La SSPD) indicó que las empresas de aseo deben establecer oficinas de Peticiones, Quejas y Recursos (PQR) en cada área de prestación del servicio. Aunque no hay un lugar específico definido, la ubicación, incluyendo una zona industrial, debe asegurar un acceso fácil, real y efectivo para los usuarios. Asimismo, es imperativo cumplir con las normativas municipales de planeación urbana, como licencias y uso del suelo, para la localización de estas oficinas, esenciales para garantizar el derecho fundamental de petición de los usuarios.
El Gobierno creó la Red de Protección Social para la Vida de las personas recicladoras de oficio, definiendo un esquema en el que las Organizaciones de Recicladores asumen un rol central en la afiliación y aportes a la seguridad social. Estas deberán vincular a sus asociados al sistema de riesgos laborales y realizar contribuciones a mecanismos como BEPS, sin afectar sus ingresos. A su vez, las entidades territoriales garantizan el acceso y permanencia en salud subsidiada, mientras el Estado facilita el acceso a subsidios pensionales. El modelo busca formalizar la actividad y asegurar protección integral a esta población vulnerable mediante una articulación institucional.
La CRA aclaró diversos aspectos de su propuesta para el servicio de aprovechamiento establecidas en el proyecto de norma del nuevo marco tarifario. Para el dimensionamiento de Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento (ECA), se basó en guías técnicas, medidas estándar de maquinaria, experiencia especializada y parámetros de eficiencia mensual con procesamiento estadístico. Los detalles de los modelos de costos (CRTA, CECA, CGCA) están disponibles en estudios y documentos publicados. La CRA enfatiza un modelo de "Precio Techo" para incentivar la eficiencia y no incluye un porcentaje fijo de rechazo para evitar reconocer ineficiencias. La verificación de separación en la fuente se prevé como una identificación visual simple, con el reporte y la sistematización de datos siendo responsabilidad de la ORO, apoyado por reconocimientos tarifarios para campañas educativas y gestión comercial.
Equipos técnicos, jurídicos y directivos de la CRA, junto con entidades del sector salud, se reunieron en una mesa de trabajo para ajustar el nuevo marco tarifario de acueducto y alcantarillado para pequeños prestadores. El proyecto regulatorio estuvo en consulta pública durante tres meses, entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, periodo en el que recibió aportes de ciudadanos y gestores comunitarios. Tras esta fase, se espera avanzar en validaciones finales que permitan su pronta aprobación y entrega al país, con criterios de calidad, cobertura y eficiencia en el servicio.
La CRA clarificó que el modelo de reglamento para los Comités de Conciliación de Cuentas entre prestadores de residuos no aprovechables y de aprovechamiento, no es de obligatorio cumplimiento. La CRA aclara que dicho modelo constituye un conjunto de "buenas prácticas" orientadas a mejorar la operatividad. La verdadera obligación recae en la actualización del reglamento de los comités, conforme a los lineamientos del Decreto 1381 de 2024. La Comisión subraya la "autonomía de la voluntad" de las partes para pactar el contenido de su propio reglamento. Es relevante destacar que no existe restricción legal para que un reglamento único sea adoptado por una pluralidad de prestadores dentro de un mismo Área de Prestación del Servicio, siempre y cuando se promueva una participación informada y concertada de todos los miembros involucrados.