bien la compañía de seguros La Previsora SA es una entidad estatal, “esta jurisdicción no es competente para conocer de las controversias que se susciten en relación con los contratos que ella suscriba en desarrollo de su objeto social, por razón de lo expresamente dispuesto en numeral 1 del artículo 105 del CPACA”. En atención a la norma citada la jurisdicción contencioso administrativa no es competente para conocer de las controversias relativas a la responsabilidad extracontractual ni contractual cuando I) uno de los extremos sea una institución aseguradora, II) dicha institución sea vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, y III) la actuación objeto de controversia corresponda al giro ordinario de sus negocios. En relación con el giro ordinario de los negocios, esta Corporación ha señalado que se trata de “un concepto indeterminado que podría dar lugar a múltiples interpretaciones de cara a cada uno de los eventos en que el mismo deba ser analizado”.

Para a Sala, no puede afirmarse que el permiso de concesión de aguas que favorecía al lote de mayor extensión, cobijaba los demás lotes que en adelante decidieran subdividirse, y menos aún que de dicho permiso se desprendiera la posibilidad de aprovechamientos forestales y de construcción en la reserva forestal, actividades que resultaron demostradas durante la investigación que dio lugar a la imposición de la sanción, previo agotamiento de cada una de las etapas del procedimiento sancionatorio.