El Gobierno expidió una nueva batería de decretos para enfrentar los efectos del estado de emergencia económica, social y ecológica declarado en febrero de 2026 en varios departamentos del país. Las medidas incluyen disposiciones tributarias, ajustes al Presupuesto General de la Nación, apoyos financieros para unidades productivas afectadas y acciones especiales en servicios públicos como gas y energía eléctrica. Asimismo, se otorgan facultades extraordinarias a gobernadores y alcaldes para adoptar decisiones fiscales y presupuestales en los territorios impactados, y se asignan recursos y competencias a entidades como el Departamento para la Prosperidad Social con el fin de atender la crisis generada por el frente frío y mitigar sus efectos sociales y económicos.

El Ministerio de Minas publicó para comentarios un proyecto de resolución para establecer lineamientos transitorios de política pública, buscando implementar tarifas diferenciales en el servicio de energía eléctrica. Esta medida está dirigida a usuarios finales regulados en "áreas especiales" (como zonas rurales de menor desarrollo y barrios subnormales), priorizando los estratos 1 y 2. El objetivo es asegurar un acceso justo y equitativo al servicio, respetando principios constitucionales de igualdad, solidaridad y protección a poblaciones vulnerables, a la vez que se busca mitigar riesgos para la sostenibilidad financiera de los comercializadores que atienden a estas comunidades.

La SSPD aclaró que, en sede de concepto, no le corresponde determinar la aprobación o legalidad de modelos específicos de atención al usuario implementados por los prestadores. Su competencia se restringe a la interpretación jurídica general del régimen de servicios públicos domiciliarios. No obstante, la SSPD reitera la obligación de los prestadores de establecer "Oficinas de Peticiones, Quejas y Recursos" (PQR) que garanticen atención personalizada y directa, abiertas todos los días hábiles. Es crucial que los canales de atención (virtuales, físicos, telefónicos) sean complementarios y aseguren el acceso efectivo de todos los usuarios, adaptándose a condiciones geográficas, socioeconómicas y de conectividad, especialmente en zonas rurales, para salvaguardar derechos fundamentales como el de petición.

La SSPD participó activamente ante la CREG, en el proceso de actualización del Régimen de Protección de los Derechos y Deberes de los Usuarios, vigente desde hace 29 años. La propuesta, presentada ante la CREG, busca establecer procedimientos claros y protocolos que garanticen el debido proceso, la contradicción y la defensa de los usuarios frente a las empresas prestadoras. Este ajuste responde a un alto volumen de reclamaciones por cobros indebidos, suspensiones injustificadas y fallas en el debido proceso. Entre las medidas clave del proyecto de Resolución 705 011 de 2025, se incluyen procedimientos específicos para la recuperación de consumos, cambio de medidores, visitas de inspección, y un marco regulatorio para la suspensión y reconexión del servicio que prohíbe prácticas abusivas y exige información clara al usuario. También se obliga a separar cobros ajenos al servicio en la factura y se facilita la expedición de facturas provisionales para valores reclamados.

La Entidad aclaró aspectos detallados en el documento de trabajo que acompaña al proyecto de resolución del nuevo marco tarifario sobre el diseño y los costos operativos de las Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento (ECA). Para definir áreas, la entidad se basó en un documento técnico de 2021, medidas de maquinaria y lineamientos del RAS Título F. El almacenamiento temporal se dimensionó para dos días de inventario, con el volumen de rechazos ligado a la separación en fuente y frecuencia de recolección. Es importante destacar que el costo de la gestión de lixiviados menores ya no se modela como requisito obligatorio, según el Decreto 1381 de 2024. Los gastos de formalización bancaria se clasifican como administrativos. La CRA espera la reglamentación del Ministerio del Trabajo para la administración de los fondos de protección social, mientras que, para la tarifa, aplica modelos de precios techo incentivando la eficiencia en lugar de calcular puntos de equilibrio individuales.