El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural presentó un proyecto para declarar un Área de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en los municipios de Tarso y Salgar, Antioquia. La iniciativa busca salvaguardar 8.367,64 hectáreas dedicadas a la producción agrícola, garantizando la seguridad alimentaria y el derecho humano a una alimentación adecuada. La resolución propone un plan de acción alineado con la legislación vigente, fortaleciendo la rectoría territorial y promoviendo el uso sostenible del suelo rural. Además, se establece que los municipios reglamentarán el uso del suelo conforme a los lineamientos técnicos, con evaluaciones periódicas para asegurar el cumplimiento de los objetivos. Esta medida responde a compromisos nacionales e internacionales para enfrentar retos ambientales como la desertificación y el cambio climático, y promueve la colaboración entre entidades públicas y privadas para fortalecer el desarrollo rural sostenible.
La Agenda Regulatoria 2026 del Departamento Nacional de Planeación articula un conjunto de proyectos normativos clave para el país, encaminados a actualizar, modificar o derogar regulaciones obsoletas, adaptándose a evoluciones tecnológicas y necesidades sociales. Destacan iniciativas como la política de calidad acústica, regulaciones para ciudades verdes y resilientes, y ajustes a avalúos catastrales. La participación interinstitucional es fundamental, integrando ministerios de Ambiente, Salud, Agricultura, Transporte, y otros sectores estratégicos. Además, se contempla un proceso de consulta pública abierto para garantizar la transparencia y la inclusión ciudadana, con el fin de fortalecer el marco normativo y mejorar la gestión pública. Esta agenda reafirma el compromiso con la modernización y sostenibilidad normativa en Colombia.
El proyecto del Tren de Zipaquirá busca mejorar la conectividad regional entre Bogotá y la provincia Sabana Centro, enfrentando problemas actuales como la congestión, alta siniestralidad vial y contaminación ambiental. Con una inversión pública significativa, el sistema combinará alta capacidad y eficiencia operativa, financiado mediante recursos públicos y tarifas al usuario. El estudio ambiental señala impactos manejables, con desafíos técnicos en suelos blandos. Se estima una reducción significativa en los tiempos de desplazamiento, ahorros en costos operativos y beneficios por valorización urbana. Además, se prioriza la inclusión social y la accesibilidad para grupos vulnerables. Esta iniciativa plantea un avance importante en movilidad sostenible y desarrollo urbano regional.
El Consejo de Estado revocó la sentencia del Tribunal de Cundinamarca que había rechazado una demanda contra la licencia urbanística otorgada al proyecto Parcelación Campestre Reserva La Castellana en Villavicencio. La Curaduría Urbana Primerademandó el acto al considerar que fue expedido sin verificar la disponibilidad de servicios públicos de acueducto y alcantarillado, y sin las autorizaciones ambientales requeridas, lo que podía afectar los recursos naturales. El alto tribunal concluyó que el fallo de primera instancia se inhibió injustificadamente y precisó que la acción de nulidad simple sí procedía, ya que la demanda buscaba proteger el orden jurídico y el interés colectivo, no un beneficio personal. Por ello, ordenó devolver el expediente al Tribunal del Meta para que emita un fallo de fondo.
Entre el 29 y 31 de octubre de 2025 se realizó en Madrid el 6º Congreso de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional (CMJC), el foro global más importante para el diálogo y cooperación entre tribunales constitucionales. Reuniendo a presidentes y magistrados de cortes supremas y tribunales de todo el mundo, la CMJC abordó el rol clave de estos órganos en la defensa de derechos humanos, especialmente de las generaciones futuras. También destacó la urgente necesidad de proteger la autonomía e independencia judicial frente a presiones políticas y amenazas que comprometen la estabilidad democrática.