El Ministerio de Ambiente confirmó la aplicabilidad de la cesión parcial de licencias ambientales en proyectos mineros, incluso cuando el polígono inicial se divide. La condición indispensable es que el polígono ambiental original se mantenga. La entidad subraya que no es necesario un nuevo trámite de licencia ambiental para el área cedida; en su lugar, debe gestionarse la cesión parcial conforme al Decreto 1076 de 2015 y la Ley 685 de 2001 (Código de Minas). Para que la cesión parcial proceda, las obligaciones deben ser fraccionables. El Ministerio enfatiza que las Autoridades Ambientales deben adherirse a esta normativa, aunque aclara que los conceptos jurídicos emitidos no son vinculantes, sirven como una guía fundamental para la correcta aplicación de la legislación.

La DIAN unificó su doctrina sobre la retención en la fuente para servicios públicos domiciliarios y comercialización de energía eléctrica, revocando varios conceptos previos. La entidad subraya que la autorretención del 2.5% (Decreto 1625 de 2016, Art. 1.2.4.4.11) aplica únicamente si la empresa prestadora está calificada como autorretenedora por la DIAN. Si la empresa no posee dicha calificación, el pagador debe practicar la retención según las reglas generales, considerando las excepciones del Artículo 369 del Estatuto Tributario. Para la comercialización de energía (código 3514), se establece una autorretención especial del 1.60% (Decreto 1625 de 2016, Art. 1.2.6.8), que puede coexistir con la del 2.5% si se cumplen las condiciones. Las empresas intervenidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios están exentas de esta autorretención especial. Esta medida busca aportar claridad y consistencia en la aplicación de la normativa tributaria.

La DIAN precisó su competencia frente al cobro coactivo de tasas retributivas, compensatorias y por uso del agua. Si bien las entidades públicas deben seguir el procedimiento del Estatuto Tributario para estas acciones, la DIAN recalca que no administra tales tributos. En este sentido, la entidad se declara sin facultad para pronunciarse de fondo sobre la disposición de títulos de depósito no reclamados en estos procesos, ya que la responsabilidad de cobro y recaudo recae en las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y autoridades ambientales competentes. La DIAN sugiere a la entidad consultante, como administradora del cobro coactivo, definir el tratamiento de los mecanismos de recaudo dentro de su propio marco legal.

La DIAN explicó aspectos sobre la exclusión del IVA para proyectos de Fuentes No Convencionales de Energía (FNCE) y Gestión Eficiente de la Energía (GEE). La entidad reitera que la exclusión del impuesto solo es aplicable una vez se cuenta con la certificación vigente expedida por la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME). No obstante, la DIAN establece un procedimiento claro para aquellos casos en que la certificación se obtiene posteriormente a la adquisición o importación de bienes y servicios. Los inversionistas o titulares de los proyectos podrán solicitar la devolución del IVA pagado. Esta solicitud debe cumplir requisitos generales, presentarse ante la administración tributaria del domicilio del contribuyente, y tiene un plazo de prescripción de cinco años contados desde la fecha de emisión de la factura. Se subraya que no es procedente facturar sin IVA sin la certificación inicial, pero se ofrece este mecanismo de reembolso para la regularización tributaria.

El Gobierno adicionó los lineamientos de política pública para la integración de los Sistemas de Almacenamiento de Energía (SAE) en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) y en las Zonas No Interconectadas (ZNI).