El MinCIT proyecta regular el acceso, evaluación y seguimiento del Instrumento para Nuevos Proyectos Industriales de Movilidad Híbrida Enchufable y Eléctrica (INPIMHEL), así como la asignación y administración de cupos de importación. Este marco busca facilitar la instalación o expansión de capacidades industriales vinculadas a la movilidad sostenible, promoviendo proyectos intensivos en tecnología, fortaleciendo cadenas de valor nacionales, generando empleo calificado y contribuyendo a la transición energética y reducción de emisiones. La normativa detalla los pasos para la solicitud, la presentación de planes de inversión y desarrollo industrial, y la verificación de criterios de elegibilidad, aplicable a personas jurídicas nacionales y extranjeras que deseen invertir en este sector estratégico.
El Ministerio de Ambiente sometió a consulta pública un proyecto que redefine las reglas para la presentación de los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) de los proyectos sometidos al seguimiento de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). La iniciativa busca unificar y estandarizar los plazos de entrega de estos informes según su periodicidad (trimestral, semestral o anual) y el último dígito del expediente, con el fin de optimizar el proceso de evaluación y seguimiento ambiental. Además, establece un régimen de transición, ajusta la periodicidad cuando los instrumentos de manejo no la definan expresamente, fija criterios de conformidad sobre la información documental y geográfica, precisa el procedimiento para subsanar inconsistencias y deroga las resoluciones 077 de 2019 y 549 de 2020 para fortalecer la eficiencia y seguridad jurídica del proceso de control ambiental.
El Ministerio de Agricultura se alista para modificar la Resolución 000141 de 2025, buscando optimizar el registro de guaduales y bambusales categoría 3. La actualización, impulsada por retos técnicos y legales del ICA, simplificará definiciones, detallará los requisitos de inscripción para productores –incluyendo georreferenciación y comprobación de tenencia– y delimitará competencias con autoridades ambientales, especialmente en zonas de protección. Además, la resolución establece un régimen de transición crucial: propietarios con registros antiguos de "plantación forestal comercial" tendrán hasta el 31 de diciembre de 2027 para actualizarse, mientras que las plantaciones categoría 3 no inscritas tendrán hasta el 15 de junio de 2028 para formalizar su situación. El ICA deberá ajustar sus procedimientos antes del 31 de diciembre de 2026 para facilitar la implementación. El objetivo es fortalecer la coherencia normativa y operativa del sector.
El ICA sometió a consulta pública un proyecto que busca controlar la actividad ganadera de bovinos y bufalinos en las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales y Parques Naturales Regionales. La iniciativa, que deroga la Resolución ICA No. 7440 de 2024, responde a sentencias judiciales y directivas que vinculan la ganadería con la deforestación. Busca cancelar registros sanitarios de predios (RSPP) en zonas protegidas, con una aplicación progresiva y focalizada, priorizando áreas de alta presión por deforestación. Aunque mantiene la vacunación por sanidad, el ICA articulará acciones con Parques Nacionales y otras entidades para intercambiar información y apoyar acuerdos de conservación. El proyecto aclara que la expedición de guías de movilización no legaliza la actividad, y ahora exige a los titulares de RSPP declarar el cumplimiento normativo ambiental y territorial. La medida exceptúa el registro automático para predios superpuestos y permite guías solo para la salida de animales ya vacunados de estas zonas, sin avalar la permanencia.
El Departamento Nacional de Planeación sometió a consideración del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) la declaración de importancia estratégica del proyecto de inversión Actualización y Gestión Catastral Nacional, a cargo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). La iniciativa busca garantizar la implementación integral y sostenida de los procesos de actualización catastral en nueve municipios priorizados antes de 2027, con el propósito de fortalecer la formalización y regularización de la propiedad, mejorar la administración del territorio y robustecer las finanzas públicas territoriales. Además, el documento plantea asegurar la continuidad de la política de catastro multipropósito mediante la autorización de vigencias futuras, optimizar la ejecución técnica y operativa del proyecto, ampliar la cobertura de la actualización catastral y consolidar información confiable que apoye la planificación territorial, la seguridad jurídica sobre la propiedad y la toma de decisiones públicas.