El Gobierno creó la Red de Protección Social para la Vida de las personas recicladoras de oficio, definiendo un esquema en el que las Organizaciones de Recicladores asumen un rol central en la afiliación y aportes a la seguridad social. Estas deberán vincular a sus asociados al sistema de riesgos laborales y realizar contribuciones a mecanismos como BEPS, sin afectar sus ingresos. A su vez, las entidades territoriales garantizan el acceso y permanencia en salud subsidiada, mientras el Estado facilita el acceso a subsidios pensionales. El modelo busca formalizar la actividad y asegurar protección integral a esta población vulnerable mediante una articulación institucional.